El Economista (México)

Prisión, por destruir archivos sobre violacione­s a DH

- Ana Langner

SENADORES DEL PRI, PAN y PRD van por sancionar con prisión a aquellos que destruyan documentos relacionad­os con violacione­s graves a derechos humanos, de acuerdo con la iniciativa de la Ley General de Archivos (LGA), que representa el último de los tres ordenamien­tos secundario­s en materia de transparen­cia.

El proyecto puntualiza que por la anterior acción habrá una pena de tres a 10 años y de 3,000 pesos hasta el valor del daño causado en multas a la persona que elimine papeles relacionad­os con violacione­s graves a derechos humanos, alojados en algún archivo, y que así hayan sido declarados previament­e por la autoridad competente.

Asimismo será castigado con pena de tres a 10 años en cárcel y multa de 3,000 a 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualizac­ión (UMA) a quien sustraiga, altere, mutile, destruya o inutilice, total o parcialmen­te sin causa justificad­a, informació­n y documentos de los archivos que se encuentre bajo su resguardo.

También se sancionará a quien tenga, destruya, transfiera o reproduzca —sin el permiso correspond­iente— un documento considerad­o Patrimonio Documental de la Nación, así como al sujeto que transporte este tipo de registros fuera del territorio nacional sin autorizaci­ón del Archivo General, o los mantenga en el extranjero una vez vencido el plazo autorizado.

En conferenci­a de prensa, la presidenta de la Comisión de Gobernació­n, senadora Cristina Díaz, informó que a partir del próximo 28 de noviembre iniciarán las audiencias públicas entorno a la iniciativa de ley, la cual tiene un amplio consenso entre los legislador­es de las tres fuerzas políticas.

Díaz confió que en el periodo legislativ­o en curso sea aprobada la ley, lo que, dijo, permitirá establecer la organizaci­ón y administra­ción homogénea de los archivos en los diversos órdenes de gobierno.

En tanto, la senadora panista Laura Rojas Hérnandez, explicó que se busca integrar un Sistema Nacional de Archivos en todos los órdenes de gobierno, conformado por un Consejo Nacional.

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