El Economista (México) - Uniones
Adaptación ante el nuevo gobierno
Después de las elecciones y ante una serie de acontecimientos como: el resultado de las negociaciones del NAFTA, la actitud y discurso del Ejecutivo frente a las instituciones, los desequilibrios que atraviesan los contrapesos del poder, la basta regulación que deben enfrentar los intermediarios y la llamada RegTech y SupTech, vale la pena pensar en las razones que han originado los acontecimientos para saber: ¿Cómo afectarán el rumbo de las Uniones de Crédito (UC) cuya cartera crediticia comercial al cierre de septiembre de 2018 se ubica en 50,978 millones de pesos y presenta un muy aceptable ritmo de crecimiento para las pymes?
Conforme al Reporte sobre el Sistema Financiero emitido por el Banco de México, se aprecian diversas condiciones microfinancieras que inciden en la divergencia en el ritmo de crecimiento entre las principales economías, la volatilidad en los mercados internacionales y un menor apetito por el riesgo en un contexto de tensiones comerciales a nivel global, la continuidad en el retiro del estímulo monetario en EU, y la relación trilateral EU, Canadá y México.
La expectativa de crecimiento de la economía mexicana por el Fondo Monetario Internacional es a la baja, en tanto que la de nuestros socios comerciales va a aumentar por su ritmo de expansión, esto incrementaría la tasa de interés en EU presionando la inflación en México, el tipo de cambio y el índice de volatilidad de nuestra moneda.
El sistema bancario se encuentra capitalizado, se muestra en los índices de capitalización, indicador donde las Uniones de Crédito no son la excepción, presentando niveles por encima del mínimo regulatorio.
No obstante, las uniones descansan más de 70% de su fondeo en los préstamos de socios y el resto prácticamente en los fideicomisos de fomento y banca de desarrollo, por lo que deben prestar atención a los efectos que pudieran incidir en el comportamiento del portafolio de sus fondeadores.
Para el sector empresarial mexicano, cuyo financiamiento está otorgado en 2/3 partes por la banca, en tanto que 30% del financiamiento proviene de otras fuentes, entre ellas las Uniones de Crédito, durante el 2018 el saldo promedio de los créditos a las empresas aumentó, en tanto que la morosidad de la cartera se mantiene en niveles bajos de 2.85%, 0.21 puntos porcentuales mayor que en septiembre del 2017.
Este panorama y la actitud del presidente de la República, donde impera la descalificación, señalamientos sin pruebas, ausencia de legalidad y desprecio al Estado de Derecho, debe servirnos para visualizar que, de actualizarse la hipótesis de mayores medidas proteccionistas, mayores tasas de interés en EU, un dólar mucho más fuerte y menor crecimiento en México y la posibilidad de enfrentar nuevamente una crisis, el Banco de México tiene claro que los riesgos del sistema financiero mexicano en su conjunto son: Aumento del riesgo de crédito. Deterioro de los índices de morosidad. Mayores primas de riesgo, y sus efectos sobre las condiciones de crédito.
Contracción del financiamiento a la economía.
Afectaciones sobre los tipos de riesgos. Escasa liquidez en los mercados de renta fija o cambiario.
Con los anuncios formulados por el equipo de asesores del presidente, la cancelación de la obra pública del aeropuerto, entre otros, generó que las evaluaciones de las agencias calificadoras disminuyeran su confianza en México, incluso considerando los sólidos fundamentos macroeconómicos que aún mantiene el país.
Advierto que hay signos que han señalado algunos riesgos que pudieran incidir negativamente sobre la perspectiva de riesgo crediticio para México: la incertidumbre, madre de la desconfianza, enemigo de los mercados y que, durante décadas, ha hecho daño a México. Para contrarrestarla, generar confianza y adelantarse a las consecuencias de los actos de gobierno, será necesario confiar en que las autoridades de México echen mano de las herramientas que tienen para mitigar los riesgos, requerir mayores niveles de capital, limitar el apalancamiento, exigir adecuada gestión del riesgo, vigilar el aumento del financiamiento, mejorar los regímenes de resoluciones de intermediarios financieros, concientizar a la alta dirección de los intermediarios de que es indispensable obligarlos a respetar los códigos de ética, utilizar sanas prácticas bancarias y cuidar los riesgos de las operaciones relacionadas.
Para las UC, la manera de disminuir estos riesgos es cuidar el crecimiento de la cartera, administrar mejor sus riesgos, mantenerse apalancadas, prevenir fraudes, ajustarse más a las sanas prácticas bancarias, procurar invertir en ciberseguridad , respetar a sus au- ditores externos y mejorar su control interno. Sobrevivirá quien logre adaptarse a las nuevas circunstancias del país y encuentre oportunidades en la época de crisis.
Las UC, principalmente las de grupos económicos donde operan con sofomes, arrendadoras o cualquier otro, deben implantar un adecuado gobierno corporativo, apartarse de la “administración familiar” y extender los controles y regulación microprudencial de la unión a todas las entidades del grupo cuando exista una clara vinculación, sólo así podrán controlar un poco más los riesgos a que están expuestos y evitar los contagios.
Aquellas UC con sofomes pueden aprovecharlas y crear nuevos productos ampliando la oferta, muchas de estas sofomes operan productos de nómina y pueden ahora tener el apoyo regulatorio permitido en la Circular 15/2018 del banco central, mediante la cual consideran la cuenta de nómina como fuente de pago y garantía de créditos que la persona tenga con otras instituciones.
Con la regulación de las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) las uniones pueden invertir en el capital social de éstas, contando con estructuras de gobierno y procesos de administración de riesgos efectivos para identificar, administrar y monitorear los riesgos asociados con el uso de tecnologías, adelantándose a su competencia.
La necesidad del mercado para las ITF es contar con intermediarios que puedan abrir cuentas eje sin temor de que éstas sean cerradas. Estas estructuras deben incluir solidez estratégica y comercial adaptando los planes de rentabilidad en vista de las nuevas tecnologías.
Los supervisores deberán: mejorar la gestión de riesgos para afrontar los cambios tecnológicos y de procesos de negocios; implementar los Principios del Comité de Basilea para riesgo operacional con los desarrollos de fintech, y monitorear el cumplimiento de los requisitos legales, la protección del consumidor, la protección de datos personales y la prevención de lavado de dinero.
Gran Bretaña está en arreglos con el gobierno de México para participar en un programa que permita aprovechar la experiencia que tienen en temas de tecnologías aplicadas a los productos financieros, esperemos que nuestro país sepa aprovechar la experiencia y se deje asesorar, alineando los objetivos de gobierno con el impulso de la Iniciativa Privada.
Para garantizar seguridad jurídica y que el país mantenga una esperanza de crecimiento será esencial que los contrapesos al poder del presidente de México no se eliminen, se requiere fortaleza e independencia en el Poder Judicial para lograr el equilibrio, si a nivel nacional no se lograse, seguramente muchos particulares acudirán a las cortes internacionales a defender sus intereses afectando la reputación del país.