El torturador
El 21 de noviembre pasado, Francisco González Arredondo, fiscal encargado de la Operación Justicia para Chihuahua del tristemente célebre gobierno de Javier Corral, fue detenido en Delicias, Chihuahua. González Arredondo es acusado de ejercer tortura psicológica en contra de los perseguidos del régimen corralista. De todo ello se dio puntual cuenta por las denuncias oportunamente presentadas por varios de los perseguidos políticos de ese gobierno.
Hace poco más de un año, y a partir de una nota publicada por La Jornada, escribí para este mismo espacio “Voyeurismo político en la casa de la tortura” (El Diario, 12 de octubre de 2021). En aquella publicación, dije que “Si existe voluntad, seguramente caerán bastantes junto con Peniche, González Arredondo, entre otros delincuentes”.
El modus operandi de González Arredondo emulaba en gran medida las prácticas de los mafiosos, pues una vez que ubicaba a algún exfuncionario que podía aportarles algún testimonio (de cosas que le constaran, y, sobre todo, de cosas que NO le constaran), lo citaba o trasladaba a las instalaciones de dicha casa de tortura (anteriormente, la Casa de Gobierno donde vivieron los gobernadores Reyes Baeza y César Duarte) para amenazarlo con proceder en su contra si no firmaba declaraciones que involucraran a otras personas. Además del exgobernador, se le pedía a los acusados que señalaran a personajes de la vida pública nacional como Luis Videgaray, Manlio Fabio Beltrones, entre otros como partícipes de diversos delitos.
Todo esto era transmitido en una cámara de circuito cerrado para que Javier Corral, desde la comodidad de su oficina, pudiera seguir paso a paso el interrogatorio dirigido. Solamente una mente enferma como Corral pudiera divertirse de esa manera.
Funcionarios como el exsecretario privado de César Duarte, Jesús Luna, fueron trasladados a esta casa de tortura para ser presionados a confesar hechos que no les constaban, con tal de involucrar al exgobernador. En el caso de Luna, al no ceder a las presiones iniciales de esta caterva de mafiosos, decidió refugiarse en Estados Unidos, desde donde lo mandaron traer al Estado para someterlo a un proceso penal por actos que ni siquiera estaban en su esfera de competencia.
Confesiones y testimonios que no eran espontáneos, sino conducidos para obtener la información que sus perversas mentes buscaban, bajo la amenaza de proceder en contra de los testigos a modo si no cooperaban (el famoso “coopelas o cuello”) eran la práctica común de una Fiscalía corrupta y cobarde. Incluso, se metían con la familia de los involucrados (aunque no tuvieran nada que ver) con el afán de presionar más a los probables testigos.
Si hubiera habido un Poder Judicial ético y digno, ninguna de las perversas acciones de fiscales encabezados por González Arredondo hubiera pasado de una amenaza; sin embargo, al contar con el respaldo de jueces de control corruptos como Alejandra Ramos Durán, Samuel Uriel Mendoza, entre otros, la amenaza en contra de diversas personas cuya confesión se buscaba se convertía en un peligro inminente de detención, pues estos jueces libraban órdenes de aprehensión y dictaban autos de vinculación a proceso según se los pidiera el gobierno de Corral, a través de personas como Lucha Castro, en ese momento, consejera de la Judicatura. Una bofetada a la división de poderes.
Mario Trevizo, Jesús Olivas, Jaime Herrera, fueron otros de los personajes huéspedes de esta casa del terror. No merecen consideraciones por sus actuaciones cobardes al ceder a la presión oficial, sin embargo, son piezas que se deberán consultar para armar bien este rompecabezas.
Nadie dice que la Fiscalía no debía hacer su trabajo en caso de encontrar elementos de corrupción. Pero si tenían elementos para proceder en contra de diversos funcionarios, ¿para qué fabricar pruebas y testimonios? Eso no es justicia, y ahora que la verdad está siendo revelada, ni siquiera es apariencia de justicia.
A González Arredondo le fue decretada prisión preventiva de un año para concluir las investigaciones en su contra. Es irónico, pero él como el inquisidor corralista siempre buscó prisión preventiva justificada para sus acusados. Fabricaron pruebas a diestra y siniestra para hacer ver a los jueces que los acusados eran un riesgo inminente de sustracción a la justicia, por lo que debían quedarse en prisión. Ninguno de los acusados era señalado por la comisión de delitos que ameritaran prisión preventiva oficiosa.
González usó la prisión preventiva, no como una medida cautelar para evitar que el acusado escapara, sino como un método de tortura y obtener la confesión que al Gobierno le interesaba. Ahora, González Arredondo es señalado por un delito que amerita prisión preventiva oficiosa. A pesar de ello, González exhibió “diversos” elementos de prueba para acreditar y garantizar que acudirá a juicio. Nada de eso vale ante una acusación de esta naturaleza. González lloró en la audiencia que le decretaron esa medida cautelar, pues es altamente probable que no vuelva a ver la luz del día en muchos años. Así de cobarde resultó aquel que andaba envalentonado y creía que el corralismo gobernaría por siempre. Ahora, enfrentará la justicia así como él quiso que enfrentaran la justicia sus acusados (“La prisión preventiva como tortura”, El Diario, 11 de diciembre de 2017).
La juez de Control que decretó la prisión preventiva contra González pidió a su vez medidas de protección por los conocidos nexos que González sostiene con grupos criminales de la entidad. Es decir, González Arredondo, además de ser un funcionario corrupto y torturador, es también vinculado con grupos criminales. Quizá la Fiscalía deba seguir jalando el hilo y verificar algunos otros nexos peligrosos que González mantenga con grupos criminales para sancionarlo por asociación delictuosa, o lo que resulte.
Lo que sigue es que la Fiscalía integre carpetas de investigación en contra de agentes del Ministerio Público y jueces que se prestaron al perverso juego de fabricar culpables y expedientes por una obsesión enfermiza de Javier Corral.
Dentro de todas las reacciones, el corralismo echó a andar a sus peones para defender a un torturador como González Arredondo. Se puede entender que Lucha Castro ataque a la gobernadora por las acciones emprendidas. También se puede entender que Cecilia Soto, quien fue becada todo el lustro corralista con un salario que no devengaba, salga a defender a Corral. Lo que de plano no se puede entender es la postura del delegado de Programas Federales en Chihuahua, Juan Carlos Loera.
Loera se ha convertido en el corifeo más visible del corralismo. Ahora, señala a Maru Campos y defiende al “Doctor” González Arredondo, como lo hizo en redes sociales la semana pasada. Como funcionario federal, debería de guardar distancia del conflicto entre el exgobernador y la actual gobernadora; sin embargo, algún compromiso lo ata a Corral, pues cada que puede señala a la gobernadora y ensalza a Corral.
Para González Arredondo, no se debe procurar la venganza, sino la justicia. Resulta absurdo que este delincuente señale al Gobierno de Chihuahua como responsable de la muerte de su padre (quien se infartó al ver que su hijo era sometido a proceso penal). González Arredondo parece olvidar que entre Corral, la juez Alejandra Ramos Durán y él mataron a Lázaro López, quien tenía complicaciones de salud y no le permitieron enfrentar su proceso en libertad en la época de la pandemia de Covid-19. Ni siquiera le entregaron el cuerpo de Lázaro a su familia. También parecen olvidar todo el sufrimiento que causaron a decenas de familias de los perseguidos (aquellos que no dieron testimonios a modo, ni aceptaron el acuerdo económico corrupto que González y sus achichincles ofrecían). Todas las vejaciones que ejercieron a las familias de aquellos acusados injustamente que iban a pedir clemencia. Ahora los papeles se invirtieron y son ellos los que enfrentan la justicia.
Por otro lado, Javier Corral, César Peniche, y varios agentes del Ministerio Público de esa época deben estar corriendo provocando el efecto cucaracha. Si algo pudo haberse hecho mejor, era detener a más funcionarios involucrados. Seguramente muchos de ellos ya huyeron. Al margen de ello, es un logro del Gobierno de Chihuahua llevar ante la justicia a un funcionario corrupto como González, para enviar el mensaje de que en Chihuahua, quien la hace, la paga.