Sobre el mentado Plan B electoral
Ciudad de México.- Mucho se ha escuchado en los últimos días sobre el Plan B en materia electoral. A grandes rasgos sabemos que es una reforma de gran calado en materia electoral. Con este Plan B, se busca la modificación de las Leyes Electorales, olvidándose de la idea de reformar la Constitución.
El tema electoral en nuestro país es complejo, ya que pasamos a la dictadura de un partido único, por lo que garantizar la confiablidad de las elecciones en todos los niveles era el objetivo primordial.
No obstante, esto al parecer ha ido degenerando en la creación de una “casta divina” de funcionarios electorales que ganan más que el presidente, cuyo tiempo en sus cargos es transexenal, y que el manejo de la materia electoral responde más a los intereses de los partidos políticos que de la sociedad en general, por lo que la propuesta de reducir el número de consejeros y sus órganos de administración es una medida adecuada.
No está en tela de juicio que necesitamos un órgano electoral que sea un árbitro confiable, independiente e imparcial, pero, sobre todo, alejado del gobernante en turno, el problema es, que actualmente dicho árbitro funciona en atención al dictado de los partidos políticos, siendo estos quienes han entrado a la batalla para mantener el statu quo y los privilegios, olvidándose que deben atender al mayor beneficio de los ciudadanos y no de ellos mismos.
Me resulta increíble que tengamos órganos federales y locales para elecciones, a los cuales siempre tenemos que destinarles recursos, incluyendo para sus gastos corrientes, aunque no se celebren elecciones en el país.
Otro cambio que al parecer se va a quedar en el limbo, es el de los famosos diputados y senadores plurinominales, cuando nuestra democracia ya no funciona como sistema de partido único, lo que implica un gasto enorme en cuanto a salarios, bonos y demás prestaciones, siendo injusto que aún existan cuando su razón de ser ya no aplica, sirviendo más como posiciones para negociación política y premio a las cúpulas partidistas, en lugar de dar representatividad a los sectores que no la tienen.
La lucha por el cambio o la conservación de los privilegios electorales, resultará encarnizada, apenas aprobado el mencionado Plan B, ya hay una andanada de acciones y controversias constitucionales presentados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tampoco la está pasando de lo mejor en su relación con el presidente, sin embargo, todos debemos tener claro que el objetivo o fin último de todo, debe ser atender al mayor beneficio del pueblo, en quien supuestamente reside la soberanía del Estado Mexicano.
Si el resultado no es acorde al deseo de la mayoría del pueblo, (siendo importante destacar que según encuestas y sondeos de varios medios de comunicación afines o no al partido en el poder, la reducción en el costo de la democracia es apoyado por la mayoría de los mexicanos), todas nuestras instituciones, en especial las de impartición de justicia habrán fallado, al demostrar que responden a otro tipo de intereses y no a los del pueblo.