PAOT y AS, con mayores atribuciones
EL PLENO de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó reformas a la Ley Orgánica para fortalecer las atribuciones y acciones en materia ambiental de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) que le permitirán solicitar al Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (Invea) ejercer procedimientos de verificación e inspección en los términos de la Ley Ambiental en un plazo máximo de 10 días hábiles.
La diputada perredista Elizabeth Mateos argumentó que del 2010 al 2016, el Invea ha recibido 17,790 denuncias ciudadanas, de las cuales 17,542 han sido procedentes y de ellas solamente han sido sancionadas 5,885.
La PAOT, indicó, ha recibido 20,713 denuncias ciudadanas en el mismo lapso, de las que sólo ha emitido recomendaciones por estar impedida, de acuerdo a su marco vigente, a sancionar las violaciones a la ley en las materias de su competencia.
“Con la presente reforma se modifica de manera relevante, permitiendo a la PAOT incidir en la imposición de las sanciones relativas a las denuncias que recibe”, dijo.
Además, podrá desempeñar funciones de investigación, vigilancia, conciliación en materia ambiental y del ordenamiento territorial, entre otros rubros.
Mateos destacó que la PAOT actuará como árbitro, cuando así le sea solicitado, y en los mecanismos alternativos de solución de controversias que aplique, se regirá por lo principios de voluntariedad, confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y economía.
Por otra parte, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), aprobó el dictamen de opinión en positivo para otorgar facultades a la Auditoría Superior capitalina (AS) para que practique auditorías en tiempo real, derivadas de denuncias, a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente y no sólo hasta la revisión de la cuenta pública.
Esta propuesta se armonizará con el Sistema Nacional Anticorrupción, toda vez que dichas auditorías se aplicarán a partir de la recepción de solicitudes expresas para su ejecución. Asimismo, reforma el artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, para abonar a construir mejores estándares en el servicio público y combatir los actos de corrupción de manera frontal.
De esta forma, la Auditoría Superior adquirirá las capacidades para realizar investigaciones en tiempo real, previa denuncia, y auditar los recursos, donde existe mayor opacidad y corrupción, pues la normatividad actual se encuentra limitada a la revisión de la cuenta pública ya emitida.
Lo propuesto será posible una vez que, con la opinión en positivo, la Comisión dictaminadora convierta esta propuesta en decreto, al aprobarla en breve, aunada al paquete de otras iniciativas.