El Economista (México) - Estrategias
José Carlos Femat y Rodolfo Salazar
- Bajo crecimiento, calificaciones, aranceles y otros demonios.
A finales de abril, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que el Producto Interno Bruto (PIB) había caído -0.2% en el primer trimestre del año con respecto al trimestre anterior, lo que representaba su primer descenso desde el trimestre abril-junio del 2018.
A partir de ese momento, parece haberse destapado la caja de Pandora, dejando en libertad a todos sus demonios. A finales de mayo, como resultado de esta contracción, el Banco de México (Banxico) recortó, por cuarta ocasión consecutiva, su estimación de crecimiento económico al pasarlo a un rango de 0.8 a 1.8% (1.3% promedio) desde el anterior, de entre 1.1 y 2.1% (1.6% promedio).
Además de la posibilidad del surgimiento de nuevas disputas comerciales, de la volatilidad en los mercados financieros y de una reducción del crecimiento y el comercio a nivel internacional, de acuerdo con el reporte que acompañó esta revisión, “(se) enfrentan diversos retos de índole interna, tales como la incertidumbre sobre las perspectivas crediticias de Pemex y los efectos de algunos cambios en las políticas públicas en ciertos ámbitos y sectores, como el laboral y el energético, sobre la inversión, la actividad económica y la inflación”.
Así, los analistas consultados posteriormente por Banxico reaccionaron en el mismo sentido y, para inicios de junio, la publicación de la encuesta confirmó que habían revisado a la baja las proyecciones de crecimiento para el 2019, a 1.32% desde el 1.52% reportado en abril. Para el 2020, no obstante, los encuestados mantuvieron su previsión del crecimiento en 1.72 por ciento.
Los analistas identificaron los principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento a la incertidumbre política interna, a los problemas de inseguridad pública y a la (débil) plataforma de producción petrolera.
Unos días después, el Inegi publicó que la inversión fija bruta de marzo había caído -5.9% con respecto al mismo mes del año anterior, y que la mayor parte de sus componentes se había contraído. Por si fuera poco, se anunció también que el consumo privado bajó -0.8% con respecto a marzo del 2018 (la primera vez que decrece en términos anuales desde diciembre del 2012) y que las ventas de automóviles se redujeron en mayo -11.3% con respecto al mismo mes del 2018, el peor nivel de ventas para el mes de mayo desde el 2014, ligando cuatro meses de caídas consecutivas.
Los analistas especializados afirmaron que la contracción de las ventas de automóviles en el país, un sector que es considerado de gran importancia en algunos estados por su efecto multiplicador, se debió a factores como un entorno de crecimiento a la baja, a la contracción de la confianza del consumidor desde abril y a la baja disponibilidad de las familias para acceder a un crédito (por recortes en el gasto público y el desempleo).
Con estos antecedentes como telón de fondo, en la primera semana de junio, dos de las más importantes calificadoras de riesgo crediticio modificaron las calificaciones del riesgo soberano de México. Mientras que Moody’s cambió la perspectiva de su calificación a Negativa (desde Estable), Fitch Ratings redujo la calificación del país.
La primera argumentó su preocupación sobre dos rubros que podrían tener efectos negativos en el crecimiento y el comportamiento de la deuda, a saber, las políticas impredecibles que merman la confianza de los inversionistas y las perspectivas económicas a mediano plazo, y el menor crecimiento aunado a cambios en la política energética y el papel de Pemex, que podrían inducir riesgos para la perspectiva fiscal del país.
La segunda calificadora argumentó que la petrolera estatal y su deuda continúan siendo un riesgo para las cuentas públicas. Además, sostuvo que existe una debilidad en las perspectivas macroeconómicas del país y que los objetivos fiscales que la actual administración se ha fijado para el 2020 serán difíciles de alcanzar. Hizo especial énfasis en la nueva política energética que está enfocada en fortalecer a Pemex, generando incertidumbre entre los inversionistas del sector.
En pocas palabras, ambas calificadoras explicaron que la incierta toma de decisiones que México ha mostrado ante inversionistas extranjeros en los últimos meses ha comenzado a minar la confianza desarrollada en años anteriores.
Como rezarían los clásicos: los demonios andan sueltos. Menos mal que se llegó a un acuerdo en materia de los aranceles con los que el presidente Trump había amenazado a nuestro país (quizá sin medir en su justo valor que al final los afectados serían los consumidores estadounidenses).
Esperamos que la actual administración encuentre pronto la manera de regresar a los demonios a la caja de la que no debieron salir nunca. Estamos todavía a tiempo de evitar que se pierda por completo la confianza de los consumidores e inversionistas.