CUIDE A SU INSTITUCIÓN DE DINERO SUCIO

LAS UC CORREN UN RIESGO MEDIO – ALTO DE TENER RECURSOS DE DUDOSA PROCEDENCIA

En los últimos años, la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo ha sido una de las prioridades en el mundo por los efectos negativos que éstos representan en la integridad de las instituciones y los sistemas financieros de los países.

De acuerdo con datos de la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México, elaborada por la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Procuraduría General de la República, el Banco de México y el Poder Judicial de la Federación, las Uniones de Crédito corren un riesgo medio – alto de tener entre sus recursos dinero de dudosa procedencia.

En ese sentido, es muy importante contar con los sistemas y las estrategias adecuadas para evitar pasar por una situación como esa. De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI), las instituciones financieras deben tomar medidas como no mantener cuentas anónimas o bajo nombres ficticios; para llevar a cabo procedimientos de debida diligencia respecto del cliente, entre ellas la identificación y verificación de la identidad de sus clientes; cuando exista la sospecha de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

De igual manera, puntualiza que deben verificar la identidad del cliente mediante documentos que los avalen, así como datos e información de una fuente que sea independiente y confiable.

Asimismo, la dependencia destaca poner especial atención a cualquier amenaza de lavado de activos que surja a raíz de tecnologías nuevas o en desarrollo que favorezcan el anonimato, y adoptar medidas, si fuera necesario, para impedir su utilización en actividades de lavado de activos.

En ese sentido, comenta que las instituciones financieras deberían instaurar políticas y procedimientos para hacer frente a cualquier riesgo específico asociado con las relaciones comerciales u operaciones que no impliquen la presencia física de las partes interesadas.

También, detalla que es esencial contar, al menos cinco años, con todos los documentos necesarios sobre las operaciones realizadas, tanto nacionales como internacionales, que les permitan cumplir rápidamente con las solicitudes de información de las autoridades competentes.

“Esos documentos deberían permitir reconstruir las diferentes operaciones (incluidas las cuantías y los tipos de moneda utilizados) con el fin de aportar pruebas, si fuera necesario, en el caso de acciones judiciales por conductas delictivas”, señala la GAFI.

Además, el organismo recomienda almacenar registro de los datos de identificación de sus clientes obtenidos a través del procedimiento de debida diligencia (por ejemplo, copias o registros de documentos de identidad oficiales como pasaportes, cédulas de identidad, permisos de conducir o documentos similares), los archivos de cuentas y la correspondencia comercial durante no menos de cinco años después de haber concluido la relación comercial.

Igualmente, pide que en caso de que tuviera razones para suponer que algunos fondos son de dudosa procedencia o que están relacionados con el financiamiento del terrorismo, se les tiene que exigir, directamente por ley o reglamentación, que reporten dicha situación a las autoridades correspondientes para que revisen el caso.

Por otro lado, explica que toda institución financiera tiene que desarrollar programas para combatir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Estos programas deberían incluir: el desarrollo de políticas, procedimientos y controles internos, incluyendo dispositivos apropiados para gestionar el cumplimiento, y procedimientos de detección adecuados para asegurar que haya un estándar elevado para la contratación de empleados; un programa permanente de capacitación de empleados; así como una función de auditoría para hacer pruebas sobre el sistema.