Trabajo esclavo en Brasil es alentado por la impunidad
SE CALCULAN 161,000 PERSONAS EN ESCLAVITUD
ABOLIDA EN Brasil desde 1888, el último país occidental en erradicarla, la esclavitud moderna sigue azotando regiones rurales y pobres del país, en un contexto de impunidad y corrupción que permite a los culpables salir indemnes por el crimen de explotar a los trabajadores.
En la ciudad de Açailandia, en el estado norte de Maranhao, una institución se ha convertido en una referencia en el combate al trabajo en condiciones análogas a la esclavitud (empleo sin salario, condiciones miserables de alojamiento y trabajo, abusos físicos por el empresario, entre otros).
Desde hace tres décadas, el Centro de Defensa de la Vida y de los Derechos Humanos (CDVDH) ofrece ayuda jurídica y psicosocial a las víctimas: empleados del sector de carbón y trabajadores de haciendas que laboran en extensas propiedades agrícolas.
Cada año son decenas de casos notificados de trabajadores pobres que, atraídos por una promesa salarial, caen en redes de traficantes brasileños para ser empleados en condiciones análogas a la esclavitud en haciendas de miles de hectáreas, donde son obligados a endeudarse por comer, jamás reciben salarios o contratos laborales y, en ocasiones, están sujetos a abusos físicos y amenazas de muerte.
“Se usan ´gatos´ (captadores) que reclutan a los trabajadores en áreas que saben que la gente no trabaja. Les ofrecen muchos beneficios, salario, contrato. Y los trabajadores van. Normalmente esos trabajos están lejos de sus residencias en haciendas de dos o tres mil hectáreas”, explica a la agencia Notimex Fabricia Carvalho, secretaria ejecutiva del CDVDH.
“Cuando llegan al lugar de trabajo se dan cuenta de que tienen que pagar deudas enormes: desde el transporte hasta las herramientas de trabajo. Pagan por todo: comida, alojamiento, etc. Cada vez se endeudan más y jamás reciben salario”, agrega Carvalho, quien lleva trabajando este tema desde hace más de una década.
Açailandia, una de las ciudades amazónicas más importantes del sudeste del estado de Maranhao, es una fértil región elegida por decenas de miles de inmigrantes que —des- la inauguración de la ciudad hace 35 años— ha atraído a agricultores pobres y empleados sin formación venidos de buena parte del país.
La apertura en la década de los años 1980 de un polo de industria siderúrgica, del que prevalecen varias fábricas, atrajo a miles en busca de oportunidades de empleo, creando un aumento poblacional desordenado al que los servicios sociales no lograron dar respuesta.
En ese contexto, grandes y medianos empresarios dueños de haciendas aprovechan la ignorancia de los inmigrantes para emplearlos como mano de obra análoga a la esclavitud, conscientes de que en la región la Justicia difícilmente aplicará las sanciones para encarcelar a los culpables de abusar de los empleados, quienes no tienen recursos para pagar abogados.
“La impunidad es clave y esta está basada en la corrupción. Brasil no funciona por las leyes, sino por la política. Aquí en Açailandia ha habido grandes dificultades para tener acceso a la Justicia: durante años hubo solo un juez y un fiscal en toda la ciudad”, se queja Carvalho.
Carvalho explica a la agencia Notimex casos dramáticos, como el de Joao, un empleado que “durante meses fue obligado a usar agrotóxicos en la hacienda”.
“Cuando enfermó, el empleador lo trajo a la ciudad, lo dejó en el mercado municipal y se fue. Fue directo al hospital. También hemos visto trabajadores con el pie cortado, sin tratamiento, con heridas graves. Algunos llegan y hace dos o tres días que no comen, porque les dan poca comida. Otros están sin comer nada porque han huido de las haciendas por su propio pie, en viajes de decenas de horas”, señala.
Brasil se sitúa en el lugar 51 de 167 en condiciones de trabajo esclavo, segundo el Índice Global de la organización australiana Walk Free Foundation, que señala que 161,100 personas —en México, según datos de la organización, el número es de 376,800 personas— son sometidas en el país a trabajo forzado o a la explotación sexual.
Con sus enormes territorios despoblados y, en ocasiones, sin poder efectivo del Estado, no son pocos los casos de explotación campesina que en la última década se produjeron en zonas del Amazonas brasileño donde los dueños de grandes explotaciones agrícolas engañan a los campesinos.
En el 2014 las autoridades brasileñas liberaron a más de mil 600 personas que eran empleadas en condiciones similares a la esclavitud, según datos oficiales.
La impunidad [de los empleadores de mano de obra esclava] es clave y esta está basada en la corrupción. Brasil no funciona por las leyes, sino por la política”. Fabricia Carvalho, secretaria ejecutiva del CDVDH.