Inseguridad: lo que nos faltaba
El miércoles por la mañana un grupo de tres personas armadas, sin identificarse, se presentó al domicilio del periodista Heriberto Barrientos, de El Diario de Chihuahua, a exigirle a su familia información “sensible”, así como datos personales del periodista.
Buscaban, de acuerdo con la versión de la familia, les fuera proporcionada información de reportajes realizados por Barrientos ¡15 años atrás!
Sólo hasta que éste interpuso la queja correspondiente ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y una denuncia ante la Fiscalía General del Estado “por amenazas a su trabajo”, es que esta dependencia se dignó –27 horas después– a notificarle que se trató “de agentes mujeres pertenecientes a la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), quienes acudieron a pedir ‘información’ por reportajes que el comunicador publicó durante los años 2001, 2002 y 2003, cuando se desempeñaba como reportero de El Heraldo de Chihuahua”. (Nota del Staff, El Diario de Chihuahua, 9/XI/18).
El personal de la FGE que llegó a su domicilio, con una actitud amenazadora, no se identificó ni presentó documento alguno que justificara su presencia.
De ninguna manera puede tolerarse semejante agresión al gremio periodístico.
¿A qué autoridad, de medio pelo para arriba, de la Fiscalía se le ocurre enviar a un trío de agentes a interrogar a un periodista y a su familia sobre una investigación periodística realizada 15 años atrás?
¿Acaso no saben los agentes y sus jefes que los reporteros están protegidos para evitar dar a conocer sus fuentes de información y que ninguna autoridad los puede obligar a ello?
¿Cómo puede ser que envíen a agentes a realizar tal tarea?
La respuesta es estremecedora: porque la intención era amedrentar al periodista.
Aún sin esclarecerse los asesinatos de los periodistas Adrián Rodríguez y Miroslava Breach –acaecidos en la actual administración estatal– el Gobierno del Estado incurre en una más que deleznable actitud, hostigar a los periodistas, que tenía como objetivo amedrentar al periodista y a su familia. ¿Por reportajes de hace 15 años? ¡Por favor! No hay nada que moleste más a los gobernantes que ver sus nombres involucrados en alguna corruptela, en algún escándalo o que se le mencione por su participación en cualquier asunto irregular.
No hay lugar a la duda, Heriberto se ha dedicado a investigar y publicar asuntos polémicos para la procuración y administración de la justicia en Chihuahua.
Por sus características, por el momento que pasan los chihuahuenses, es una agresión merecedora del más extendido repudio y, por lo mismo, de la presentación de una inmediata petición de disculpa del Gobierno de Chihuahua a nuestro compañero, a su familia y al conjunto de la sociedad, además de la también inmediata separación del cargo tanto de los agentes, como de sus jefes más inmediatos, así como el del inicio de una escrupulosa investigación, que lleve al deslinde de responsabilidades y la aplicación de sanciones ejemplares.
Que las autoridades, agredan de esta forma a cualquier ciudadano es reprobable, más lo es cuando se hace en contra de un integrante de los medios de comunicación y, además, que lo hagan arguyendo que el motivo es un asunto abordado por el periodista.
No se trata de que se privilegie inadecuadamente a los miembros del gremio de los periodistas, sino por el hecho de que hostigarlos o agredirlos tiene como objeto impedir que la información obtenida por el reportero llegue a la sociedad; es, por lo tanto, una doble agresión, al periodista y al medio de comunicación, y a la sociedad en su conjunto porque se trata de impedirle a ésta el acceso a esa información.
Y tal agresión ocurre en uno de los peores momentos para Chihuahua en materia de seguridad, cuyas causas, lo sabemos, no son exclusivamente de carácter local, pero que se agravan debido a la inoperancia, ineficacia, impreparación y falta de voluntad de quienes están encargados de ella en la entidad.
Lo anterior no descarta la posibilidad de que tal ineficacia pueda tener como explicación la peor de todas: la colusión de los más altos mandos policíacos, algo que, por lo menos en los últimos meses, los grupos de criminales han insistido en señalar al comisionado estatal de Seguridad Pública, Óscar Aparicio.
Obviamente no hacemos nuestra tal acusación, se incorpora al análisis al que estamos obligados, de acuerdo con la gravedad de la situación que padecemos, pero que en últimos meses se ha acentuado, lapso en el que las pifias se suceden una tras otra y que, en otras circunstancias y los resultados en el combate a la criminalidad en Chihuahua, llevarían a la inmediata destitución de los dos principales jefes de la Seguridad Pública en el Estado, el comisionado Aparicio y el fiscal Peniche. Las pifias se suceden casi grotescamente: El jueves por la mañana Aparicio informó que Leonel Salgueiro, alias ‘El Cuate’, señalado como jefe de uno de los grupos criminales, detenido después del asesinato del empresario parralense Uriel Loya, había sido “puesto en libertad por criterios de un juez”, con resoluciones que echaban por tierra, dijo, el trabajo de las corporaciones policiales.
Pero horas después se desdijo, “desafortunadamente, en algunas entrevistas que di unas horas antes, confirmé la liberación y no es así”, dijo, pues confirmó la información con las autoridades federales, “fue un dato que me dieron a conocer erróneamente”.
Y pasó al otro extremo: el caso está “bien estructurado, la carpeta de investigación está muy sólida, estamos con la expectativa de que no salga, por lo tanto, no hay tal liberación”.
Po’s la “tal” liberación usted la informó, se le podría restregar al jefe que afronta una de las peores ofensivas que las corporaciones policiacas chihuahuenses hayan afrontado y justamente unas horas después de que –así lo inferimos– los mandos militares pusieran fin, por lo menos mediáticamente, a la intensa controversia planteada por el alcalde cuauhtemense Carlos Tena en contra de la corporación estatal y su jefe, a causa de que, sostenía el alcalde, son los policías estatales los autores del crecimiento delictivo en ese municipio, además de acusarlos de ser los autores del asesinato del policía municipal Jesús Andrade Chagoya.
Sí, al parecer a la polémica se le puso fin por la vía de sostener el mando único sobre las fuerzas de seguridad en Cuauhtémoc, pero bajo la conducción de un militar, lo que, en la visión de ambas partes, podría incidir en el mejoramiento de la seguridad de la zona.
El anuncio lo efectuaron sin que ninguno informara acerca de las tronantes declaraciones de los días anteriores del munícipe.
Pero lo anterior son solamente más rayas a la destartalada estructura de las corporaciones encargadas de la seguridad pública en Chihuahua.
La nueva detención de René Gerardo Santana Garza 'El 300’ es un ejemplo más. La aprehensión la realizaron autoridades federales, sin la participación de las estatales, a pesar de que éstas informaron, varias horas después de que era, ya noticia nacional, de que había sido “producto de la intensa coordinación entre las autoridades estatales y federales”.
El colmo. A pesar de que hasta el gobernador Javier Corral informó de la existencia de “tres órdenes de aprehensión” en contra de Santana Garza, cosa informada también por Aparicio, dos días después de la aprehensión “la Fiscalía General del Estado (FGE) no había cumplimentado ninguna orden de arresto en contra de el presunto líder de 'La Línea’ (quien) ya fue escuchado en declaración por parte del Ministerio Público Federal por su presunta responsabilidad en el delito de posesión de un arma de fuego de uso exclusivo del ejército y contra la salud, por dos paquetes de droga que supuestamente llevaba al momento de su arresto”. (Nota del Staff, El Diario, 8 de noviembre de 2018).
Tal información fue confirmada por "uno de los abogados del presunto líder criminal” quien dijo que no existía, en la base de Plataforma México, “ninguna orden de aprehensión contra su defendido”.
En tanto, la familia del desaparecido Dr. Blas Godínez le lanzó una dolida y severa pregunta al gobernador Corral: “¿Cuántos muertos más, cuántos desaparecidos más le hacen falta señor gobernador para que nos voltee a ver, para que atienda la problemática que estamos pasando?”, al tiempo que en Guadalupe y Calvo caía abatido por las balas de los sicarios un dirigente rarámuri más, también de “Las Coloradas de la Virgen”, Joaquín Díaz Morales, comisario ejidal, defensor de su territorio y activista contra la tala ilegal.
Pero el fiscal Peniche informó, a través de sendos comunicados, que “en el estado de Chihuahua se viene trabajando de manera muy sólida y firme en el combate a la delincuencia”.
¿Se necesita agregar algo más?