Un abuso de poder que debe ser condenado
En la lucha diaria de las autoridades contra la corrupción en México, el estado de Chihuahua y, sobre todo, en Ciudad Juárez, uno de los pilares más importantes es el fiscal Anticorrupción, quien se supone debería ser un defensor incansable de los valores éticos y morales en la sociedad.
Sin embargo, lamentablemente, en el caso reciente del fiscal Anticorrupción del estado, Luis Alberto Abelardo Valenzuela Holguín, los juarenses hemos sido testigos de cómo el poder puede ser utilizado de manera prepotente y abusiva.
El incidente del pasado martes, en el que se me involucró y en el que la familia del candidato de la coalición Morena-pt, a la Presidencia Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, fue desalojada de la vivienda en la que habitaban por la fuerza policial bajo el pretexto de una “orden de embargo” liderado por el fiscal Valenzuela, es una clara muestra de este abuso de poder y de intimidación política.
No solo se trató de un acto desproporcionado y desagradable, sino que también fue ejecutado con prepotencia, fuerza exagerada y una falta total de respeto por los derechos humanos de los afectados.
Es indignante ver cómo el fiscal Valenzuela utilizó su posición en el gobierno para, además de infundir el miedo, amedrentar y difamar a la familia del alcalde con licencia de Ciudad Juárez y a la familia de un servidor.
La presencia innecesaria de unidades policíacas y de agentes fuertemente armados, incluso en las azoteas de las casas vecinas, solo aumentó el carácter intimidatorio de esta acción.
Pero lo más alarmante y preocupante de toda esta situación, es la falta de consideración hacia los derechos de los menores y las mujeres que se encontraban ese momento dentro la vivienda.
¿Cómo es posible que en nombre de la ley se quiera justificar el traumatizar e involucrar a niños inocentes con una “operación” tan violenta y extrema? ¿Tenían que entrar porque había un muerto dentro de la casa? Es absurda y ruin la forma en la que todo se llevó a cabo.
Cruz Pérez Cuéllar lo dijo ayer claramente en conferencia: “Conmigo lo que quieran, pero con la familia no”. Y tiene razón. Ningún ciudadano, sin excepción, debería ser víctima de persecución política ni de abuso de poder.
Durante varias ocasiones me presenté personalmente ante Valenzuela para ofrecer la documentación que requiriera sobre mis bienes y siempre me respondió que no había necesidad. No protegió siquiera el debido proceso.
Es hora de que levantemos la voz y como sociedad condenemos este tipo de comportamientos por parte de aquellos que ostentan cargos de autoridad, como lo es el fiscal Anticorrupción, quien debería ser capaz de actuar de manera imparcial y objetiva sin importar su afiliación política.
Es nuestra responsabilidad como ciudadanos exigir que se respeten nuestros derechos y los de cada individuo, sin importar su posición política o social.
Más allá de las acciones legales, y de que sabemos que es un show mediático por las próximas elecciones, el desalojo de la familia de Cruz Pérez Cuéllar y el daño moral en contra de mi familia, no debe quedar impune.
Que la justicia y la democracia se hagan presentes.
No solo se trató de un acto desproporcionado y desagradable, sino que también fue ejecutado con prepotencia, fuerza exagerada y una falta total de respeto por los derechos humanos de los afectados”