El poder electoral
El próximo año el poder electoral mantendrá su enorme relevancia, no sólo por las lecciones, diagnósticos y propuestas que dejaron los pasados procesos electorales, sino porque debemos seguir consolidando a las elecciones como un derecho humano fundamental, y es tarea de todos garantizar su integridad ante los retos que se presentarán ante escenarios cada vez más complejos.
El próximo año estarán en juego 14 procesos electorales —13 ordinarios y uno extraordinario (Colima)— y pondrá a prueba al poder electoral la disputa de 1,366 elecciones: 13 Gubernaturas en Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas; 965 ayuntamientos en todos las entidades federativas citadas agregando Baja California y exceptuando Puebla y Veracruz; 239 diputados de mayoría y 149 diputados de representación proporcional en la totalidad de los estados citados exceptuando Puebla. Enorme tarea y compromiso con la calidad en su función para poderes públicos, niveles de gobierno, organismos constitucionalmente autónomos y especialmente para las autoridades electorales y los partidos políticos.
Resultará determinante para el éxito ciudadano en dichas elecciones la adecuada dirección, ejecución, operación y vigilancia de: a) la designación de un magistrado de la Sala Superior y cinco magistrados en cada una de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a fin de identificar sus estilos jurídicos; b) el nombramiento de secretarios, directores y jefes de unidad de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) quienes habrán de acreditar capacidad y talento; c) la designación de los fiscales electorales locales, quienes se coordinarán con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y emularla en resultados; d) el nombramiento del ejercito de vocales, consejeros, capacitadores, monitores, enlaces, etc., que fungirán en las juntas y consejos locales y federales; e) las miles de coyunturas de negociación y cabildeo intrapartidistas para evitar el fenómeno de los tránsfugas; f) las decenas de movimientos de apoyo ciudadano por parte de los aspirantes a candidatos independientes; y g) la austeridad y transparencia que reduzca los enormes costos de nuestra democracia. La adecuada instrumentación de estos temas reducirá riesgos y aminorará incertidumbres, fortaleciendo la confianza en los sistemas electoral y de partidos. No habrá que perder de vista el modelo de comunicación política, pues sin una adecuada regulación permite la promoción personalizada de servidores públicos con gastos millonarios; el pendiente sistema nacional de fiscalización; la eficaz distribución de competencias entre el INE y los OPLES. El acceso al poder exige profesionales que legitimen a nuestro estado constitucional democrático de derecho. El poder electoral —cada vez más centralizado— deberá acrecentar la participación ciudadana, mejorar las formas de hacer política y generar un clima genuino de gobernanza y justicia electoral que sea avalado por la opinión pública.
* Especialista en Derecho Constitucional