LEGISLATURA TIENE AGENDA SATURADA PARA APROBAR NUEVAS LEYES Y REGLAMENTOS
Ley de Obras Públicas, parada hace seis meses
Esa reforma permitiría aplicar al gasto de los próximos tres años la nueva normatividad
LA POSTERGACIÓN, durante más de seis meses, de la discusión de la minuta que reforma la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) en el Senado de la República, ha postergado la regulación eficiente de los procesos y contratación de obra del gobierno federal.
El documento fue aprobado por los diputados el 9 de diciembre del año pasado, un mes después de que el Presidente Peña Nieto envió a la Cámara Baja la propuesta, que contó con la aprobación de los principales actores de la industria: la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el Colegio de Ingenieros Civiles y la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría.
A finales de abril —casi al concluir el primer periodo ordinario de sesiones—, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial del Senado, presidida por el panista Francisco Búrquez, llevó a cabo un foro de análisis a la minuta de la Ley de Obras Públicas, y desde entonces el tema no ha avanzado en el Senado.
El objetivo de los cambios es agilizar y garantizar la eficiencia en los procesos de contratación y ejecución de obra pública, así como otorgar cer- tidumbre y transparencia al gobierno, contratistas y sociedad respecto de los mismos. Igualmente, un objetivo explícito de la legislación es promover la formalidad entre los contratantes.
El Programa Nacional de Infraestructura prevé inversiones por 7.7 billones de pesos, casi el doble de lo que se invirtió en infraestructura el sexenio pasado, durante el periodo 20142018. De aprobarse los cambios a la ley, buena parte de ese gasto se esta-
ría ejerciendo bajo los términos de la nueva legislación.
Entre las novedades de la minuta se encuentra la creación de una gerencia de proyecto, una figura que se instituirá para comandar la planeación, organización y ejecución de obras prioritarias con presupuestos mayo- res a 5,000 millones de pesos.
Asimismo, contempla el uso de la plataforma electrónica CompraNet como herramienta fundamental para el seguimiento de la obra pública, tiempos de construcción y entrega de obras.
En su artículo 29, la minuta de la LOPSRM considera que las entidades y dependencias deberán optar, en igualdad de condiciones, “por personas físicas y empresas mexicanas, y por las empresas que tengan su domicilio fiscal en las entidades federativas donde se realizarán los trabajos”.
Sin embargo, a decir de la Comisión Federal de Competencia Económica —que emitió una opinión en febrero pasado sobre la minuta—, dicho agregado podría generar ventajas indebidas a favor de determinados agentes económicos, disminuir la presión competitiva de los procesos y “favorecer a licitantes que no necesariamente son los más eficientes o los que presenten las mejores ofertas”.
Instancias como México Evalúa han sido críticas de otros aspectos del documento, como su omisión de mecanismos para controlar los conflictos de intereses o la definición que establece como proyecto prioritario susceptible de tener una gerencia de proyecto sólo a aquel que rebase los 5,000 millones de pesos en inversión, cuando existen otros de menor presupuesto que también requieren una gerencia sofisticada, como aquellos que requieren coordinación de entidades federativas.