El negocio del poder
La Constitución confiere el poder de usar la fuerza para hacer cumplir la ley a quienes juraron cumplir y hacer cumplir la ley. Esto, en la práctica, no sirve de nada.
Resulta claro en estos días que algo que mueve a la humanidad es la búsqueda del poder. Lo podemos ver en diversas circunstancias, desde el juego de los partidos políticos, los miembros de los partidos políticos, los políticos en funciones y los aspirantes a políticos, aunque ahí no termina todo. Para los empresarios resulta claro que tener el poder les permite no sólo asegurar su negocio y utilidades, sino hacerlos crecer hasta alcanzar dimensiones ignominiosas, que para el común de la población resultan indignantes.
En este juego del poder, la ciudadanía deposita en el gobierno su confianza para que le defienda de los abusos derivados del poder y éste, en respuesta, diseña leyes y reglamentaciones para que los empresarios y los funcionarios públicos no se excedan en el ejercicio de sus funciones y en sus actividades y respeten los derechos mínimos de los ciudadanos. Las muchas comisiones y organismos autónomos son parte de la respuesta que piden los ciudadanos para sentirse mínimamente protegidos, aunque es más que obvio que en los últimos años, y conforme pasa el tiempo, la labor de estos organismos es inútil. Todos ganan a costa de los ciudadanos, abusando, engañando, haciendo trampa; o de plano, simplemente jugando el juego de compartir el poder y sus beneficios con el gobierno y sus criaturas.
Los sindicatos y organizaciones de profesionistas, o las famosas uniones de trabajadores -en especial los que alguna vez aportaron su voto masivo, corporativo, para hacer triunfar a un partido o algún candidato- son el primer ejemplo. Estamos siendo testigos de que si hoy el gobierno no actúa, siendo que la Constitución le confiere el poder para usar la fuerza para hacer cumplir la ley, y no obstante que en su toma de protes- ta juraron cumplirla y hacerla cumplir, esto en la práctica, no sirve de nada. Los autodenominados maestros se han apoderado de varias ciudades, desquiciándolas y haciendo que los vecinos paguen por su impertinencia. No hay ley laboral, ni contratos, ni acuerdos que hagan que estos pobres diablos entiendan que son sólo los servidores púbicos más humildes, cuya misión es educar bien a la niñez y juventud, nada más el futuro del país. Triste futuro nos espera.
Para todos aquellos que utilizan un dispositivo móvil para comunicarse por trabajo o con sus amistades, debe resultar sólo un poco frustrante constatar que el servicio de conexión es bastante malo. Tenemos a los peores oferentes del servicio de comunicaciones; el precio no es precisamente el más barato y, no obstante, seguimos padeciendo el dominio del poderoso magnate, dueño de la mayoría del servicio e inmune ante una autoridad mojigata, que finge que defiende a los usuarios, sin atreverse verdaderamente a poner orden en este desquiciado servicio. Otro de los ejemplos del juego del poder del más fuerte contra el más débil es el servicio de taxis. Los famosos autorizados y concesionados se quejaron porque entraron dos nuevos competidores con mejores servicios, más baratos y seguros; y el gobierno, en contrapartida, dice que los va a regular. Vaya respuesta más brillante. Es claro que los descerebrados que dijeron esto nunca han solicitado un servicio de sitio de los llamados “centros de privilegio” como las plazas comerciales, en donde habiendo claramente una regla que dice que deben cobrar la tarifa de sitio con taxímetro, simplemente dicen “es la cuota” y cobran un dineral, mucho más caro que sus nuevos competidores. ¿Cuánto va a aguantar la sociedad?