Justicia en Choréachi (Parte 3 de 3)
En días pasados el Tribunal Superior Agrario (TSA) resolvió en favor de la comunidad indígena de Choréachi, reconociéndole la propiedad inmemorial de su territorio, sin embargo, esta lucha que ha llevado más de 20 años no ha terminado y tiene otras implicaciones en el tema de los Derechos Humamos.
En esta entrega final sobre el caso Choréachi, trataré el tema de la realidad que viven los activistas de derechos humanos, las resoluciones de los tribunales internacionales sobre el derecho a defender los derechos humanos y los ataques contra activistas.
Los defensores del bosque, como les llama el maestro Leonardo Meza, viven en un entorno de violencia, como gran parte de la población rarámuri en la Sierra Tarahumara, pero con mayor riesgo, porque su labor lastima intereses de diversos grupos sociales.
En ese sentido, las defensoras y los defensores de los derechos humanos que reclaman sus derechos territoriales, políticos y culturales, tienen que enfrentarse a los factores reales del poder porque, con su resistencia, contradicen la lógica del desarrollo neoliberal, se resisten a someterse ante la violencia provocada por el narcotráfico y, con ello, transgreden el status quo.
Esto se representa en una triple amenaza, por un lado está el Estado –en sus diversas formas y representaciones–, donde los mestizos toman las decisiones que, en la Sierra Tarahumara, tienden a discriminar a los rarámuri y negarles el acceso a la justicia.
Por otro lado está la amenaza constante de quienes representan los intereses económicos de las grandes empresas, muchas de ellas trasnacionales, que se dedican al neoextractivismo, algo que nos es bastante conocido en Chihuahua, porque en la historia están las huellas de la tala de árboles que casi cumple cien años. Todavía suenan las viejas maquinas de los aserraderos que se comen el bosque. Hoy, las nuevas empresas secan los ríos, abren la tierra y pasan el rastrillo por las montañas para instalar ductos de gas, mañana algo más se les ocurrirá.
Y, finalmente, estos activistas indígenas se enfrentan a la amenaza del narcotráfico que controla una parte de la Sierra Tarahumara y en sus dominios ejerce las funciones paraestatales en miras al beneficio del negocio ilícito.
En ese laberinto –entre el Estado, las empresas privadas y el narcotráfico–, están las defensoras y los defensores de los derechos humanos, quienes deben sobrevivir entre el acoso constante. En estas circunstancias, parece que es un es crimen defender los derechos humanos.
Las organizaciones de la sociedad civil, han desarrollado una red y un protocolo para la prevención y autoprotección para las defensoras y defensores de los derechos humanos, donde establecen parámetros para medir el riesgo, así como los tipos de medidas de protección que se deben implementar, tanto por parte el Estado, como de las defensoras y los defensores.
Pero si el Estado no atiende la exigencia de protección en casos donde existe el riesgo contra las defensoras y los defensores, entonces, es posible acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar su intervención, como se hizo en el caso Choréachi.
La asociación civil Alianza Sierra Madre, en un comunicado de marzo de 2017, menciona que la CIDH notificó la resolución, en “la que ordenó al Estado mexicano la adopción de medidas urgentes de protección (conocidas como medidas provisionales) a la comunidad de Choréachi”.
En la solicitud de medidas provisionales que hizo la comunidad Choréachi ante la CIDH, argumentan que “viene(n) siendo objeto de graves hechos de agresiones, hostigamientos y amenazas en un contexto en el cual sostiene una disputa legal del territorio con otra comunidad, la nulidad de los permisos de aprovechamiento forestal y se alega además la presencia de grupos criminales con intereses en el uso de la tierra vinculados al narcotráfico”.
Según lo explican las abogadas y abogados de Alianza Sierra Madre, el hecho de que la CIDH haya ordenado las medidas provisionales tiene tres lecturas, la primera es la prueba irrefutable del incumplimiento de la protección del Estado mexicano; la segunda lectura es “el reconocimiento de la situación de riesgo y abandono que impera en Choréachi” y, finalmente, esta resolución llega en el momento donde es “urgente, necesaria e impostergable la coordinación de los tres niveles de gobierno”, para restablecer el Estado de Derecho en esta zona de la Sierra Tarahumara.
En 2014, la CIDH ordenó medidas cautelares para proteger a Prudencio Ramos Ramos y Ángela Ayala Ramos, así como a sus núcleos familiares, quienes quedaron desplazados de Choréachi, esto ocurrió después de los asesinatos de Zubías Cevallos y Socorro Ayala Ramos, ocurridos en 2013.
En 2017, se suma el asesinato de Juan Ontiveros Ramos, comisario de la policía de Choréachi que había viajado a la ciudad de Chihuahua, donde participaría en una reunión con la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Lamentablemente, en este año 2018, fue asesinado en el municipio de Guadalupe y Calvo el sexto defensor de los derechos humanos de los últimos años, Julián Carrillo Martínez, quien vivía en Coloradas de la Virgen y su situación de riesgo, según Alianza Sierra Madre A.C., era bien conocida por las autoridades y pudo ser evitada.
El crimen de Julián Carrillo fue señalado como “inaceptable” por las relatoras especiales de la ONU y señalado por Aminisía Internacional, donde la directora para las Américas, Erika Guevara Rosas, publicó: “nuevamente queda demostrado que son cambios que aborden las causas estructurales de la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos, la provisión de un policía acompañante o un teléfono no es suficiente para parar la oleada de violencia que enfrentan quienes osan alzar la voz para defender el territorio”.
Desafortunadamente, la sentencia que emitió el TSA para reconocer la propiedad de la comunidad de Choréachi es apenas el comienzo de una nueva historia, falta enfrentarse a la realidad en la que vive esta comunidad y continuar con la resistencia que lleva más de 300 años, porque las formas de control social que se usaron durante la época de la colonización siguen presentes.
En ese sentido, el caso Choréachi no tiene un punto final, seguramente, la defensa de los derechos humanos seguirá en los tribunales, en las oficinas de gobierno y en las calles, como hasta ahora.
Para concluir, agradezco la información que obtuve de Alianza Sierra Madre A.C., en especial de la Lic. Isela González Díaz, asimismo es importante reconocer su labor en defensa de los derechos humanos, sus registros me permitieron escribir esta serie de tres artículos publicados en El Diario de Juárez y abrir un tema de investigación académica.