El Economista (México) - Previsión
Pedro Vásquez Colmenares -
Pensiones en riesgo: Banco Interamericano de Desarrollo.
A FINALES DEL 2015 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó un extenso estudio con el diagnóstico y las recomendaciones de cómo evitar el aceleramiento y ampliación de la crisis de las pensiones en México. Sus opiniones y propuestas fueron ampliamente comentadas dentro del sector financiero y analistas del sector privado, pero merecieron un claro silencio por parte de la autoridad hacendaria. Pareciera que desde el gobierno federal no se quiere tocar de frente el tema de las pensiones de reparto, la insuficiencia de las pensiones del IMSS y la injusticia de la subcobertura de seguridad social.
Recientemente tocó el turno al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) exponer su visión de las amenazas de las pensiones en México. En un claro documento titulado “Pensiones en México: entre la responsabilidad social y la sustentabilidad financiera”, el banco de desarrollo presenta una agenda de ruta de temas impostergables de atender en una solución sistémica e interconectada.
El trabajo fue elaborado por la División de Mercados Laborales y Seguridad Social, sus resultados, compilados por el especialista David S. Kaplan, reconocido economista laboral y gran conocedor de la realidad de los mercados laborales y la seguridad social en América Latina.
La primera premisa del trabajo es que los escenarios de pensiones en México y casi todos los países están indefectiblemente ligados a la estructura y características de los mercados laborales. Es decir, afirma el BID, “la baja cobertura contributiva (formal) y los bajos montos de las pensiones representan un problema de protección social”.
En efecto, en México sólo cuatro de cada 10 trabajadores contribuyen regularmente a la seguridad social, y además lo hacen aportando una cantidad irrisoria: 1.125% de su sueldo de cotización. Con esta baja contribución, “el sistema de pensiones se ha convertido en un problema fiscal y los costos fiscales seguirán subiendo” plantea el BID.
Una reforma integral al sistema de pensiones —afirma el BID— no se puede lograr si no se articulan simultáneamente reformas fiscales, laborales y de seguridad social. Si el meollo de las pensiones es cómo asegurar su suficiencia, equidad y sostenibilidad en el tiempo, es necesaria una visión integral entre estas diversas reglas condicionantes de las pensiones como seguridad contra la vejez en un mercado laboral.
Para documentar su dicho, Kaplan pasa a recordar las características del entorno de las pensiones en México. Primeramente señala que para mediados del 2017, sólo 37.5% de los trabajadores mexicanos tenía seguridad social a través de su empleo. Un resultado funesto después de 70 años de seguridad social formal mexicana. Ni la mayoría de los trabajadores informales, ni los trabajadores independientes están ahorrando para su vejez, y ni qué decir de las trabajadoras domésticas, que tienen todos los componentes de exclusión enfrente.
En segundo término, el estudio del BID recuerda que en México la cobertura de las pensiones contributivas, las del IMSS e ISSSTE principalmente, ha estado estancada desde hace más de una década, sin rebasar 26% de adultos mayores de 65 años y más. Únicamente han crecido, mal y mucho, las pensiones no contributivas que regalan los gobiernos locales, no con fines previsionales ni de equidad, sino como vehículo de posicionamiento político y movilización electoral. Este crecimiento desigual desordenado y clientelar en nada ayuda al comportamiento en el mercado laboral ni motiva la formalización de la economía.
Así que una primera recomendación de este reciente análisis del BID sobre las pensiones en México es no empeorar el mercado laboral si se desea mejorar los escenarios de pensiones.
Luego, el documento del BID plantea la integración de pilares contributivos y no contributivos. Es decir, recomienda resolver legalmente la injusticia enorme detrás de las reglas actuales, donde un trabajador que cotice al IMSS sólo 1,249 semanas de las 1,250 semanas que exige la Ley del Seguro Social no podrá recibir una pensión vitalicia, y aunque tendrá sus recursos ahorrados en su cuenta individual, sí será elegible para una pensión de adulto mayor, que actualmente es de $580 pesos por mes en la CDMX. Por el contrario, un trabajador que cotizó las 1,250 semanas sí tendrá derecho a una pensión garantizada, típicamente subsidiada por el Estado, y puede o no recibir la pensión para adultos mayores, según las reglas de operación de la entidad federativa de que se trate.
El tercer asunto que aborda en sus recomendaciones el BID es aumentar la contribución obligatoria a pensiones, pues 6.5% de ahorro mensual es totalmente insuficiente. Esta tasa de ahorro, una de las dos más bajas de América Latina, no generará pensiones mayores a 30% del último sueldo. Si a esto se le suma que los trabajadores mexicanos observan una baja densidad de cotización a lo largo de su vida laboral, el problema de la contribución se amplifica. En círculos académicos y estudios técnicos se habla de que la contribución mínima a pensiones en México debía ser de 11.5% y revisarse una vez cada 10 años.
La Unidad de Mercados Laborales del BID es muy aguda al señalar que los escenarios de deterioro de las pensiones en México son totalmente predecibles. Por un lado, la población adulta mayor más que se triplicará para el 2050, lo que necesariamente conllevará un mayor gasto público anual. Sólo entre el 2013 y 2018 los gastos en pensiones contributivas crecieron 37% y los de no contributivas, 24%, según estimaciones recientes del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.
La cuarta reflexión del BID es que la reforma de pensiones en México debe ser parte de una reforma fiscal más amplia. Sólo el envejecimiento poblacional exigirá modificaciones fiscales para enfrentar los gastos de una mayor población vulnerable y dependiente.
La quinta reflexión del BID es regular las pensiones no contributivas para adultos mayores como pilar formal del sistema previsional, en vez de continuar como hasta ahora con sistemas clientelares y voluntaristas que muestran inequidades y crecimientos erráticos e impredecibles.
Una sexta recomendación de este estudio de pensiones es contestar la pregunta: “¿Quién debe encabezar la rectoría del tema de pensiones en México?”. Hoy por hoy, como lo he apuntado en mi libro Pensiones en México, la
Próxima Crisis, el problema de las pensiones no tiene dueño, y esta vaguedad de responsables sólo pospone las soluciones y agranda el boquete fiscal. El BID recomienda estudiar el funcionamiento del nuevo Comité Actuarial en El Salvador, pues a través de esta instancia legal se determina y revisa el monto de la pensión mínima, se supervisa la sostenibilidad financiera del sistema, se realizan los estudios actuariales con metodologías homogéneas y se presentan recomendaciones periódicas a la Asamblea Nacional.
Finalmente, el BID expone diversas recomendaciones para la institucionalización de una solución a la crisis de las pensiones, entre las que destacan universalizar la pensión contributiva, conectar legalmente los pilares solidarios, obligatorios y voluntarios, elevar las contribuciones e indexar los parámetros del sistema como la edad mínima de jubilación.
Felicito al Dr. David Kaplan por este gran esfuerzo analítico del BID, e invito al amable lector a revisar el material en https://www. slideshare.net/davidscottkaplan/pensionesen-mxico-entre-la-responsabilidad-socialy-la-sustentabilidad-financiera/1 . Ojalá el próximo gobierno federal tenga claros los riesgos de las pensiones y comience a actuar frente a este tsunami de las pensiones.