Los cabilderos de México
Ya sea para restaurar la imagen del país por problemas sanitarios —el brote de la influenza A H1N1 en el 2009— o por la inseguridad, autoridades mexicanas de los tres órdenes de gobierno han contratado asesores en comunicación y empresas de relaciones públicas asentados en Washington DC, pero con influencia en todo el hemisferio.
Una reciente revisión de los archivos de la Ley de Registro de Agentes Foráneos (FARA, por su sigla en inglés) acaba de ser hecha por Aaron Bell, profesor adjunto de Historia en la American University, y detectó a una treintena de naciones latinoamericanas con tratos con los cabilderos en el cuatrienio 2010-2014. Bahamas, por ejemplo, gastó 128.9 millones de dólares para la promoción turística, pero también para establecer contacto con los congresistas estadounidenses que buscan regular los paraísos fiscales.
El gobierno ecuatoriano, en cambio, gastó 1.1 millones de dólares en cabildeo, de los cuales, poco menos de la mitad fue destinada a la promoción de su reforma energética. Y también fueron detectados recientes esfuerzos del gobierno hondureño para contrarrestar cuestionamientos, por corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Ni unos ni otros afanes fueron contabilizados por el académico para el caso de México, al que ubicó en el quinto lugar mundial entre los contratantes de cabilderos en Washington DC, con un gasto estimado en 6.1 millones de dólares, en el 2013.
En los registros electrónicos del FARA, disponibles en Internet, puede consultarse el contrato 156/2014 del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México con la firma Weber Shandwick para promover a la capital gobernada por Miguel Ángel Mancera en los mercados de Estados Unidos y Canadá. Entre el 10 de octubre y el 31 de diciembre del 2014, esa entidad paraestatal erogó 3 millones 118,500 pesos por una estrategia de relaciones públicas y relaciones con medios de “mercados clave”, entre los que están Chicago, Los Ángeles, Atlanta, Miami, Dallas, Houston, Nueva Orleans y Toronto, además de un entrenamiento de medios para tres “citas editoriales” en la ciudad de Nueva York.
Para el 2015 —de acuerdo con el contrato CT-034— los servicios de ese despacho ascendieron a 19.02 millones de pesos, de los cuales 5.9 millones fueron destinados a la implementación de una “campaña de alto impacto con medios”, complementaria de un programa de visitas de periodistas norteamericanos —tres individuales y tres viajes grupales— con todos los gastos pagados.
Desde el 2009, el gobierno capitalino puso en manos del despacho neoyorqui- no su estrategia mediática. El primer contrato data de septiembre de ese año y fue signado por Graciela Báez, entonces titular del Fondo Mixto de Promoción Turística, quien contrató a Weber Shandwink para programar una campaña de reputación para la ciudad de México, tras la crisis sanitaria provocada por el brote de la influenza AH1N1. Por cuatro meses, fueron erogados 1.4 millones de dólares.
En los archivos del FARA también está el contrato de prestación de servicios profesionales entre la secretaría de desarrollo económico de Yucatán, representada por su titular, Jesús Alpízar Carrillo, y The MRB Group, representado por Ralph Alfons Biedermann, que asumió las tareas de atraer la inversión extranjera al estado, así como representar y promover a Yucatán en el sector industrial de Estados Unidos y cualquier otro país de habla inglesa. ¿El costo? 780,000 pesos; 390,000 a la firma del contrato y 65,000 pesos mensuales entre julio y diciembre del 2014.
En julio del 2012, sin que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo hubiera declarado presidente electo, el equipo de Enrique Peña Nieto contrató al despacho Chlopak, Leonard, Schechter & Associates. Con la firma de Diego GómezPickering, ahora embajador de México ante Reino Unido, quedó el documento que ampara el pago de 50,000 dólares al mes. Aparte, los “gastos imprevistos”
A partir de diciembre de ese año, el Consejo Mexicano de Promoción Turística se hizo cargo del pago de los servicios de Chlopak, Leonard, Schechter & Associates, que requieren 40,000 dólares mensuales. Ahora, deberá difundir información sobre “los importantes cambios políticos, sociales y económicos en México que hacen del país un destino atractivo”.
Quizá el más sorprendente de los contratos visibilizados por FARA sea el que tiene la Secretaría de Economía con Public Strategies Washington Inc, que abarcó del 1 de agosto al 31 de diciembre del 2015. El gobierno peñista, a través de la dependencia que encabeza Ildefonso Guajardo, consideró necesario contar con una asesoría política y estratégica en materia de comercio exterior, con congresistas y funcionarios de administración Obama.
“Los asesores deben ser especialistas en desarrollar relaciones con el Partido Demócrata; en materia comercial, conocer los asuntos de interés de México en Estados Unidos detalladamente, y detectar con agilidad posibles problemas políticos y legislativos, e incidir en ellos antes de que se conviertan en un problemas para la relación comercial bilateral”, requirió. Del 1 de abril al 31 de diciembre del 2014, Public Strategies cobró 250,000 dólares. Y esa misma cantidad recibió por una ampliación del contrato, que cubrió del 1 de agosto al 31 de diciembre del 2015.