Operativos, violencia y expectativas
El 11 de diciembre de 2006, el entonces presidente de México, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, posibilitó, con el inicio del Operativo Conjunto Michoacán, el tsunami de violencia que aún recorre el territorio nacional. Como el fenómeno natural, la conflictividad social, la inequidad, la desigualdad, la injusticia y la impunidad contenidas hicieron erupción en su modalidad más bárbara. En el discurso público, se impuso la denominación guerra contra el narcotráfico, para dar cuenta de la profusión de delitos que, con el uso de la fuerza, la intimidación e incluso el terror, se reprodujeron tanto en el espacio público, como en la intimidad de los hogares, en los centros hospitalarios o en los centros de rehabilitación de las adicciones.
La vinculación de esta decisión del Ejecutivo como parte del enfrentamiento con y entre los cárteles, se comprende a partir de la explicación que de los operativos se hace desde el ámbito oficial, por Alejandro Poiré, el 16 de mayo de 2011, en el blog de la Presidencia: “Los Operativos Conjuntos son una respuesta al incremento de la violencia a partir de la rivalidad delincuencial, pero también son un compromiso del Gobierno federal de auxiliar a las autoridades locales que lo soliciten para reforzar la seguridad en la zona”.
En ese sentido, se entiende, la decisión de dónde implementar un operativo, era resultado de un acuerdo entre la autoridad federal y las de cada una de las entidades y/o municipios donde se implementaban. En la misma publicación, Poiré reconoce que: “En la presente administración se han puesto en marcha los siguientes operativos conjuntos: Baja California (Tijuana), Chihuahua (Juárez), Frontera Sur (Istmo), Guerrero, Michoacán, Sinaloa (Culiacán-navolato), Triángulo Dorado (Chihuahua-sinaloa-durango) y Noreste (Nuevo León-tamaulipas)”.
Si, como se deduce de la cita primera, la autoridad federal actuó motivada por los resultados de la rivalidad entre cárteles, es evidente que, al paso de los años, su autodesignado papel como árbitro de la contienda, no sólo fue ineficiente e ineficaz, sino contrario a su responsabilidad
constitucional. Si, por el contrario, se pretendía auxiliar a las autoridades locales para que estas, tras“la depuración y profesionaliza ción de las fuerzas policiacas locales” fueran capaces de atender y “de combatir y prevenir el 90 por ciento de los delitos que ocurren”, las evidencias indican que el éxito no ha coronado a estas previsiones.
Es cierto que en el ámbito local algunos delitos han disminuido de manera notable, que se ha invertido en equipamiento, capacitación y medios de transporte para la Policía Municipal. Incluso, esta fuerza ha logrado, como la primera en el país, la Recertificación Policial Ciudadana 2018, de manos del Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE), con el apoyo del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec). No obstante, más allá de las capacidades y mejoras que esta recertificación convaliden, la valoración que la ciudadanía expresa se encuentra sustentada, entre otras fuentes, por el incremento de muertes violentas que se mantiene desde el año 2016.
Así, mientras que en 2015 se registraba una reducción de 77 por ciento en la pérdida de vidas de hombres y mujeres, del total correspondiente a 2008; en 2018 la reducción es de sólo 26 por ciento. En el mismo orden de ideas, la tasa más alta de homicidios, femicidios y feminicidios (212.7 personas por cada 100 mil habitantes) corresponde al año 2010 y la más baja a 2015 (21.6), en tanto 2018 cierra con una tasa de 79.1 muertes. En el transcurso, los recursos asignados al Municipio de Juárez, a través del Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (Fortaseg) se han reducido, entre 2016 y 2019, en 44.7 por ciento.
En otras palabras, pareciera ser que se conjugan factores adversos al logro de un estado de seguridad. Por una parte, que la tendencia favorable de disminución de los delitos y de las pérdidas de vida a ellas asociados, se ha revertido y este primer semestre del año en curso apunta a su profundización. Por otra parte, disminuyen los recursos destinados a fortalecer a la Policía municipal, mejorar su desempeño y mitigar la impunidad.
Están por verse los alcances y los beneficios que pudiera aportar la Guardia Nacional, así como la persistencia de la ciudadanía, la que hoy día, a diferencia de los meses aciagos de 2010, se ha negado a abandonar el espacio público en otras manos.