La nueva Ley de la Tesorería abatirá la corrupción en México
Contribuirá a dar estabilidad a las finanzas públicas ante menores ingresos petroleros
IRENE ESPINOSA Cantellano, tesorera de la Federación (Tesofe), aseguró que la nueva Ley de la Tesorería de la Federación (LTF), que entró en vigor el 1 de enero del 2016, contribuirá a abatir la corrupción y mejorar la rendición de cuentas en México en sus tres órdenes de gobierno.
“La nueva ley es una iniciativa importante por parte del Ejecutivo que se presentó en un periodo donde se vive un entorno económico complejo. Seguiremos siendo una tesorería de vanguardia para posicionarnos como un referente a nivel mundial”, argumentó.
En entrevista con El Economista, consideró que la ley, además, contribuirá a darle estabilidad a las finanzas públicas ante un entorno de menores ingresos petroleros y ajustes presupuestales.
La titular de la Tesofe recordó que la nueva ley deroga la anterior Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, que data del 31 de diciembre de 1985.
En tanto, la Tesorería es la unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda encargada de la gestión financiera de los recursos y valores del gobierno, incluyendo la recepción de ingresos y la ejecución de los pagos con cargo al presupuesto. Yo creo que sí. Justamente al centralizar los recursos se tiene un mayor control de los mismos. En un ambiente de restricción presupuestal, es un ingrediente básico para hacer más con menos y alcanzar un control estricto de los recursos.
La ley nos da mayor fuerza para obligar a que las dependencias o entidades mantengan los recursos en la Tesorería, y no soliciten dinero sólo para transferirlo a sus cuentas bancarias y darle otro uso.
Nos permite —internamente— contar con información precisa para saber cómo va la ejecución del presupuesto, contamos con información de qué es lo que se pagó, para qué, a quién, etcétera.
Por lo tanto, sí ayuda y es un ingrediente importante para darle fortaleza a las finanzas públicas ante un ambiente como el que estamos viviendo. La nueva ley refleja la realidad actual en la que hoy se desempeña la Tesorería, y el funcionamiento del sistema financiero nacional.
Muestra las funciones que llevamos a cabo diferentes entidades dentro de la administración pública federal, pero, sobre todo, incorpora a nivel de ley buenas prácticas internacionales que aseguran que tengamos un manejo eficiente de las disponibilidades financieras y que operemos bajo principios de transparencia y rendición de cuentas.
Además, parte de la centralización de los recursos financieros, es decir, que se le da a la Tesorería la atribución de centralizar los recursos de las dependencias y las entidades, en lugar de que se transfieran los recursos del presupuesto a cuentas bancarias de dependencias y entidades.
La Tesorería funciona como el banco del gobierno federal en donde se mantienen los recursos del presupuesto que tienen asignados los diferentes ramos, secretarías y dependencias.
Además, realizamos los pagos -por instrucción de las dependencias- directamente por depósito en las cuentas de los beneficiarios finales; ello contribuye a cumplir con el mandato de la transparencia y la rendición de cuentas.
Esto nos ha permitido que reduzcamos los gastos del gobierno en comisiones bancarias, que tengamos mejores condiciones de inversión de los recursos (porque están centralizados); también el uso de los medios electrónicos de pago nos da una mayor certeza y seguridad sobre el manejo y el destino de los recursos.
Son algunas de las ventajas que al ponerlas a nivel de ley nos permiten darle permanencia a un modelo operativo donde ya no hay marcha atrás; la LTF es una garantía para las finanzas públicas y para los ciudadanos al saber que hay reglas claras que lo que buscan es seguir impulsando con las buenas prácticas. Nosotros ya observábamos que la ley de 1985 desde hacía tiempo era obsoleta. De hecho, trabajamos en el borrador de la nueva ley desde hace dos años; a partir del cambio en el modelo operativo, nos valimos de otros instrumentos jurídicos para darle sustento.
La nueva ley no nos lleva a un nuevo modelo, ya lo habíamos implementado —con la ley de 1985— pero se basaba en disposiciones diferentes a la ley de Tesorería; teníamos un menú disperso en diferentes mecanismos normativos.
Era claro que teníamos que cambiar y tener una ley de Tesorería en la materia, pero que ya incluyera nuevos principios. El compromiso del gobierno es darle solidez y fortaleza a este nuevo modelo operativo para ponerlo a nivel de ley. La nueva ley se apega a todo el marco jurídico general respecto del incumplimiento de todas las leyes y respecto de sanciones económicas se establecen dos vertientes.
La primera de ellas tiene que ver con el cumplimiento en tiempo y forma de la ley, y también de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Es decir, cuando una dependencia tendría que enterarle a la Tesorería un recurso y no lo hace se establecen cargas financieras para resarcir al erario público por entregar los recursos de manera extemporánea.
Otra parte de sanciones que aborda la nueva ley, una de las áreas que se complementó con la de 1985, es que se le dio más claridad a las sanciones que se pueden imponer en las actividades de vigilancia, una función muy importante de fiscalización.
Es decir, perseguir el dinero para vigilar que cualquier ente, incluso los privados que manejan recursos públicos (como los bancos que son auxiliares en la recaudación), pueda ser auditado para conocer el destino del dinero.