Sin queja formal contra jueza por fallo absolutorio
El vocero del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Israel Hernández, afirmó que no ha habido queja formal alguna contra la jueza Claudia Domínguez Curiel por la absolución de las maestras del Colegio Montessori Internacional, acusadas de violación sexual agravada en contra de una alumna menor de edad. Según Hernández, no tiene conocimiento de que exista alguna inconformidad presentada ante ese órgano.
Aunque se declaró sin facultad para intervenir, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) también reportó no tener alguna denuncia.
El titular de la CEDH, Eduardo Sáenz, señaló que, de cualquier manera, en caso de que alguien acudiera a señalar algún agravio, particularmente cuando se trata de jueces locales, se canalizaría la queja ante la Judicatura estatal. “Legalmente nos corresponde canalizarlos al Consejo de la Judicatura del Estado de Chihuahua, que tiene la facultad de analizar el asunto y emitir la determinación legal correspondiente”, puntualizó. Y afirmó que “efectivamente, las facultades son del consejo, nosotros no tenemos competencia para poder hacerlo”.
Mónica C. R. y Adriana Lucía H. G., ambas docentes del colegio, fueron absueltas por la jueza Domínguez Curiel, quien afirmó que “los dictámenes médicos varían y los tiempos no coinciden, por lo que no se acreditan los hechos que formula la fiscalía”, de acuerdo con la causa penal 2123/22.
Derivado de que las maestras quedaron en libertad, la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) consideró que hubo un sesgo en la valoración que hizo el Tribunal de Enjuiciamiento, tendiente a favorecer a las dos docentes del Colegio Montessori Internacional.
Ante la situación, el Ministerio Público anticipó que interpondrá la apelación correspondiente. “Lo que consideramos es que hay un sesgo en la valoración que hace el tribunal respecto a los informes, porque a la hora que tienen que valorar la prueba, tienen que valorarla de manera integral”, denunció la fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva.
Durante el proceso, la jueza ya había sido señalada de irregularidades por la parte acusadora.
El Ministerio Público señaló que a pesar de las pruebas psicológicas presentadas para demostrar que la niña no se encuentra en condiciones para declarar en el juicio y requiere mayor apoyo terapéutico para enfrentar el proceso, Domínguez negó la solicitud de atrasar el juicio al argumentar que se debía ponderar el debido proceso de las inculpadas.