Ejerce Corral como gobernador autócrata

Cuando Javier Corral Jurado asumió el cargo como gobernador de Chihuahua, para muchos de sus electores era inimaginable que apenas cumplido un año en el puesto repitiera en su administración el consabido afán que ha caracterizado a otros: cuando llegan al poder no se conforman con las funciones explícitas de su mando, sino que se valen de subterfugios para acaparar todo el poder, sin importarles invadir las esferas de los otros poderes, el Legislativo o el Judicial, e incluso los organismos supuestamente ciudadanizados.

Así ha ocurrido en la administración corralista. Colocar en la Judicatura a Luz Estela “Lucha” Castro a pesar de que no reunía el requisito de edad para el puesto, fue un empecinamiento del primer mandatario del estado y una invasión en el Poder Judicial al relevar a Gabriel Sepúlveda de la presidencia del Tribunal.

Posteriormente quitó de la Auditoría Superior del Estado al titular Ignacio Rodríguez, quien había sido elegido por voto de los diputados, e impuso a Armando Valenzuela; pero no quedó ahí el episodio, sino que cambió al coordinador parlamentario de la fracción del PAN, Miguel Latorre para poner ahí a Blanca Gámez.

En un nuevo desplante, luego de la renuncia de la panista Daniela Álvarez a la Secretaría de Administración en el Congreso del Estado —quien por cierto había declarado en una entrevista periodística que los diputados no le entregaban notas de sus viáticos—, fue modificada la ley para que quien ocupara el cargo no tuviera que ser administrador de profesión y así Corral pudiera colocar ahí al médico Jorge Issa, militante panista de Delicias, exlegislador local y exaspirante a la dirigencia estatal del PAN, en clara contradicción con el discurso panista de las últimas décadas que busca consolidar el servicio profesional de carrera y la profesionalización de los cargos públicos.

El caso más reciente que muestra la postura impositiva del gobernador es la orden de un juez federal de reinstalar al comisionado del Ichitaip, Rodolfo Leyva, como presidente de ese órgano ciudadanizado, en el cual se supone que no tiene que intervenir el gobernador.

Rodolfo Leyva fue electo comisionado del Ichitaip y luego presidente del mismo el 2 de enero de 2017. El 9 de marzo de ese mismo año, fue destituido de su encargo como presidente por sus propios compañeros comisionados en una sesión de Consejo General, como resultado de un enfrentamiento público que tuviera Leyva con el gobernador Corral, a propósito de una instrucción que dijo Leyva le habría dado el gobernador para nombrar como secretario ejecutivo de ese organismo a Ricardo Humberto Gándara Hernández, esposo de Estefany Olmos, secretaria de la Función Pública. La instrucción no fue acatada por Leyva y lo cambiaron por Alejandro de la Rocha, quien se ha resistido a cumplir la orden judicial y prepara un recurso de inconformidad.

Resulta claro que dadas las irregularidades que llevaron a la destitución de Leyva, el hoy presidente Alejandro Rocha y los demás comisionados del Ichitaip deben cumplir con el mandato judicial, si no quieren prolongar la crisis que a fin de cuentas deriva en el incumplimiento de la función de ese instituto que es transparentar el ejercicio de la función pública.

Pero el barco de mayor calado en este desfile de imposiciones del Ejecutivo estatal se encuentra hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde los magistrados decidirán si son válidas dos reformas constitucionales: una, precisamente la que destituyó al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y otra la que creó el Consejo de la Judicatura en Chihuahua.

El primero se refiere a la controversia promovida por Gabriel Sepúlveda Reyes, en su carácter de titular del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, contra el Legislativo y Ejecutivo, por la reforma aprobada por el Congreso el 10 de noviembre de 2016 que lo removió del cargo y fue puesto Julio César Jiménez Castro, después de que una votación dividida del pleno lo eligiera.

Esta reforma aprobada en noviembre de 2016 fue señalada por el PRI, PRD y PT en el Congreso como una intromisión del Legislativo en el Judicial.

La otra controversia constitucional a votarse en la SCJN se refiere a la reforma aprobada por el Congreso a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que se le dotaron de diversas facultades al Consejo de la Judicatura, de reciente creación que presuntamente van más allá incluso de la Constitución, como expulsar jueces y magistrados.

La Suprema Corte determinará lo que se haya hecho en apego a la Constitución y lo que no; debe prevalecer el Estado de Derecho, pero mientras eso ocurre, en la convicción de los analistas políticos, los independientes que no están ligados al poder en turno, prevalece la opinión fundada de que el sello de la presente administración estatal es el autoritarismo del gobernador Corral, no obstante que transita con halo de gran demócrata, de hombre que respeta las instituciones, en el ejercicio del poder se arroga atribuciones que no le competen y busca controlar todos los espacios del poder, sin importarle entrometerse en el Legislativo y el Judicial.

Como lo dijo el periodista Javier Valero en la edición dominical de Opinión de El Diario: “La explicación para tantos asuntos y de tan variadas aristas es una sola, por desgracia la más desalentadora a los afanes democráticos de los chihuahuenses, la pretensión de ejercer el poder sin cortapisas, sin contrapesos y sin críticas”.

Corral ejerce el poder no como un demócrata, sino como un autócrata.