Pensiones llegarán a 6% del PIB, advierten
Los pagos que realiza el gobierno federal por este concepto en la actualidad representan 2% del PIB y 17% del gasto programable
PARA QUE el gobierno federal pueda seguir pagando las pensiones de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como de universidades estatales y de las entidades federativas tiene dos opciones: cobrar más impuestos o recortar el monto de la pensión, coincidieron expertos.
“Las pensiones que están a cargo del gobierno federal van a ser un tsunami; ahorita estamos destinando alrededor de 2% del Producto Interno Bruto (PIB) para el pago de esas pensiones; pero, de no hacer nada, esos recursos van a representar hasta 6% en el 2030”, dijo Tapen Sinha, experto en pensiones del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Refiere que los bajos ingresos petroleros que está percibiendo el gobierno federal podrían poner en riesgo el monto que se paga cada año, o bien, las finanzas públicas del país, pues aunque se están registrando grandes montos de ingresos tributarios, no sería bueno que éstos sólo se destinaran al pago de pensiones.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el 2016 se destinará un total de 611,261 millones de pesos para el pago de pensiones de los organismos ya mencionados; este monto representa 17% del gasto programable.
Tan sólo de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad serán 80,070 millones de pesos; mientras que para el IMSS y el ISSSTE se asignaron 446,442 millones de pesos y para los ramos generales donde se ubican las aportaciones a estados y municipios la suma es de 435,873 millones de pesos.
GENERACIÓN INSOSTENIBLE
Gerardo López, experto en pensiones de la Universidad Panamericana, comentó que estos organismos se encuentran bajo el antiguo régimen de beneficio definido, donde la empresa o el Estado son los que financian las pensiones de los trabajadores, lo cual, ante una mayor esperanza de vida y de la población, se está volviendo insostenible.
Indicó que el problema principal radica en la llamada “generación de transición”, que se refiere a las personas con las que el gobierno se comprometió a pagarles una pensión en caso de que decidieran jubilarse bajo el esquema anterior, que es el de beneficio definido.
“Esto es un costo que el gobierno debe cubrir con cargo a su presupuesto federal y ese costo cada vez se está incrementando, porque los trabajadores no están eligiendo el sistema nuevo (afores) sino el anterior”, expuso.
Con respecto a la propuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de llevar a cabo un esquema de prorrateo, donde la pensión de estos trabajadores esté dividida en dos partes, Tapen comentó que no funcionaría en México.
“El prorrateo es básicamente recortar las pensiones de estos trabajadores, los que lo propusieron no saben lo difícil que sería implementar algo así en el país; habría miles de amparos (...), si el gobierno lo prometió, el ciudadano está en su derecho de exigir que se le cumpla”.
CREAR UN SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES
En un estudio, la OCDE recomienda armonizar las reglas para todos los planes de pensiones, con el objetivo fundamental de establecer un sistema nacional que sea igual para todos los mexicanos.
“Esta armonización deberá incluir los planes de pensiones para los trabajadores del sector privado y del público, así como los regímenes especiales para estados, municipios y universidades, entre otros”.
Según la Auditoría Superior de la Federación, existen más de 250 esquemas de pensiones identificados, ya sea directamente operados o subsidiados por el gobierno federal, y poco se sabe de lo que está pasando en los municipios chicos.
Refiere que de los 2,450 municipios que hay en el país, la mayoría carece de un sistema de pensiones formal, y las obligaciones de pensiones para los empleados municipales se pagan con gasto corriente.
“Durante las dos últimas décadas, 14 estados reformaron su sistema de pensiones, así como 27 de las 55 universidades públicas, una de las cuales adoptó el régimen de contribución definida”.