¿Por qué salen libres los ladrones de casas?
Esta semana, un caso de robo en una casa del la colonia Valle Verde puso en la opinión pública el debate sobre la impunidad del sistema judicial. Este delito que se identifica como robo a casa-habitación debió pasar desapercibido, como los 66 (en promedio) que se presentaron durante el 2016 (según datos del Ficosec) y que, según las estadísticas, representa menos del 10 por ciento de todos los casos (los robos deben andar rondando los 700 al mes, pero se denuncia uno de cada diez en Ciudad Juárez).
El caso en mención causó revuelo en redes sociales por dos ingredientes escandalosos: el primero es la reincidencia, porque el acusado, de nombre Gerardo Elpidio C.B., es un ladrón muy conocido en la colonia, que inclusive fue detenido en varias ocasiones anteriores por el mismo motivo. La razón de su popularidad es que a varios vecinos les ha robado. Y, en segundo lugar, Valle Verde es un caso altamente polémico porque existe un video que muestra –con detalle– el momento en que ocurre el hecho delictivo del que se le acusa.
Pues con todos estos elementos, en nuestro sistema procesal penal –por más absurdo que sea–, el video es un elemento accesorio que permite vincular al sujeto a un juicio, pero no encerrarlo.
El estigma de la “puerta giratoria” en el sistema penal se materializa en casos como este, donde el mismo código de procedimientos penales permite que –por no ser un delito considerado grave por el código–, sea posible imponerle alguna medida cautelar distinta a la prisión preventiva. Esto significa que el acusado permanecerá en libertad durante el proceso.
Esta decisión judicial es consistente con la gran mayoría de las carpetas de investigación que logran llevarse ante el juez penal (lo que en el argot de los abogados se nombra como “judicialización del caso”).
¿Por qué salen libres los ladrones de casas? La razón judicial está en ley. Esto es posible porque así lo permite el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales. Eso no exculpa a las autoridades frente a la condena social por la impunidad que reproduce.
Poco o nada pueden hacer los operadores jurídicos para cambiar esto, sabedores del gran daño que hace la impunidad al sistema de justicia y que estos escándalos abonan a una crisis de legitimidad.
Al contrario, el discurso de los responsables de la procuración de justicia es de optimismo; como ejemplo, a finales de enero de 2018, la Fiscalía Zona Centro reportó que “se concluyeron 195 asuntos de robo a casa habitación, cuya meta inicial era de 170, obteniendo con ello un 131 por ciento de efectividad”, esto en el marco del proyecto “Reto de 100 días”, promovido por la asociación Projusticia y el USAID (el Gobierno gringo).
En ese sentido, la Fiscalía entiende como caso concluido “sentencias bajo procedimiento abreviado, acuerdos reparatorios, suspensiones condicionales del proceso y juicios orales, acotando de un rango de seis a dos audiencias para la resolución”, según el mismo reporte.
Si hacemos una lectura crítica de este discurso, en realidad la Fiscalía aparenta eficiencia donde se presentan casos iguales al de Valle Verde ya que, el procedimiento abreviado, según datos del CIDAC de 2017, en Chihuahua representa el 23.8 por ciento de los casos y los métodos alternativos de solución de conflictos (MASC) es el 48.4 por ciento, por esa razón, el 72 por ciento de las carpetas de investigación concluyen durante la etapa de investigación y a esto le podemos sumar los casos –precisamente como el de Valle Verde–, donde el juez vincula a proceso pero lo deja en libertad.
Entonces, es posible deducir que solamente un porcentaje mejor al uno por ciento de los casos, tienen la mala suerte de ir a la cárcel por el delito de robo a casa habitación. Por lo tanto, lo que sucede con el caso de Valle Verde es la regla, no la excepción.
Mientras tanto, la percepción de la sociedad es que el sistema judicial permite la impunidad. Según datos de una encuesta del Ficosec presentados en 2018, en Juárez 13 de cada 100 personas entrevistadas manifestaron haber sido víctimas de robo a casa habitación, sin embargo, solamente una denunció ante las autoridades el robo. En la misma encuesta, 59 por ciento de los encuestados manifestaron que sí hay patrullaje en su colonia, mientras que un 27 por ciento dice no sentirse seguro o muy seguro en su colonia.
En otra encuesta del Ficosec, pero de 2015, el 60 por ciento los entrevistados, que fueron víctimas de robo a casa habitación, dijeron que no denunciaron por considerarlo “pérdida de tiempo”. Existe la percepción generalizada de que no vale la pena denunciar.
Una realidad es que, en el mejor de los casos, tampoco sirve de nada la prisión, al contrario, el sistema penitenciario es otro problema, porque el modelo de reinserción social no funciona. La reclusión sirve para tejer las redes del crimen desde adentro.
El Gobierno federal ha concentrado la estrategia en la prevención del delito, no en castigar el delito. Pero esto requiere de un diseño para cada una de las 266 regiones en las que dividieron el país.
De acuerdo con una investigación publicada en la UNAM durante el 2018, realizada por Vladimir Hernández y Elvira Maycotte (UACJ), hay más robos a casa habitación donde hay viviendas deshabitadas, población joven, hogares con jefatura femenina y mayor densidad de población. Así, el análisis geográfico de la criminología ambiental, les permitió a los investigadores predecir un desplazamiento de los robos a casa habitación a la zona suroriente de la ciudad, de acuerdo a datos de 2010 al 2014.
Este trabajo argumenta que el resultado es consistente con la teoría de la criminología ambiental, la misma que puede resumirse en estos puntos: “1) los robos se concentran en torno a oportunidades delictivas; 2) conocer el comportamiento espacial de los robos es un insumo relevante para la generación de medidas preventivas; y 3) las oportunidades de delinquir se mueven en el espacio geográfico, derivadas de condiciones socioeconómicas y del contexto urbano”.
Las conclusiones de este trabajo son contundentes, “con relación al contexto urbano, sería importante considerar la cantidad y duración de los desplazamientos de las personas en la ciudad debidos a las actividades que desarrollan fuera del hogar como el trabajo y la educación, por mencionar algunas; en esas circunstancias, los hogares quedan vacíos, lo cual genera las oportunidades para el robo. Escasa actividad peatonal, descenso de las actividades que se realizan en las calles y reducción de los contactos interpersonales son algunas de las características que se mencionan en la literatura del tema y que supondrían un debilitamiento del control social como un factor relevante de la prevención”.
En resumen, el caso de Valle Verde es un ejemplo de los retos que tiene la administración y procuración de justicia, para lo cual es necesario perfeccionar el proceso penal y planear una estrategia efectiva en la prevención del delito con los instrumentos que la investigación científica aporta, eso permitirá cambiar la percepción generalizada de que, en Chihuahua, no sirve de nada denunciar.