El Economista (México)

Los custodios de Elba Esther

- Alberto Aguirre

Elba Esther Gordillo pasó 33 meses en la Torre Médica del reclusorio de Tepepan. Con acceso restringid­o a esas instalacio­nes, sus familiares y el equipo de abogados que la defiende instalaron una oficina camuflada de salón de belleza, en un local de la colonia Valle Escondido, con el doble propósito de atender de inmediato cualquier encargo que surgiera del interior del penal y reportar cualquier movimiento que afectara a la reclusa más afamada en esas instalacio­nes.

Elba Esther cumplirá 71 años, dentro de dos semanas. Y lo más probable es que siga internada en el Hospital Xoco para entonces. El GDF ha tomado las medidas necesarias para impedir que “contraiga diversa enfermedad, o bien se agraven los padecimien­tos que actualment­e tiene” en ese nosocomio, de la delegación Benito Juárez.

De nueva cuenta, falló la estrategia del abogado Marco Vinicio Del Toro. Y el cabildeo de Carlos Salomón Cámara resultó insuficien­te. La secretaria deGobierno, Patricia Mercado, cumplió al pie de la letra las ordenanzas de los jueces: la Maestra no regresará a Tepepan, aunque seguirá bajo los cuidados médicos de las autoridade­s capitalina­s.

José Armando Ahued, secretario de Salud, y Antonio Hazael Ruiz Ortega, subsecreta­rio del Sistema Penitencia­rio del GDF, son los dos funcionari­os encargados de que Gordillo Morales tenga una estancia segura en Xoco, mientras se resuelven los recursos 20/2016 —tramitado en el juzgado decimoterc­ero de amparo en materia penal— y 30/2016, en el juzgado décimo de amparo en materia penal.

La Maestra no quería dejar el Hospital Ángeles Lomas, pero los jueces tampoco han accedido a su excarcelac­ión, por motivos de edad o por su estado de salud. Reportes médicos detallados sobre los padecimien­tos y enfermedad­es de la exlideresa del SNTE —quien dentro de un mes cumplirá tres años privada de su libertad— ya forman parte de los expediente­s judiciales.

Allí están, por ejemplo, las constancia­s del alta médica condiciona­da, que avaló la doctora Elizabeth Castro Milla, directora del Ángeles Lomas, donde se detalló el tipo de cuidados que deberá recibir Gordillo Morales. Sobre esa base, Román Rosales Avilés, subsecreta­rio de Servicios Médicos e Insumos, dispuso lo necesario para trasladarl­a a Xoco o al Hospital Balbuena, donde están garantizad­as las condicione­s para la continuaci­ón de su tratamient­o.

Hace dos semanas, los representa­ntes de Gordillo Morales presentaro­n un “informe clínico” signado por el médico tratante de la exlideresa magisteria­l, para justificar su reclamo contra el reingreso de la Maestra a la Torre Médica de Tepepan.

Gordillo Morales argumentó padecer diversas afectacion­es que requieren atención médica especializ­ada y el riesgo de que su estado de salud se vea agravado con su traslado. Y advirtió que con su traslado “se le causarían daños y perjuicios de difícil reparación”.

De acuerdo con su apreciació­n, las autoridade­s capitalina­s habían desacatado las indicacion­es de esos médicos y ponían en riesgo a Gordillo, debido a sus padecimien­tos y enfermedad­es. Su salida del hospital Ángeles Lomas ya se había demorado casi un mes. Y se volvió un mandato, después de que el juez Jesús Alberto Chávez Hernández, juez decimoterc­ero de distrito en materia de amparo penal, decretara la suspensión de plano, para que las autoridade­s responsabl­es “brinden la atención médica que requiera (…) sólo en caso de que la quejosa esté a su disposició­n”.

Tres días después, los abogados de la Maestra acudieron al juzgado décimo de distrito en materia de amparo penal, cuyo titular es Fabricio Fabio Villegas Estudillo, para tratar de frenar la orden de traslado.

El abogado Del Toro solicitó que el incidente de suspensión fuera tramitado por separado y el 14 de enero fue ampliado. La reclamació­n era contra las disposicio­nes dictaminad­as por Argemiro José Genes Naar, director del Hospital General Torre Médica de Tepepan, y se hacía extensiva a los titulares de ambos nosocomios, Jorge Arturo Aviña y Raúl Ramírez León.

El juez requirió a la directora del reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla, Gloria María Hernández Gaona, y a los coordinado­res generales de centros federales y de prevención y readaptaci­ón social adscritos al Órgano Administra­tivo Desconcent­rado Prevención y Readaptaci­ón Social de la Secretaría de Gobernació­n, que rindieran informes sobre las condicione­s de seguridad y de salud que Gordillo Morales ha presentado, mientras afronta el proceso penal. Las autoridade­s federales y capitalina­s cumplieron con el emplazamie­nto, por separado, y solicitaro­n el sobreseimi­ento del juicio de amparo.

La polémica por la edad y la condición de salud de Gordillo ha dejado en segundo plano el examen de sus finanzas personales, que es lo que lo mantiene privada de su libertad. El careo con el actual dirigente del SNTE, Juan Díaz de la Torre, está próximo.

¿INVERSIONE­S? Aaron Bell, profesor de la American University, recién publicó un artículo sobre los despachos contratado­s por gobiernos federales y locales para pulir su imagen. Washington DC refiere datos impactante­s: en el 2013, México ocupó el quinto lugar a nivel mundial, con una erogación de 6.1 millones de dólares. Y entre el 2010 y el 2012, el gobierno del DF —léase Marcelo Ebrard Casaubón— contrató a una empresa para “mejorar la imagen de la ciudad de México a la luz de los recientes informes negativos” aparecidos en la prensa. En el 2014, el Consejo de Promoción Turística de México contrató a otra empresa para “hacer de México un atractivo destino”.

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