Extorsión, un delito fantasma
Temor inhibe denuncias de víctimas de ‘cobracuotas’
“Cuando te piden dinero sudas la gota fría”, dice Mario al recordar las experiencias que vivió en años recientes, cuando desconocidos fueron a cobrarle “la cuota” –como se conoce al producto de la extorsión– en al menos tres yonkes en los que trabajó.
Asegura que se labora con miedo, pero el negocio de las autopartes usadas “es noble” y deja para sobrevivir, por eso muchos yonkeros optan por asumir el pago que se exige, que puede ir desde los 5 mil hasta los 25 mil pesos mensuales, al menos en los casos que él atestiguó.
Aunque ahora la denuncia formal por la comisión de este delito es baja –en lo que va del año sólo se han interpuesto cinco– comerciantes organizados, especialmente los de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac) y la Asociación de Hoteles y Moteles, así como representantes de la Mesa de Seguridad y Justicia (MSJ) de Ciudad Juárez, afirman que el ilícito se comete, pero los afectados tienen temor de denunciar por diferentes motivos.
La gente tiene miedo, sobre todo porque sus nombres (de los negocios) son ventilados (por las autoridades y en los medios de comunicación), entonces siente miedo” Carlos Kong Asociación de Hoteles y Moteles
Mario, quien trabaja en yonkes desde hace 15 años, desconoce la situación actual que guarda ese ilícito, pero sabe que muchos comerciantes que son extorsionados prefieren no denunciar porque “los malandros se enteran” y pueden tomar represalias, como ocurrió en 2008 y años subsecuentes.
“A veces es mejor quedarse callado, ya ponen la ‘cuota’ como algo que SE tiene que pagar, como una inversión o pago de servicio para estar en paz”, comenta.
El criminólogo Óscar Máynez Grijalva está enterado de la situación: “Conozco a algunos yonkeros y han pagado cuota desde antes. En 2008 se desbordó la violencia, coincidió con la llegada de los militares y los federales; debió ser lo opuesto, haber más tranquilidad, pero reflejó la ausencia del Estado de Derecho”, menciona.
La extorsión es un delito que, más que cualquier otro, refleja la inseguridad prolongada porque a las víctimas no les quitan sus bienes de inmediato, sino que los criminales las amenazan con causarles daño en el futuro si no les dan dinero.
Máynez indica que la extorsión o “cobro de piso” se sigue ejerciendo aquí, aunque no se denuncie.
Ese delito no reportado, dice, entra dentro del 98 y el 99 por ciento de impunidad que oficialmente reconoce el Gobierno mexicano que hay en el país.
Prefieren prevenirse
“Están llamando a negocios de la Gómez Morín para extorsión telefónica con el siguiente argumento: De parte de La Línea, soy el comandante Che Guevara que está encargado del corredor Gómez Morín”, reza un mensaje distribuido por redes sociales entre empresarios que fueron víctimas del delito. Lo envían a quienes todavía no son amagados para prevenirlos.
En el mismo escrito recomiendan que cuando reciban la llamada y detecten que es el presunto “cobracuotas” deben colgar y ya no contestar.
El acoso de extorsionadores y asaltantes obligó a dueños de restaurantes, hoteles, moteles, ferreterías, estéticas, lavanderías y otros negocios a manifestar de forma pública la situación y a exigir la atención de las autoridades porque, afirmaron, no dan seguimiento a sus denuncias y peticiones de seguridad.
El pasado 28 de agosto, en una conferencia de prensa, señalaron que negocios establecidos en la periferia, plazas comerciales y corredores seguros eran blanco de una ola de robos con violencia y extorsiones.
Orillados por la desatención oficial, instalaron sistemas de seguridad con cámaras y alarmas, además de que contrataron a guardias privados e incluso mantuvieron cerradas las puertas de sus negocios para seleccionar a quienes pueden entrar.
En especial se quejaron de la incursión de una persona que los robaba y extorsionaba, quien se hacía pasar como miembro de grupos que operan en la región y los amenazaba con quemar los negocios o ‘levantar’ y matar a sus empleados si no accedían a sus demandas. Sus víctimas lo bautizaron como “El Cínico” por la desfachatez con que actuaba.
Después de ejercer presión pública, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) detuvieron el primero de septiembre al presunto extorsionador y asaltante Ezequiel M. M., de 29 años.
A pesar de que las autoridades y los afectados lo identificaron en al menos 28 incursiones, en la actualidad Ezequiel sólo enfrenta tres acusaciones en su contra: dos por robo y una por extorsión.
“La única forma de combatir el delito es la denuncia. Si las autoridades no tienen una manera certera de enfrentar a quienes nos están atacando a nosotros, no podemos pedir o exigir resultados diferentes”, dice Isabel Sánchez Quirarte, coordinadora de la Mesa de Seguridad y Justicia (MSJ).
En ese contexto, solicita tanto a empresarios como a personas afectadas por delitos que denuncien. Si tienen desconfianza de las autoridades pueden hacerlo a través del *2232, que es una línea operada por ciudadanos, para que no tengan miedo.
La extorsión, dice, es uno de los actos ilícitos que más afectan dentro del fenómeno de la inseguridad por su naturaleza, por eso es necesario acudir ante las autoridades.
“Para combatir ese tipo de delitos hay que difundir la denuncia, necesitamos la participación de la ciudadanía. Los homicidios son asunto diferente, pero los demás delitos, los que al combatirlos muestran una ciudad más segura, creemos que la sociedad puede ayudar un poco”, menciona.
La estadística de extorsiones proporcionada por la MSJ, que tiene como base datos que obtienen de forma directa con la Fiscalía General del Estado (FGE), indica que en el 2008 –cuando se disparó la comisión de ilícitos de alto impacto en la ciudad– se denunciaron 131 “cobros de piso” y 220 en el 2009, que fue el año con el mayor número de carpetas de investigación en ese rubro.
Para el 2010 la cifra bajó a 108 y en 2011 hubo dos más y llegó a 110. En el 2012 la denuncia descendió a 97, mientras que en el 2013 se interpusieron 53.
Durante ese lapso los giros comerciales más afectados fueron seis, determinaron las autoridades y los mismos afectados: refaccionarias, ferreterías, funerarias, yonkes, talleres mecánicos y giros negros como bares y cantinas.
Pero también hubo afectaciones en carnicerías, tiendas de abarrotes y hasta en instituciones públicas y particulares de educación, refieren archivos periodísticos.
Al año siguiente (2014) hubo una baja significativa en las denuncias con sólo dos, mientras que en 2015 y 2016 se registró una en cada lapso.
Sin embargo, para el 2017 el número se elevó a nueve y en lo que va del 2018, hasta julio pasado, van cinco.
A pesar del bajo registro, señala Sánchez Quirarte, los comerciantes que se acercan a platicar con los integrantes de la MSJ les mencionan casos relacionados con extorsión que omiten denunciar.
Máynez Grijalva estima que la reticencia que las víctimas tienen para acudir ante las autoridades tiene que ver con la ausencia de un Estado de Derecho, porque si alguien les está pidiendo dinero bajo la amenaza de no hacerles daño, la persecución del delincuente debe estar bajo el control del Estado, el único que tiene facultad para detenerlo y encerrarlo a través de una sentencia o pena corporal.
Desde el momento en que los grupos se pelean ese monopolio de la violencia, imponiendo condiciones de forma impune, básicamente se genera la desconfianza hacia el Gobierno.
“Quiere decir que no existe la confianza, si no denuncias es porque los funcionarios están coludidos o porque básicamente sabes que te van a hacer daño, eso quiere decir que no existe el Estado de Derecho”, plantea Máynez.
El Estado, añade, fue creado para proteger la integridad de los ciudadanos y sus bienes, “esa es su responsabilidad principal, así como todo lo demás que la comunidad necesita para funcionar”.
Si incumple es porque existe una ausencia del Estado de Derecho, fenómeno que se padece en México desde “toda la vida”, dice.
“Quiere decir que la ciudadanía no tiene a quien recurrir, (los delincuentes) no te están haciendo nada, pero (la víctima) no tiene otra opción más que entregarles lo que le piden porque no hay quien la proteja o haga justicia”, explica.
Miedo y desconfianza
“La gente tiene miedo, sobre todo porque sus nombres (de los negocios) son ventilados (por las autoridades y en los medios de comunicación), entonces siente miedo”, menciona Carlos Kong, representante de la Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez.
Ese gremio es uno de los más afectados por extorsionadores este año. La mayoría de los delincuentes trata de quitarles dinero mediante intimidaciones vía telefónica.
“Creemos que las llamadas las hace gente de fuera, que están dentro de reclusorios, otros son oportunistas”, comenta.
Se buscó una entrevista con personal de la FGE para conocer su postura con relación al planteamiento del temor y desconfianza para denunciar por parte de los afectados, pero no hubo respuesta a la solicitud.
Martín Carlos García López, presidente local de la Canirac, también afirma que hay temor a denunciar por la “filtración” de los nombres de los comercios, pero hizo un llamado a su gremio para que tengan confianza en las autoridades.
“Ninguno se activó (denunció) porque no se quería mencionar los negocios, no sabemos nada de la delincuencia y ellos sí de nosotros”, dice.
La Canirac tiene mil 200 afiliados, aunque hay cientos más que no están inscritos a la agrupación pero que también son afectados por la delincuencia. Aun así la dirigencia está dispuesta a acompañarlos si desean denunciar.
Aunque la situación actual no está como en los años de la crisis de seguridad, García López comenta que los comerciantes sufren robos y asaltos acompañados de extorsión: “Dicen que son de cárteles y amenazan con ‘levantar’ o matar a los empleados, hay tema de extorsión, se están ‘amarrando’ expedientes, no sólo de robo sino de extorsión”.
Aunque siempre se siente temor a denunciar, algunos afectados acuden ante las autoridades porque es lo correcto, pero los delincuentes asaltan y se llevan las pertenencias de empleados y clientes, entre las que están carteras, identificaciones personales, teléfonos móviles e información personal.
“Saben más de nosotros que nosotros de ellos, pero nuestro objetivo es generar denuncia y hacer fuerza, ayudarles y resolver”, declara.
La desconfianza hacia las autoridades, sin embargo, tiene sustento, ya que incluso policías fueron acusados de cometer ese ilícito.
Apenas en junio pasado cuatro agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) recibieron cargos por exigir a una pareja que habita en la colonia Lucio Blanco 15 mil pesos con el amago de “sembrarle” droga o acusar de homicidio a un nieto, al que privaron de la libertad antes.
Jesús Alberto Guzmán Chávez, Jorge Eduardo Sumonte Negrete, Sergio Alejandro Salazar García y Hugo Alejandro Rosales Hernández, son los elementos señalados.
Un juez de control le impuso a los cuatro servidores públicos dos años de prisión preventiva.
Otros casos reflejan que la aplicación de la ley no fue efectiva para las víctimas.
En abril de 2017 ocho personas, detenidas en el 2013 y presentadas a los medios de comunicación como una banda de extorsionadores que obtuvo miles de pesos a través de la amenaza, negociaron una pena con la FGE y fueron sentenciados a tres años con 315 días de cárcel, tiempo que ya casi cumplían cuando se les condenó, por lo que obtuvieron su libertad enseguida.
Los procesados fueron Mayra Rocío Gómez Castañeda, Claudia Bueno Montes, Imelda de León Ríos, Jessica Areli Favela Miranda, Perla Janeth Muñoz Jurado, Oney Favela Miranda, Yessel Verónica Hernández Neri y Uriel Antonio Galindo Sánchez.
La sentencia que solicitó el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía incluía el pago de 3 millones 221 mil pesos como reparación del daño, pero no tuvo carácter obligatorio pues la pena corporal estaba prácticamente cumplida.
Los acusados se apegaron a un procedimiento especial abreviado, a través del cual reconocieron su responsabilidad en los hechos y rindieron declaración ante el juez.
Dijeron que se dedicaban a abrir las cuentas bancarias, a través de las cuales sus víctimas depositaban el dinero exigido. Por cada retiro que realizaban les pagaban mil pesos.