Las cuentas oscuras de la elección de este verano

Maru Campos se le debía imponer, como gobernadora, a cualquier precio.

Pero estas acciones se multiplicaron y dieron lugar a una contienda absolutamente dispareja. Las pruebas, sobre los pagos que César Duarte entregó a la candidata del PAN registrados en la “nómina secreta”, con base en la cuales un juez de Control la vinculó a proceso, no fueron suficientes para que el órgano electoral la calificara de inelegible; por el contrario, se convirtieron en un certificado de impunidad, que un distinguido empresario se atrevió a reconocer, ofreciendo a las autoridades reparar el daño causado, a cambio de que le garantizarán continuar en la contienda.

Los voceros de las organizaciones patronales, que mal representan a los verdaderos empresarios de Chihuahua, se encargaron de cimentar un discurso sobre los problemas de Chihuahua, que sepultaba el tema de la corrupción, y agigantaba artificialmente el supuesto robo del agua, atribuido a mi persona.

Con este discurso encubrían el daño que la corrupción y la impunidad ha causado a la sociedad chihuahuense, y falsificaban la realidad sobre el problema del agua, que nada tiene que ver con el cumplimiento del Tratado Internacional de Aguas de 1944 y mucho con una ilegal apropiación y monopolización de concesiones sobre los derechos de agua, que justo practican quienes crearon este discurso de odio contra mi persona y contra el partido que represento.

Pero lo trascendental de estas intervenciones, que tuvieron un efecto determinante en el proceso, fue la magnitud de los recursos que la campaña de Maru Campos invirtió, para velar la presunción que las autoridades tienen acerca de los abusos y delitos asociados a su trayectoria como funcionaria pública. Al respecto, la estimación que se tiene es que la Coalición “Nos une Chihuahua”, que representaba Maru Campos, tuvo un gasto de campaña, equivalente a un monto aproximado de 112 millones de pesos, que rebasó con un poco más de 47 millones el tope de gastos de campaña para la gubernatura, establecido por la autoridad electoral, en un monto cercano a los 64 millones y medio de pesos.

Al lado de todo esto tuvimos, como en el lejano 1986, una autoridad electoral incompetente que con acciones y omisiones toleró que se cometieran infinidad de faltas y agravios contra los ciudadanos de Chihuahua.

Entre las más notables destaca la apertura tardía de una proporción desmesurada de casillas situadas en zonas donde prevalece el voto a favor de Morena; la dispersión de casillas contiguas, sin notificar a los electores en zonas de voto morenista, contra la concentración y accesibilidad plena de casillas en donde suele predominar el voto a favor de Acción Nacional; un descontrol absoluto sobre la magnitud del listado nominal, en zonas rurales donde el listado nominal y, no pocas veces la cantidad de votos recibidos, supera el número de ciudadanos residentes; y, finalmente, un sospechoso e inusual voto dividido en las zonas rurales más apartadas de Chihuahua, en donde los ciudadanos, extrañamente, prefirieron gobernadora panista y alcaldes del PRI.

Ante todas estas evidencias de maltrato a la voluntad del pueblo de Chihuahua, todos los ciudadanos tenemos la oportunidad y en muchos sentidos la obligación de inconformarnos ante el resultado de un proceso electoral, inequitativo, parcial y en buena medida intervenido y manipulado por quienes ostentan el poder económico, político y espiritual de nuestra querida tierra.