Simula gobernador justicia para Miroslava
A un año de su asesinato sólo hay un detenido y las mismas pruebas
El gobernador Javier Corral ha dicho a nivel nacional que la investigación del crimen de la periodista Miroslava Breach Velducea puede ser ejemplo de combate a la impunidad en las agresiones a la libertad de expresión.
Un año después del asesinato, sin embargo, la Fiscalía General del Estado cuenta con sólo un detenido y la previsión de las representantes de la víctima de que la indagatoria se limitará a la autoría material de tres personas, una de ellas asesinada.
Sin aclarar, dice la organización Propuesta Cívica –que asesora a la familia de la periodista–, el Gobierno del Estado prevé evadir la responsabilidad de políticos, entre ellos panistas que contactaron a la reportera en nombre del grupo criminal identificado como “Los Salazar”.
Lo mismo, agrega la organización, ocurre con la propia participación de este grupo delincuencial, cuya pérdida de la candidatura priista a la alcaldía de Chínipas en 2016 ha sido identificada por el Gobierno estatal como móvil del asesinato de la reportera.
Políticos involucrados ‘son protegidos’; los eximen de investigación
No se llevan a cabo todas las líneas de investigación precisamente porque se presume que hay intervención de actores estatales, que es un crimen que en gran medida está destinado a que no se esclarezca”, dice Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica, con sede en la Ciudad de México.
“(Es) una investigación parcial, sólo con los autores materiales que participaron el día del homicidio que son los tres personajes (…) No hay más líneas (…) tampoco hay una investigación para el grupo criminal de donde vienen los autores materiales”, agrega.
Los panistas identificados como presuntamente facilitadores del crimen son Hugo Ahmed Schultz, alcalde de Chínipas durante los días de la postulación fallida de los Salazar y luego funcionario de Educación en el gobierno de Corral, así como Alfredo Piñera, vocero estatal del PAN.
El primero, según lo difundido ante el Poder Judicial en diciembre, recibió en 2016 en Chínipas de parte de Juan Carlos Moreno Ochoa, “El Larry”, la instrucción de aclarar que el PAN no había sido la fuente de información de reportajes en los que Breach denunciaba que un Salazar buscaba la alcaldía de Chínipas.
Piñera, por su parte, llamó por teléfono a la periodista para pedirle esa aclaración, la grabó y entregó el audio en una memoria USB a Schultz, que a su vez reportó la conversación a los Salazar.
El audio, se informó oficialmente, fue encontrado en la casa de seguridad utilizada por “El Larry” y los otros dos asesinos materiales en la ciudad de Chihuahua.
Móvil sin culpables
Periodista de 53 años y originaria de Chínipas, Chihuahua, Breach Velducea fue asesinada la mañana del 23 de marzo de 2017 en su vehículo, en el exterior de su domicilio en la ciudad de Chihuahua.
El Gobierno del Estado planteó públicamente desde un inicio que el móvil era su trabajo como periodista, en particular sus reportes frontales “sobre esos vínculos de narcopolítica”, como dijo Corral en entrevista con Proceso.
El fiscal del estado, César Augusto Peniche Espejel, agregó que el “detonante” del crimen fue que Breach “reveló cómo esta organización criminal dedicada a la siembra y trasiego de droga influyó en la designación de candidatos a las alcaldías y jefes policiacos de Seguridad Pública Municipal”.
Ninguno de estos indicios, sin embargo, dice Propuesta Cívica, ha sido perseguido ni aclarado por la FGE, por lo que el móvil carece de vínculo con los autores materiales y lo único establecido es lo registrado el día de los hechos.
“No hay aún en la carpeta pruebas fehacientes para poder ir por ese autor intelectual”, dice Nataly Quintero, integrante del “área legal e incidencia” de la organización.
El fiscal Peniche agregó a El Diario que “se dio vista a la Procuraduría General de la República con toda la información recabada para que investigaran la vertiente de delincuencia organizada”, y que “es competencia federal”.
Testigos implicados
Desde las primeras horas y días posteriores al crimen, agrega la versión de la FGE, se recabaron más de 200 horas de video, se ubicó la casa de seguridad de los “sicarios”, se colectó evidencia y entrevistas sobre los autores materiales.
No fue sino nueve meses después, sin embargo, que se obtuvo la primera y única detención del caso, cuando la Policía Federal arrestó en Sonora a “El Larry” y, el 27 de diciembre, lo acusó ante el Poder Judicial de haber coordinado la logística del crimen.
En la misma audiencia, el agente del Ministerio Público leyó los testimonios usados para llegar al detenido y que fueron proporcionados, entre otros, por los panistas Schultz y Piñera, incluidos en la indagatoria sólo en calidad de “testigos”, mas no indiciados.
Pero la información que ambos dieron a la FGE fue valiosa y condujo a “El Larry”, cuestiona Propuesta Cívica, “porque de alguna forma están involucrados” en el crimen.
“Tanto el gobernador Corral como el fiscal Peniche declararon que el caso ya no estaba en impunidad, que se había hecho justicia”, recuerda Mendiola.
“Nosotros mencionamos que estamos en contra de ese discurso, porque el caso sigue estando en la impunid. agrega la repre-sentante jurídica. ( Staff / El Diario )