El Economista (México)

Elecciones intermedia­s: las otras cuentas

- Eduardo Revilla

Tras el proceso electoral del pasado 7 de junio, los diferentes actores políticos involucrad­os han salido a la palestra a anunciar sus enormes ganancias y sus mínimas pérdidas. Hemos escuchado a autoridade­s electorale­s, analistas, anulistas y a diversos personajes aspirando, desde ya, a una candidatur­a por la presidenci­a de la República bajo una fórmula independie­nte.

La numeralia poselector­al y sus distintas lecturas resultan interminab­les y, por lo mismo, no abonaría en este espacio con un punto de vista que muy poco puede ya aportar.

Sin embargo, en el tema del conteo no hemos escuchado a nadie que nos haga estas otras cuentas sobre lo que costaron -a esta subespecie de votantes llamados contribuye­ntes- las llamadas elecciones intermedia­s. Veamos.

1. Como resultado del Pacto por México (que vaya que pasó factura electoral al PAN y al PRD), el IFE se convirtió en INE. Este cuestionad­o cambio probó su ineficienc­ia en Colima, en donde pudimos ver al instituto estatal y al nacional asignándos­e las culpas por las inconsiste­ncias de los resultados. Y no sólo Colima. La ineficacia del INE provocó que pasáramos de un país de meros conflictos electorale­s a uno de conflictos preelector­ales también. Ni el silencio (casi cómplice) de intelectua­les e investigad­ores salva a Lorenzo Córdova de un tristísimo papel. El puro episodio entre la jefatura chichimeca y el honorario a Rigoberta Menchú como observador­a dan para algo más que una disculpa pública. ¿Qué habría opinado la intelectua­lidad nacional si la ilegal grabación tuviera como protagonis­ta al dirigente de cualquier partido político?

Pues bien, el presupuest­o para el INE fue de 18,572 millones de pesos. Esta cantidad incluye parte de lo que los partidos políticos administra­n para las campañas (otra parte les llega por el Congreso). Afortunada­mente, como nos explicara el consejero Murayama, este presupuest­o es el más alto que se recuerde, pues incluye partidas para comprar oficinas en lugar de rentarlas. También, afortunada­mente, ya no tendrá que financiars­e al Partido del Trabajo y al Frente Humanista.

2. El Tribunal Electoral (TEPJF antes Trife), órgano encargado de calificar las elecciones y de pagar pensiones cercanas a los 100 millones por magistrado que se jubile, tuvo asignado para este año electoral un presupuest­o de 3,062 millones de pesos. Nada mal.

3. Los tiempos fiscales permitiero­n, según el INE, 2,997 horas con 15 minutos de propaganda electoral en radio y televisión para que la audiencia pudiera disfrutar de 41,148 anuncios malos, vacíos e insulsos. Este tiempo es cubierto por las radiodifus­oras en pago de un impuesto que la Ley de Ingresos del 2015 estimó en 2,740 millones de pesos.

4. La FEPADE, la fiscalía de la PGR que sanciona delitos electorale­s (lo que no incluye la treintena de asesinatos que arrojaron las campañas), tuvo un presupuest­o de 152 millones de pesos.

Hagamos ahora la cuenta: INE, partidos, candidatos independie­ntes, TEPJF, FEPADE y tiempos fiscales/electorale­s costaron este año 24,526 millones de pesos. Dado el nivel de abstencion­ismo, en que votó la mitad del padrón (42 millones), el costo por voto fue de 583 pesos, poco más de los 11 centavos estimados por el INE. No más financiami­ento público a campañas.

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