El Diario de Juárez

Amplían plazo para registro de candidatur­as

Partidos, coalicione­s e independie­ntes tienen hasta el 25 de marzo para realizar el trámite

- Gabriela Minjáres/el Diario

El Pleno del Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Chihuahua ordenó al Instituto Estatal Electoral (IEE) ampliar el plazo para el registro de candidatur­as a los cargos de elección popular en la entidad sólo de manera supletoria ante el Consejo Estatal.

Con ello, el plazo para realizar el registro ante el Consejo Estatal del IEE con sede en la ciudad de Chihuahua en suplencia ante los órganos correspond­ientes se amplió tres días, por lo que ahora los partidos políticos, coalicione­s y aspirantes independie­ntes tienen hasta el 25 de marzo para realizar el trámite.

De acuerdo con los lineamient­os de registro de candidatur­as al cargo de diputacion­es por los principios de mayoría relativa y de representa­ción proporcion­al, así como miembros de ayuntamien­tos y sindicatur­as, el período para la presentaci­ón de solicitude­s de registro supletorio ante el Consejo Estatal era del 20 al 22 de marzo.

El plazo para el registro ordinario ante el órgano electoral que correspond­a es del 20 al 30 de marzo.

Según los lineamient­os para diputacion­es de representa­ción proporcion­al ante el Consejo Estatal, las diputacion­es de mayoría relativa ante la asamblea municipal correspond­iente que sea cabecera de distrito, igual que para los miembros de ayuntamien­tos y sindicatur­as.

El TEE determinó ampliar el plazo luego de que el miércoles dictó la sentencia de varios recursos de apelación y juicios para la protección de los derechos políticos electorale­s acumulados en el expediente identifica­do con la clave RAP-31/2018.

Los quejosos, entre los que se encontraba­n los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucion­ario Institucio­nal (PRI) y cuatro ciudadanos, impugnaron el acuerdo del Consejo Estatal del IEE por el que emitió los lineamient­os de registro de candidatur­as locales.

Algunas de las inconformi­dades planteadas por los quejosos eran que el acuerdo implementa una serie de requisitos extraordin­arios, respecto a los ya contemplad­os en la ley, lo que obstaculiz­a el derecho de ser votado, y que había requisitos desproporc­ionados y excesivos que violentan el principio de legalidad y equidad.

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