Consignan a funcionarios de la unidad antilavado por
LA PROCURADURÍA General de la República (PGR) informó la consignación de Érika León Rodríguez, directora general adjunta de la Unidad Antilavado de la SEIDO; Carlos Abraham Moncada Bermúdez, fiscal, y Porfirio Francisco Hernández, agente de la Policía Federal, señalados de extorsionar al empresario Héctor Galicia, a quien exigieron hasta 2 millones de pesos por su libertad.
La PGR informó que otros cómplices de esos funcionarios, Raúl Es- calona Pardo, José Ramsés Fernández Sandoval y Francisco Javier Espinoza Meléndez, están considerados prófugos de la justicia.
La PGR explicó que la extorsión de estos funcionarios al empresario de venta de autos ocurrió el 2 de octubre del 2015, cuando Héctor Galicia fue abordado afuera de su oficina, ubicada en la colonia Vallejo, por cuatro sujetos que se identificaron como efectivos de la Policía Federal Ministerial de la PGR.
Los funcionarios le indicaron que tenían una orden para localizarlo y presentarlo a declarar ante la unidad antilavado de la SEIDO, debido a que había una averiguación previa en su contra por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Al tomarlo en custodia y durante el traslado, los elementos policiales solicitaron al empresario 500,000 pesos para “desaparecer” el expediente de investigación que supuestamente tenían en su contra.
Ya en las instalaciones de la SEIDO, fueron recibidos en la puerta de acceso vehicular por la titular de una de las fiscalías de la unidad antilavado, quien condujo al empresario automotriz a sus oficinas, donde lo amenazó con diversas frases sobre su posible consignación e internamiento en un penal federal.
Por indicaciones de su jefa, el agente del Ministerio Publico levantó una supuesta comparecencia del empresario, quien se habría “reservado” su derecho a declarar para que después le permitieran salir en libertad, pero en realidad todo lo anterior sólo fue la forma, a través de la cual los entonces funcionarios lograron amenazarlo para extorsionarlo, ya que la Visitaduría General comprobó la inexistencia de la averiguación previa en contra del empresario.