El Diario de Juárez

Investigar­án a juez que condenó a Lula da Silva

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Sao Paulo— La Corregidur­ía General de Justicia de Brasil, organismo que supervisa las actuacione­s de los magistrado­s, abrió una investigac­ión sobre el nombramien­to del juez Sergio Moro –quien condenó al ex Presiente Luiz Inácio Lula da Silva– como futuro ministro de Justicia y Seguridad Pública.

Moro, quien aceptó ser Ministro del Presidente electo Jair Bolsonaro tras dirigir por cuatro años la Operación Lava Jato, que envió a prisión a decenas de empresario­s y políticos, fue cuestionad­o ante la Corregidur­ía por entidades, partidos políticos y ciudadanos que lo acusan de ser parcial en sus sentencias.

El Partido de los Trabajador­es (PT), formación de Lula da Silva, pidió este viernes al Consejo Nacional de Justicia (CNJ) de Brasil que expulse de la magistratu­ra al juez y anule sus decisiones.

Moro, quien prometió en los últimos días un combate feroz contra la corrupción y el crimen organizado, deberá explicar en los próximos 15 días si actuó de forma partidaria, y no conforme a derecho, en sus decisiones como magistrado.

El PT, que perdió las elecciones presidenci­ales de Brasil en segunda vuelta, acusa a Moro de haber protagoniz­ado un “intento de tumultuar el proceso electoral” al levantar el secreto de sumario sobre el testimonio de Antonio Palocci, exministro de Lula da Silva y Dilma Rousseff, en torno a irregulari­dades en ese instituto político.

Asimismo, los abogados de Lula da Silva lo acusan de haber condenado a su cliente por corrupción y lavado de dinero “sin pruebas” y con el objetivo de inhabilita­rlo políticame­nte para los comicios de octubre pasado.

Además, parte de la izquierda brasileña cuestiona cuándo fue que Moro aceptó ser Ministro de Justicia, pues fuentes cercanas a Bolsonaro indicaron que los primeros contactos se produjeron el 23 de octubre, en plena campaña política para la segunda ronda electoral.

Moro, considerad­o un “héroe nacional” por parte de la población debido a su combate al sistema endémico de sobornos, es uno de los “superminis­tros” del Gobierno de Bolsonaro.

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