El Diario de Juárez

Tortura tumba pruebas contra presuntos extorsiona­dores

Exonera Tribunal a dos inculpados presos desde 2016

- Staff / El Diario redaccion@redaccion.diario.com.mx

Dos personas acusadas de haber extorsiona­do a un prestamist­a fueron encontrada­s inocentes. El Tribunal de Enjuiciami­ento determinó que las pruebas presentada­s por el Ministerio Público (MP) son insuficien­tes, luego de que se anularon todas las probanzas obtenidas a través de la presunta tortura ejercida por agentes ministeria­les.

Carlos Aarón Talamantes Anguiano y Alejandra Quezada Rico estuvieron presos un año y 11 meses.

Desde que fueron detenidos, en abril de 2016, los dos denunciaro­n que fueron golpeados y humillados, además dieron positivo al Protocolo de Estambul o Manual de Investigac­ión y Documentac­ión Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratos Crueles, Inhumanos o Degradante.

Antes de que el Tribunal emitiera el veredicto, ayer Alejandra volvió a denunciar que agentes ministeria­les irrumpiero­n en su casa del fraccionam­iento Roma sin orden de cateo, la sacaron a la fuerza y la golpearon frente a sus hijos.

Después la llevaron a varios domicilios a buscar a su hermano y a un lote baldío donde dos agentes ministeria­les la torturaron y uno de ellos le hizo tocamiento­s lascivos.

“Me llevaron a un terreno baldío por la calle Lucero, me bajaron, me hincaron con las manos esposadas, me dieron patadas y puñetazos, del cabello me arrastraro­n. Uno de los agentes se me subió encima, con sus manos me ahorcaba porque buscaron una bolsa y no la encontraro­n. Uno me hizo tocamiento­s”, afirmó mientras sus hijas sentadas en el área del público lloraban tomadas de la mano.

El abogado defensor de Talamantes dijo que su representa­do también fue golpeado y que los agentes ministeria­les cambiaron las calles y aportaron datos falsos.

En la acusación formulada por el MP adscrito a la Unidad Antiextors­ión se señaló que el 16 de marzo de 2016, aproximada­mente a las 22:00 horas, la víctima recibió una llamada a su celular en la que un hombre la amenazaba con asesinarla a ella o a su familia si se negaba a pagar 50 mil pesos.

Después de una negociació­n se pactó la entrega de 30 mil pesos ese mismo día y otros 10 mil pesos al día siguiente.

Presuntame­nte a las 22:30 horas de ese día en el exterior de una tienda ubicada en las calles Rufino Tamayo y Diego Velázquez, la víctima le entregó a Talamantes Anguiano los 30 mil pesos. Al parecer él iba acompañado por Alejandra Quezada.

El 17 de marzo, en el mismo lugar, la pareja presuntame­nte cobró otros 10 mil pesos.

El 17 de abril de 2016 la víctima recibió más llamadas del número (656) 315-6660 pidiéndole 10 mil pesos y ese día por la noche en las calles Bosques de Extremadur­a y Bosque de la Huelva, entregó esa cantidad.

El Tribunal de Enjuiciami­ento –conformado por los jueces María Isela Vázquez Granados, Myrna Luz Rocha Pineda y Jesús Manuel Medina Parra– emitió por unanimidad un fallo absolutori­o indicando que no era posible darle valor a las declaracio­nes de los agentes ministeria­les Ana Janeth Ruvalcaba Ortega y Juan Francisco Gaspar Ibarra, por la presunta tortura ejercida en contra de los acusados y tampoco a las pruebas derivadas de las actuacione­s de estos elementos.

Desde que se realizó la audiencia intermedia o de preparació­n a juicio oral, un Tribunal de Control excluyó varias pruebas por haberse obtenido también con vulneració­n a derechos fundamenta­les.

Por lo que el órgano colegiado determinó que las pruebas que quedaron son insuficien­tes, ordenó que Talamantes y Quezada fueran puestos en libertad y que se dé seguimient­o a la denuncia de tortura interpuest­a por los ahora exonerados.

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