El Economista (México) - Autos

LEGALIZACI­ÓN, PREMIO A LA CORRUPCIÓN

Permitir el registro de unidades irregulare­s en México es solo el principio de un fenómeno repleto de prácticas ilegales y de afectacion­es ambientale­s y económicas

- Marcos Martínez marcos.martinez@eleconomis­ta.mx

No podemos dejar de observar que es un golpe a la confianza dado que si la principal bandera de la actual gestión del presidente López Obrador ha sido y es el combate a la corrupción, pues esta legalizaci­ón del contraband­o lo que hace en primera línea es favorecer y premiar a la corrupción.”

Ing. Guillermo Rosales Zárate,

Director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuid­ores de Automotore­s A.C.

El reciente anuncio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre el la regulariza­ción de vehículos ilegales ,pondría en severas condicione­s a la industria automotriz mexicana. Si bien es cierto que por el momento las secretaría­s de Economía, Seguridad Pública y Hacienda son las encargadas de definir las condicione­s para “poner en regla” a las unidades provenient­es de Estados Unidos, lo cierto es que las consecuenc­ias podrían –en el peor escenariog­olpear letalmente a las ventas de las unidades cero kilómetros.

HISTORIAL NEGATIVO

El desenvolvi­miento de las ventas desde hace varios meses ha estado muy alejado de lo esperado. “El contexto de crisis lo tenemos a partir de julio de 2017 en que inicia esta fase de disminució­n en el ciclo de venta. Si bien a lo largo de este año hemos tenido seis resultados positivos, esto es en comparació­n con el mes homólogo del año pasado en el que estuvimos afectados por la pandemia en forma más grave, y de tal suerte que al hacer la comparació­n con 2019, con 2018, 2017, son números mucho más bajos y por lo tanto los circunscri­bimos dentro de esta fase prolongada de crisis que enfrenta el mercado automotor en México”, señaló Guillermo Rosales.

El mercado automotor así como la producción y exportació­n de unidades ligeras se enfrentan desde hace algunos años a condicione­s adversas, tanto externas como internas. “Primero a causa de los cambios que tuvimos dentro de la relación que fue con Estados Unidos, que a partir de los riesgos que representó la llegada de Donald Trump a la presidenci­a de los Estados Unidos y lo que significó la renegociac­ión del TLCAN, que disminuyó el ritmo de inversión, de creación de nuevos puestos de trabajo formal, eso aunado a que en el 2017 enfrentamo­s el cambio en la política de precios para los combustibl­es y que se reflejó en un incremento importante de la inflación en aquel año, todo esto en conjunto influyó para que tuviéramos condicione­s más adversas en el mercado automotor que a lo largo de 2018. Tampoco podemos olvidar lo mismos factores de la influencia en la relación con Estados Unidos, la llegada del proceso electoral que generó incertidum­bre, retraso en las decisiones de inversión y hacia el final de ese año, lo que es ya es propiament­e el ciclo vinculado a la administra­ción del presidente López Obrador y la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco, que si bien se dio todavía en la administra­ción anterior, es una decisión que ya le correspond­e al actual mandatario y que influyó marcadamen­te en la disminució­n de la inversión”.

IMPACTO EN LOS 0 KILÓMETROS

Aunque aún no se han publicado las reglas definitiva­s para la legalizaci­ón

de unidades ilegales, el presidente adjunto de AMDA advierte sobre los efectos negativos que tendrá una vez que entre en vigor el decreto mismos que podrían ir desde empadronar a los que ya están en territorio nacional y que solo pueden circular en los estados fronterizo­s hasta abrir la frontera norte y permitir la entrada de más vehículos de desecho de origen estadounid­ense.

“Lo que firmó el presidente fue un acuerdo mediante el cual instruye a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para elaborar el programa de regulariza­ción de vehículos ilegales. Dentro de lo que puede ser una situación muy negativa en la que se de un programa de regulariza­ción que abarque a todo el territorio nacional que, tal como lo ha planteado el presidente López Obrador, sea en extremo fácil de poder acreditar la tenencia de un auto y esa facilidad para nosotros se convierte en un proceso laxo en el que cualquier vehículo pueda ser regulariza­do. El que haya una tolerancia, para que más allá del objetivo planteado por el presidente de regulariza­r los vehículos que ya se encuentran en territorio nacional previo a la firma de su acuerdo, esa falta de aplicación podría permitir que sigan entrando mucho más vehículos de los que ya se encontraba­n y por lo tanto el impacto sea mucho más grave”.

Sin embargo el directivo apunta que las repercusio­nes podrían ser menores si se emprende un programa de regulariza­ción que solo considere a los estados que inicialmen­te han sido enmarcados en el acuerdo, es decir, los de la frontera más Baja California Sur, y aún así que no sea para todo su territorio sino solo en aquellas localidade­s en donde existe el problema.

PELIGRO EN LA TERCERA PLAZA MÁS IMPORTANTE

“El ejemplo es la zona metropolit­ana de Monterrey. Nuevo León está incluido dentro de los territorio­s enmarcados en el acuerdo de regulariza­ción sin embargo la zona metropolit­ana de Monterrey no tiene un problema serio ni siquiera notable de la presencia de vehículos irregulare­s. Lo que sucedería si se abre a la regulariza­ción en esa zona, es que se volvería atractivo para que muchas personas aprovechen esta ocasión y adquieran vehículos ilegales que ya se encuentran circulando en la zona fronteriza o, aún más grave, que se de la situación de introducir vehículos y que con ello se inunde la zona metropolit­ana de Monterrey, que es el tercer mercado más importante de autos en el país tanto para nuevos como para usados, y que con eso tengamos una afectación muy seria para el balance del mercado formal tanto de nuevos como seminuevos”.

DATO HISTÓRICO

La historia del mercado automotriz nacional no titubea en mostrar con claridad la profunda crisis que experiment­ó hace algunos años cuando estuvo vigente el último programa de legalizaci­ón. Los retrocesos frenaron el crecimient­o e impactaron al resto de la economía pues el golpe a la venta de autos nuevos fue catastrófi­co.

“Con la entrada masiva de vehículos usados provenient­es de Estados Unidos en el periodo de 2005 a 2009, el mercado nacional cayó casi el 30%, la introducci­ón de estos vehículos fue mayor en un 40% a las ventas domésticas en el 2006, también estudios que realizaron ordenados por la Secretaría de Economía en 2011 y 2014, mostraron un aproximado de 250 mil vehículos nuevos que se dejaron de vender por la saturación del mercado provocada por la introducci­ón de vehículos provenient­es de Estados Unidos. Esas condicione­s pueden repetirse en cuanto a impacto y volver a ocurrir esos niveles con las medidas que ha dispuesto el presidente aún cuan

do todo dependerá en buena medida de cómo quede el decreto que deba de emitirse y las propias reglas generales que darán pauta para la legalizaci­ón”.

FRENO A LA RECUPERACI­ÓN

El momento que vive el sector de distribuci­ón de automóvile­s nuevos tendrá con este decreto un escalón más cuesta arriba. Guillermo Rosales indicó que en lo que toca a la distribuci­ón de vehículos, en 2020 se perdieron entre 6 mil y 7 mil puestos de trabajo los cuales no se han podido recuperar debido a que las ventas no han vuelto a los niveles previos a la pandemia y que paralelame­nte se enfrentan al problema de la escasa oferta. Agregó que esos puestos de trabajo difícilmen­te se podrían recuperar en 2022 o 2023 de darse una regulariza­ción.

“En lo que toca a la parte de la producción de autopartes y ensamble de vehículos, veo un menor grado de exposición como factor de riesgo por esta medida. El mayor impacto toca al eslabón de la cadena que está representa­do por AMDA que son los distribuid­ores de vehículos”.

FRENTES EN DONDE IMPACTARÍA­N

El daño al medio ambiente es casi a la par de la economía, el más afectado por este decreto. La contaminac­ión, en su sentido más amplio, abarcará no solo al aire, sino al suelo, subsuelo y manto acuíferos. Este escenario es una realidad en la franja fronteriza, que esta catalogada como la más contaminad­a del país y que se debe a la antigüedad de los vehículos que ahí circulan, a sus malas condicione­s mecánicas y a prácticas negativas como la eliminació­n del catalizado­r (antes de ponerlos a la venta), para revender los materiales con los que están conformado­s y que son muy apreciados. “Además de la calidad del aire también se ve afectado el suelo, los mantos friáticos, debido a que cuando estos vehículos se reparan, la gran parte de las veces se hace en condicione­s de informalid­ad, en terrenos que no tienen ningún control en la disposició­n de los residuos peligrosos como lo son los aceites, los líquidos, los combustibl­es, y que se vierten directamen­te al suelo o, aún más grave, al drenaje contaminan­do el agua y el suelo. Además de que estimula la proliferac­ión de negocios que son igual o más contaminan­tes como la introducci­ón

El grado de afectación a los seminuevos puede ser mayor al mercado formal. Es toda una cadena de transmisió­n que va desde los vehículos usados con un antigüedad de 10 u 11 años, y de inmediato va subiendo, dentro de una pirámide imaginaria, hasta llegar a los vehículos nuevos.

de llantas usadas y de vehículos para desguace o para refaccione­s. Lo más preocupant­e es que quienes introducen estos vehículos para los fines antes citados son grupos que están controlado­s por la delincuenc­ia organizada, lo cual es una burla al estado de derecho y un castigo a la ciudadanía que está al corriente de sus impuestos por la propiedad y el uso de un vehículo, y todo esto es un flujo de beneficios económicos que favorecen a funcionari­os corruptos que toleran y se benefician de estas practicas delincuenc­iales”.

ACCIONES

Sin la posibilida­d de frenar el trabajo de conformaci­ón del decreto de legalizaci­ón de autos irregulare­s, Rosales Zárate advierte que en las acciones que emprenderá la Asociación Mexicana de Distribuid­ores de Automotore­s (AMDA), no se descarta la posibilida­d de recurrir a instancias legales. “Estamos trabajando en primer lugar en mantener el llamado al gobierno federal para que se escuchen nuestros planteamie­ntos y que haya sensibilid­ad para incorporar­los a través de medidas de control en el programa de regulariza­ción buscando atenuar el impacto para nuestro sector. Sea cual sea la forma en la que salga el decreto de regulariza­ción será una decisión negativa para el sector automotor, sin embargo el rango de afectación es muy grande y por eso buscamos atenuarlo. De ninguna manera participar en el diálogo con el gobierno federal significa dar nuestro aval a la regulariza­ción sino única y sencillame­nte el objetivo es atenuar el impacto. “Finalmente, una vez que se encuentre publicado el decreto, no descartamo­s hacer uso de cualquier instrument­o legal que esté a nuestro alcance para frenar estas disposicio­nes”.

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FOTOS: SHUTTERSTO­CK. La antigüedad de los vehículos usados provenient­es de Estados Unidos va de los 10 a 15 años. La mayoría son de desecho.
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FOTOS: SHUTTERSTO­CK. Contra el medio ambiente. Una práctica muy dañina es la de quitar el catalizado­r, lo que aumenta el nivel de emisiones contaminan­tes.

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