Funerales del sistema nacional anticorrupción

C“…lo único que han hecho, lo han hecho mal”, sentenció el senador Pablo Escudero al Comité Ciudadano Anticorrupción (El Universal 1/7/17), a pesar de que el Senado ni siquiera completa la integración del SNA para su funcionamiento. El compromiso contra ese cáncer extendido en la vida pública parece más un recurso para desacreditar que una voluntad de cambio. Esto es un proceso ligado a la rentabilidad del espectáculo, más que a la búsqueda de la justicia. La convulsión mediática por gobernadores encarcelados o los escándalos por el saqueo público, no han devenido en la creación de mecanismos que acoten la impunidad y el abuso de poder. Esta contracción de músculos del cuerpo político, de origen patológico, destruye el prestigio de la autoridad estatal.

Un año después de la reforma constitucional, el presidente Peña Nieto firmó ese mismo mes de 2016 las leyes secundarias del SNA, en que se depositaron esperanzas para reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones. Se trata de 7 leyes para prevenir, investigar y sancionar acciones y tramas corruptas en los gobiernos e IP, que debía funcionar el próximo 18 de julio con el nombramiento, fallido, del fiscal y magistrados anticorrupción. Un largo proceso legal e institucional que se decantó con los escándalos de corrupción de mitad del sexenio en torno a la familia presidencial y miembros del gabinete. Pero el SNA camina lento, en zigzag, en medio de controversias y batallas político-mediáticas, que retienen su alumbramiento. Los retrasos en su implementación, no han impedido al gobierno federal abrir una averiguación a media docena de exgobernadores, algunos como César Duarte, Roberto Borge, Javier Duarte y, ahora el de Nayarit, Roberto Sandoval, por enriquecimiento ilícito.

Podría pensarse en un tsunami anticorrupción con el SNA al verse procesados a todos estos exmandatarios de la “élite” del nuevo PRI que catapultó Peña Nieto, pero es una realidad deformada de personajes estrafalarios abandonados cuando el escándalo es un fardo para la taquilla electoral. Al mismo tiempo, las expectativas institucionales anticorrupción con el SNA se desinflan en laberintos burocráticos (sequía presupuestal), la falta de voluntad política y ataques contra la reputación de organizaciones civiles que lo impulsaron y de los integrantes civiles de un sistema nonato. El proceso no sólo es lento, es errático, con enorme visibilidad mediática que acentúa los rasgos grotescos hasta convertirse en esperpento.

Así, como el rey que va desnudo sin darse cuenta, Escudero, presidente del Senado, advierte “luces amarillas” que ponen en “tela de juicio al propio sistema” anticorrupción por la actuación “opaca” del Comité Ciudadano. Mas su “preocupación” no se debe a la falta de acuerdos para nombrar fiscal o magistrados en el plazo constitucional, tampoco a la reforma para eliminar el pase automático de la PGR a la nueva fiscalía autónoma que “atora” todo el SNA, sino a la queja de un participante en la selección de ese comité 5 meses después de instalado. La gran chaqueta de un fiscal Anticorrupción la seguirá llevando la PGR.

El SNA sigue un sinuoso camino de avances y retrocesos que dan cuenta, por un lado, de que las respuestas institucionales están subordinadas a exigencias del proceso político, a coyunturas electorales como la impugnación de los comicios en Coahuila y a cambios de gobierno. Y, segundo, que el combate a la corrupción es aplaudido por todos mientras se mantenga como promesa antes de que mecanismos y recursos legales amenacen intereses creados. Lo demás es escándalo y espectáculo.