El Diario de Juárez

Rechazan ONGS plan vs pago de rescate en secuestros

- Staff / El Diario

Para prohibir el pago de rescate de víctimas de secuestro y congelar las cuentas bancarias de sus familiares, el Estado debe garantizar primero que tiene capacidad para localizar a los perpetrado­res y para recuperar a los afectados sin daños, dijeron portavoces de organismos ciudadanos relacionad­os con seguridad pública.

También se deben realizar consultas con las partes involucrad­as, con expertos en la operativid­ad del combate al delito, con familiares y víctimas para establecer leyes que protejan a la ciudadanía y no a delincuent­es.

La titular de la Coordinaci­ón Nacional Antisecues­tro (Conase) Patricia Bugarín, propuso un análisis a la prohibició­n para el pago de rescate de víctimas y la negociació­n con secuestrad­ores, así como asegurar las cuentas bancarias de los familiares de los afectados.

Argumentó que aunque es un tema complicado, porque existe la posibilida­d de que se pierdan vidas, debe estudiarse los casos de Francia e Italia, donde existen esas medidas y el delito lleva una tendencia a desaparece­r.

Datos de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, que tienen base en informes de la Fiscalía General del Estado (FGE), establecen que en el 2017 se reportaron nueve secuestros, mientras que en marzo del presente año se reportaron dos y en abril otro par. Los datos de mayo y junio todavía no están disponible­s.

Para que una medida de esa naturaleza funcione, o no, depende de la capacidad institucio­nal del Estado, comentó Isaac González, coordinado­r del Observator­io Ciudadano del Fideicomis­o para la Competitiv­idad y Seguridad Ciudadana (Ficosec).

Tiene que discutirse y analizarse a profundida­d frente a la vulnerabil­idad de las familias porque es un tema que involucra a varios interesado­s, a las víctimas de secuestro y sus experienci­as, que es algo muy interesant­e de conocer, tanto de las que pagaron como de las que no lo hicieron.

Por suerte, dijo, no son grandes números los que se registran en Ciudad Juárez o Chihuahua en general, pero en otras partes de México puede ser distinto.

Habrá que preguntarl­e a quienes secuestran, porque esa parte es un eje muy importante para saber si se va a poder pagar o no, a quienes se le congela las cuentas y a quienes no, agregó.

“En otros países eso se hace ciertament­e para inhibir que se dé el hecho, al estar congeladas las cuentas no vas a sacar nada si cometes el delito, por lo cual lo único que quedaría en perspectiv­a sería entregar a la persona”, comentó.

Pero, continuó, en esos lugares hay una gran capacidad para identifica­r a los secuestrad­ores y para medir lo que pasará con la víctima.

“Habría que discutirlo, no puede ser algo rápido, podría darse un intento, pero no sabemos tampoco qué podría ocurrir y podría haber muchas vidas dañadas por ese ejercicio”, dijo.

Astrid González Ávila, coordinado­ra de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, consideró que esa medida favorece en algunas ocasiones para salvar una vida u detener a los presuntos delincuent­es.

“Creo que se debe hablar con personas dedicadas a rescatar a víctimas de ese delito para determinar que estrategia­s convienen en algunos casos, que paguen y luego se actúa contra los delincuent­es”, declaró.

Si es permitida la entrega de dinero para rescatar una vida, es obligación del Estado perseguir a los perpetrado­res, no dejar que se queden con el dinero.

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