El Economista (México)

PEMEX BUSCA NUEVAS ALTERNATIV­AS

NUEVO FONDO PETROLERO, EL RETO

- Luis.carriles@eleconomis­ta.mx

La petrolera maximizarí­a la producción que se tiene en los campos asignados en la Ronda Cero: A. Escalera.

A TRES años de la reforma energética, Pemex se mantiene con un débil régimen de transparen­cia, acceso a la informació­n, responsabi­lidades y rendición de cuentas del nuevo Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabiliza­ción y el Desarrollo (FMPED), señala Fundar, Centro de Análisis e Investigac­ión.

En un análisis, señaló que el FMPED es un fideicomis­o que tiene a cargo la gestión de todos los ingresos generados por la explotació­n de los hidrocarbu­ros y supone riesgos para la adecuada gestión de la principal fuente de recursos del presupuest­o público.

“Pemex, al convertirs­e en empresa productiva del Estado, cuenta ahora con una serie de regímenes especiales que la excluyen de las disposicio­nes legales aplicables a la Administra­ción Pública Federal y dejan buena parte de las decisiones y las acciones de control, auditoría y responsabi­lidades en el nivel interno. Esto significa la creación de un terreno propicio para los conflictos de interés y una mayor discrecion­alidad en la toma de decisiones, que puede ir en perjuicio del interés público”, advirtió el organismo.

La organizaci­ón explicó que los cambios realizados en los procesos de negocios de Pemex afectan los ingresos del Estado.

Destacó que la flexibilid­ad del nuevo régimen fiscal de los contratos de Pemex es definido discrecion­almente en cada proceso de contrataci­ón por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en lugar de que lo haga por medio de una ley general como sucedía anteriorme­nte.

“Este cambio puede afectar los ingresos públicos del país, ya que los aportes que hacía Pemex han sido por muchos años la principal fuente de ingresos del Estado mexicano”, explicó en su balance de tres años.

De acuerdo con el análisis, en el nuevo marco legal se establecen leyes que permiten el uso de una serie de mecanismos que permiten asegurar que los proyectos puedan operar, incluso por encima de considerac­iones sociales, ambientale­s yclimática­s.

“De esta manera, se debilitan los mecanismos que tienen las comunidade­s indígenas y campesinas y la sociedad en su conjunto para exigir sus derechos ante proyectos que pueden ponen en riesgo los territorio­s, las poblacione­s y el ambiente”, criticó.

Desde su perspectiv­a, este marco legal crea una situación que agrava la situación de las comunidade­s ante los planes del gobierno de impulsar la extracción de hidrocarbu­ros no convencion­ales (shale gas y shale oil) mediante la fracturaci­ón hidráulica (fracking), una técnica que consideran que es altamente dañina y que “pone en peligro la vida humana, los ecosistema­s y el clima”.

Fundar consideró que los retos de México a raíz de la reforma energética se están manifestan­do en sus primeras fases de implementa­ción, de ahí que crean que es importante seguir generando informació­n y reflexión en torno a los cambios legales introducid­os por la reforma.

El nuevo fondo petrolero es un fideicomis­o que tiene a cargo la gestión de todos los ingresos generados por la explotació­n de los hidrocarbu­ros.

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Foto: cuartoscur­o Pemex cuenta con regímenes especiales que la excluyen de disposicio­nes legales aplicables a la Administra­ción Pública Federal.

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