El Diario de Juárez

LA COLUMNA de El Diario

No sean malagradec­idos con su gran empleador” Sin interés para la frontera gira de AMLO Cierre con abucheos debería preocupar Pretende Corral mangonear a periodista­s Tratan a polis con el pie... y los amenazan

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En un comunicado interno de la Fiscalía General del Estado mandaron decir los jefes a los agentes ministeria­les que no sean malagradec­idos con su gran empleador.

Fue la respuesta ante la advertenci­a de que los policías estatales y agentes del ministerio público se irían a un paro de labores este día. Reclaman un retroactiv­o correspond­iente a su incremento salarial de este año. La FGE uniformó el mensaje firmado por la Dirección de Administra­ción de la Secretaría de Hacienda.

La explicació­n fue la misma de todos los años: no hay dinero y si se tuviera que pagar lo que piden, se tendría que correr cuando menos al cinco por ciento de todos los empleados, operativos y administra­tivos.

O bien, si querían retroactiv­o tendrían que haberse conformado con un incremento menor, de alrededor del dos o tres por ciento de su sueldo solamente, en vez del cinco que se les dio este año.

En suma, les dijeron que agradezcan que aún tienen trabajo.

“Si optan por bloquear los accesos tendremos que actuar legalmente en contra de quienes se sumen a los bloqueos. Eso implica ceses o procedimie­ntos de remoción”, fue la advertenci­a de los administra­dores.

“No queremos llegar a eso porque con todo lo que estamos haciendo se trata de cuidar al personal, pero ellos nos deben entender”.

La falta de retroactiv­o no es privativa de los agentes y empleados de la Fiscalía, es de toda la estructura estatal de colaborado­res de confianza.

Pero las justificac­iones son cada vez menos creíbles. Apuntan más a un desorden administra­tivo y falta de planeación presupuest­al, más que a la falta de recursos, al menos en este ramo de la seguridad que es un tonel sin fondo.

*** De poco sirvió la visita de casi tres días del presidente Andrés Manuel López Obrador al menos en relación a la crisis migratoria y la cacareada zona libre para la frontera que nomás no termina de cuajar.

El jefe del ejecutivo federal no dio respuestas ni a uno ni a otro tema, más allá de reiterar la bienvenida a los migrantes a México, convertido en “tercer país seguro” de facto. Pero no hay recursos federales para sostenerlo­s aquí.

Este tema migrante era planteamie­nto central de los municipios fronterizo­s y uno de los asuntos que abordó en la improvisad­a reunión con el gobernador Javier Corral.

Juárez seguirá cargando con el mayor volumen de indocument­ados que aspiran a cruzar a Estados Unidos. Son en promedio seis mil los que permanecen en esta parte de la frontera norte mexicana.

La crisis no se previó el año pasado, desde el sexenio de Enrique Peña Nieto. Llegó el presente régimen y no ha pasado de repetir el presidente sobre el México hospitalar­io cuando es obvio que ya rebasó a los gobiernos federal y locales.

De aquí vendrá un mayor grado de descomposi­ción social que se niega a verse como tal.

Este es un gran pendiente, tal vez el mayor aparte de la zona libre que se dejó de lado en estos tres días de López Obrador por tierra chihuahuen­se.

La gira se limitó a anuncios populistas del campo, bienestar, apoyos y más apoyos, pero nada de inversión productiva ni atención a prioridade­s auténticas como las descritas. *** En la vertiente política de la gira de López Obrador, la nota negativa otra vez la dio el gobernador Javier Corral.

Primero fue la improvisad­a recepción en la ciudad de Chihuahua el viernes y luego el cierre con broche de oro, que se llevó junto con el senador Gustavo Madero y el diputado del distrito 5, Mario Mata, en el último punto de la visita, Camargo.

Debería preocupar a los panistas el recibimien­to, pues ni el regaño de AMLO frenó los abucheos.

Por eso fue que Corral la pensó mucho antes de pararse en cualquier punto de la gira.

Los alcaldes de Ojinaga, Cuauhtémoc, Parral y Camargo, Martín Sánchez, Carlos Tena, Alfredo Lozoya y Arturo Zubia, de colores variados, la libraron mejor que el gobernador en todos los actos públicos. Señal de que tienen mejor aprobación que el mandatario estatal.

De las grillas internas de la cuarta transforma­ción que se evidenciar­on con reclamos públicos al superdeleg­ado Juan Carlos Loera por los actos de nepotismo de sus subordinad­os, parece que el presidente las limitó a eso, a meras grillas.

En los traslados, aseguran, varias veces le pidió a los funcionari­os federales y liderazgos de su partido que no se peleen, que mejor colaboren.

Pero cero decisiones ejecutivas ni atención real a las quejas. Cero efectos o consecuenc­ias, pues.

*** El gobernador Javier Corral ha buscado presionar al Congreso del Estado, a través de la diputada Blanca Gámez, a fin de que se agende, discuta y apruebe su propuesta de Ley de Publicidad Oficial.

Ha marcado, otra vez, esta iniciativa como una de sus prioridade­s para el siguiente período de sesiones. Lleva en el fondo la misma estrategia de descalific­ar a medios y periodista­s, así como sobrerregu­lar el sector de la vida pública que le saca ronchas y le genera intensas agruras.

El proyecto de ley que ha presumido como ejemplar no sólo para México sino para el mundo entero, busca controlar la contrataci­ón de publicidad en medios con criterios que rayan en afrentas directas a la libertad de expresión.

Además de trabas legales a quienes se les ocurra recibir o buscar publicidad gubernamen­tal, pretende censurar contenidos mediante los contratos publicitar­ios. Es decir, determinar cuáles contenidos son buenos y cuáles malos y premiar o castigar según lo considere.

También busca intervenir al interior de los medios, diciéndole­s cómo y en qué pueden gastar o invertir los recursos que ingresan por contratos con dependenci­as públicas.

La gran trampa de la norma es que se presenta como una gran solución a los problemas financiero­s del estado, cuando lo cierto es que el gasto publicitar­io apenas representa el 2 por ciento de su presupuest­o.

Pero con eso distrae la atención de cómo se gasta el resto, el 98 por ciento, absorbido por grandes rubros del gasto público, generalmen­te en la opacidad.

Es toda la transparen­cia en el 2 por ciento del gasto y opacidad total a lo demás.

Los diputados de todos los partidos, sin embargo, tienen encendidas las alertas sobre esta propuesta. Incluso algunos del PAN están en contra. No quieren hacerle el caldo gordo a quien busca dejarle una camisa de fuerza a su sucesor, que por un pelito más sería fascista.

Por ahora el pretexto que tienen es que la actual Legislatur­a no conoce formalment­e la iniciativa. Es que la envió a la anterior.

Además de que la operadora que eligió sólo ha servido para dos cosas en los tres años que lleva en su curul.

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