López, el demócrata ‘puque’
El presidente está preocupado y ocupado por imponer sucesor, por eso se extralimita en sus funciones y llama, desde ya, a votar por su movimiento.
Descarado y sin cuidar las formas, incluso, violentando flagrantemente la Ley general en materia de delitos electorales, Andrés Manuel suplica el voto para presidente y mayoría absoluta en el Congreso.
Este presidente ya dejó de cumplir con el mandato constitucional que protestó, porque se dedica de tiempo completo a tratar temas estrictamente electorales todos los días.
El titular del poder ejecutivo federal abandonó su responsabilidad de brindar seguridad a los mexicanos, se desentendió de resolver la brutal escasez de medicamentos en los hospitales públicos y cobija con toda impunidad la descontrolada corrupción en su gobierno.
Como no tiene resultados qué presumir, ni en materia social donde ha destinado más de un billón de pesos, pero no ha podido disminuir los índices de pobreza que, por el contrario, han aumentado en un 8%, actúa como un vulgar jefe de facción.
AMLO sigue siendo el mismo candidato que le encontraba peros a todo, el que tenía la solución para todos los problemas que aquejaban a la nación, sin embargo, desde que es presidente, ha desperdiciado dos tercios de su sexenio excusándose y culpando a sus antecesores.
Ahora que se percibe un ligero despertar en la sociedad civil y ante el temor de que su movimiento pierda la elección presidencial en el 2024, se coloca descarada y anticipadamente al frente de las hostilidades electorales. López abandona definitivamente su papel de presidente de México y se asume como el jefe electoral máximo de Morena.
A la legislación electoral que sanciona los delitos en la materia la ignora como lo hace con su responsabilidad de rendir cuentas, porque sabe que la FEPADE, apéndice de la FGR, donde despacha su incondicional, no actúa.
Para quienes sí tienen el cuidado de informarse, saben que el presidente, la dirigencia de Morena y los aspirantes a la presidencia de ese partido, han violado sistemáticamente la Ley general en materia de delitos electorales.
Si este país realmente fuese un Estado de derecho, el presidente ya hubiese sido destituido del cargo, al igual que la jefa de gobierno de la CDMX, los secretarios de Relaciones Exteriores y de Gobernación inhabilitados, y el dirigente nacional de Morena estaría purgando una sentencia por delitos electorales.
Desgraciadamente en el país de la impunidad, el árbitro electoral y los órganos sancionadores son omisos o están agazapados para no perder los privilegios del puesto.
Con las declaraciones que hace el presidente el 17 de noviembre en la malandrera, queda claro que no hay piso parejo para la elección del 2024, pues han sido trastocados los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad.
La que se viene es la peor Elección de Estado de que se tenga memoria en México. Francisco I. Madero se volvería a morir de vergüenza nomás de ver como López Obrador destruye la esperanza de México.
Es cuanto.