Los amparos de Kate
Justo hace nueve meses la Procuraduría General de la República requirió de la presentación de Kate del Castillo ante el Ministerio Público. Citada como testigo, debía presentarse en la SEIDO para explicar, entre otras cuestiones, su participación en el lanzamiento del tequila El Honor así como sus nexos con Joaquín Archivaldo Guzmán Loera.
La primera orden de presentación fue girada el pasado 15 de enero. La popular actriz estaba en el ojo del huracán, tras de la polémica generada por la entrevista concedida por el entonces fugitivo más buscado a la estrella de Hollywood Sean Penn, y que fue portada de la revista Rolling Stone.
La actriz, de acuerdo al relato, tuvo un papel protagónico en el encuentro. Y tras de recibir la notificación, su familia buscó asesoría legal. Algunos amigos los canalizaron con abogados del despacho que encabeza Antonio Lozano Gracia, pero finalmente se decidieron por una firma modesta, aunque más efectiva, a juzgar por resultados recientes.
Y es que Del Castillo actualmente realiza una intensa gira promocional de la bebida espirituosa que lleva su nombre y utiliza su imagen por el sur de la Unión Americana. “Un juez determinó que el linchamiento mediático de la PGR en mi contra fue ilegal”, posteó en Twitter, donde la siguen 3.4 millones de cibernautas, “pido se respeten mis derechos humanos y se me permita defenderme”.
Antes, su hermana Verónica había adelantado las “buenas noticias”. Y su padre confió en que Kate pueda estar de regreso en México dentro de un mes, para cumplir con compromisos contractuales y familiares.
Las buenas noticias provenían de sendos fallos emitidos por Augusto Octavio Mejía, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Penal, con residencia en la Ciudad de México, adonde fueron turnados los cuatro juicios para la protección de las garantías de la actriz, promovidos por su equipo jurídico.
El expediente 70/2016 versa sobre la difusión de imágenes y conversaciones que sostuvo con el Chapo y sus abogados, sin el sustento de una acusación. Esas filtraciones -sostuvo la defensa de Del Castillohan generado una severa afectación a su honor e imagen. La demanda fue admitida el pasado 4 de febrero, tras de que los abogados precisaron que se quejaban por la omisión de la PGR de “resguardar toda información contenida en la averiguación previa”, a la que achacó las filtraciones entregadas a medios impresos, televisivos y digitales, respecto de documentos, constancias, imágenes y datos personales de la actriz.
El 9 de febrero, ante el mismo juzgado, interpusieron otra demanda, para impugnar la orden de localización y presentación girada por el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la SEIDO, además de las declaraciones de la entonces titular de la PGR, Arely Gómez, quien había declarado públicamente que Del Castillo estaba sujeta a investigación. De ser el caso —reclamaban en su alegato—, debían citarla en calidad de inculpada, a efecto de que se le respeten todos sus derechos humanos.
El pasado 12 de agosto el juez Augusto Octavio Mejía decretó que la PGR “vulnera, en perjuicio de la quejosa, las garantías de defensa y debido proceso derivado de la omisión de fundar y motivar la calidad de testigo que le ha dado” y la mandató a dejar insubsistente la orden de presentación.
Al Ministerio Público de la SEIDO le ordenó dictar un acuerdo para que exponga “de manera razonada” cómo incide la circunstancia de que en la integración de la indagatoria ha realizado actuaciones con el fin de requerir y obtener información de las actividades comerciales y financieras de la actriz, con la violación de lo dispuesto en el artículo 20 constitucional, al citarla como testigo para que declare en la averiguación en la que está siendo investigada; y, en su caso, si su citación o presentación son o no indispensables para la integración de dicha indagatoria.
Sobre la primera demanda, el pasado 11 de noviembre fue sobreseído el juicio de amparo, por lo que Del Castillo recibió la protección de la justicia federal. En el mismo juzgado quedan pendientes de resolver otros dos amparos, catalogados en los expedientes 273/2016, por la negativa de acceso a los abogados de la actriz a la averiguación previa y el 525/2016, por la negativa por parte de la autoridad a cerrar el caso, pese a que ya se llevaron a cabo diligencias de investigación sin que se haya determinado responsabilidad alguna.
EFECTOS SECUNDARIOS
CORRECCIÓN. Gabriela Hernández López, hija del exgobernador de Durango y actual senador, Ismael Hernández Deras, apela al derecho de réplica para corregir un dato publicado en este espacio: que no había aprobado el examen de capacitación y formación política, requisito para registrarse como aspirante a la dirigencia nacional del sector juvenil del PRI. Su inscripción fue rechazada por razones distintas y la Convención de Delegados de la Red x México ungió como presidente al campechano Pablo Guillermo Angulo Briceño. Ambos coincidirán en el primer Congreso Nacional de las Juventudes Priistas que sesionará a partir de mañana en Culiacán y donde el presidente del CEN tricolor, Enrique Ochoa Reza, presentará su propuesta para conquistar el voto de los Millennials.