Nueve años de Ayotzinapa
Todos los días hay desapariciones en México. A diferencia de las dictaduras sudamericanas, donde el principal perpetrador de las desapariciones forzadas era el Estado a través de sus fuerzas armadas, en México estos actos criminales los lleva a cabo en su mayoría el crimen organizado.
Esto no quiere decir que las fuerzas armadas no cometan esta clase de arbitrariedades. Eso es una consecuencia de lo peligroso que es poner a los militares a llevar a cabo tareas de seguridad pública que le competen directamente a las autoridades civiles. Sin embargo, creo que en México el crimen organizado es el principal ejecutor de estas horrendas prácticas criminales.
En este sentido, durante el gobierno de López Obrador han desaparecido más de 100 mil personas. Para estas no hay pase de lista de Epigmenio Ibarra, ni tampoco manifestaciones ni consignas que dicen “fue el Estado”. Para los ineptos que hoy gobiernan, son más importantes los cuarenta y tres estudiantes de Ayotzinapa que los casi 100 mil desaparecidos del sexenio. Esto es porque la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa es un crimen que le pueden cargar a otra administración y con el cual lucró políticamente. En pocas palabras, politizan con el dolor ajeno. La diferencia radica en que López Obrador gobernante no tiene un López Obrador opositor, como fue el caso de sus antecesores.
Por años, la corriente política que hoy gobierna expresó que, en el caso de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos (Ayotzinapa), “fue el Estado”. Por Estado mexicano se refieren a la administración de Enrique Peña. Lo único que contundentemente se puede concluir es que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, tiene responsabilidad en el tema, al depender de él los elementos policiacos presuntamente involucrados. Es el mismo Abarca quien fue candidato de la alianza Prd-pt-convergencia, y del que circulan fotografías con Andrés Manuel.
En una actuación profundamente mezquina, tanto de López Obrador como de sus seguidores, se culpó al gobierno de Peña de la desaparición de sus estudiantes, cuando el principal involucrado pertenecía a su corriente política. Es evidente que lo que buscaban era lucro político, pues han obtenido réditos electorales con este discurso. Aunado a ello, es muy bajo seguir con esa retórica cuando no hay pruebas contundentes que involucren a las fuerzas armadas. Quizá la responsabilidad de la administración de Peña se configura con las omisiones y negligencias en que incurrió el Procurador al momento de investigar estos hechos. Esas mismas omisiones que hoy lo tienen sometido a proceso penal. Desde que llegó al poder, López Obrador dijo que encontraría a los estudiantes. Hoy, a nueve años de su desaparición y a cinco años de haber asumido el poder, estamos donde estábamos cuando ocurrió la tragedia.
Al darse cuenta que la desaparición de dichos estudiantes era un tema complejo, decidió que había que someter a proceso al exprocurador Murillo Karam. Sin embargo, el informe rendido en su momento por Alejandro Encinas, Subsecretario de Gobernación, retrata prácticamente la misma explicación que en su momento dio Murillo Karam, a pesar de que culpan a este último de tortura.
A la fecha, la única certeza que se tiene es que fue la policía municipal la que participó en estas desapariciones, policía a cargo de José Luis Abarca. En relación con la participación del Ejército o la Policía Federal, no hay certezas de ello.
Si los que hoy gobiernan insisten en esta hipótesis, ¿por qué no hay integrantes del ejército o de la policía federal involucrados? Esto es fácil de responder.
En primer término, no existen pruebas contundentes que establezcan que el ejército participó en la desaparición. Incluso si las hubiera, López Obrador ha demostrado tenerle pavor a las fuerzas armadas. No tomaría una decisión de esa naturaleza, por miedo a enfrentarse a la cúpula militar. Muestra de ello es la enorme cantidad de facultades y recursos que López Obrador ha dado al Ejército, militarizando en los hechos el país, algo que criticó por décadas.
Por otro lado, uno de los integrantes de la Policía Federal en Guerrero era precisamente Omar García Harfuch, uno de los alfiles de la 4T al Gobierno de la Ciudad de México. Aquí es donde se evidencia lo incogruente de López Obrador.
A López Obrador no le interesa encontrar a los estudiantes, ni mucho menos encontrar a las 100 mil personas desaparecidas. Le interesa mantener su narrativa de que es un prócer de la patria que da aliento a los desvalidos.
En pocas palabras, cuando a López Obrador conviene, la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes de Ayotzinapa fue provocada por el Estado; pero cuando se trata de los 100 miil desaparecidos en su gobierno, hay silencio. ¿Hay vidas que valen más que otras? Por supuesto que no. Por ello es evidente que todo ha sido una enorme estrategia de politización de López Obrador y sus secuaces.
Según el informe rendido por Alejandro Encinas, hay 132 personas detenidas (coincidentemente la misma cantidad que el #Yosoy132), de las cuales destacan catorce elementos del Ejército. Ninguna persona de alto rango de la milicia, lo que levanta la ligera sospecha de que pudiera tratarse de chivos expiatorios. Ningún comandante militar, ni nada. Como si los elementos del Ejército acusados actuaran por cuenta propia y no sometidos a una estricta cadena de mando.
Lo grave de esto es que politizan la justicia al anunciar con bombo y platillo la cantidad de detenidos. Pueden detener a miles de personas, pero eso no se traduce necesariamente en justicia. Habrá justicia cuando se aclare la verdad y las personas directamente involucradas estén sentenciadas y paguen su pena.
López Obrador llevó a cabo un circo para demandar esclarecer los hechos. Hoy que tiene el deber de esclarecerlos, simplemente avienta la pelotita y golpea políticamente a sus opositores. No le interesa la verdad de los hechos.
Si verdaderamente no hay pruebas de que el Ejército hubiera participado en la desaparición de los estudiantes, parecería que la explicación de estos hechos es más simple de lo que López Obrador vendió durante años con el afán de lucrar políticamente: los estudiantes fueron desaparecidos por la policía municipal y los grupos del crimen organizado que operan en esa región del país.