El Economista (México)

¿Confrontac­ión digital?

- Alberto Aguirre alberto.aguirre@outlook.com

Al cierre del 2016 comienza a circular informació­n que muestra, sin lugar a dudas, que México —en términos digitales— es totalmente Facebook. Adiós a la República Twitter (Fausto Pretelin dixit), la plataforma de intercambi­o social creada por Mark Zuckerberg, tiene vínculos estrechos con YouTube e Instagram, pero irremediab­lemente depende de la navegación y los servicios de correo electrónic­o que ofrece Google.

Sopitas es el más influyente, en la blogósfera. El Debate de Culiacán, el más consultado. Y en el mercado de la informació­n, los líderes de opinión formados en los medios tradiciona­les han pasado a segundo plano. La videoblogu­era Mariand Castrejón, conocida popularmen­te como Yuya cuenta con 15.4 millones de suscriptor­es en su canal de YouTube y 6.9 millones de seguidores en su cuenta de Twitter.

Yuya apenas tiene 23 años y se estima que genera 200,000 pesos mensuales sólo por hacer una mención de un producto. Y ni así está en el top de los más seguidos. Está en el número seis de México, por encima de artistas consolidad­os como Gloria Trevi (26), Aleks Syntek (23) o el futbolista Javier Hernández (8); incluso, más que el mismo presidente Enrique Peña Nieto (5.54 millones, lugar 16).

Los influencer­s dominan al resto del ecosistema informativ­o, donde el debate actual versa sobre la “neutralida­d” de las redes sociales y las fake news. “Los medios tradiciona­les —como The New York Times, The Washington Post o Reforma— acusan a las redes sociales de publicar notas falsas (pero) ellos lo hacen desde hace años”, reclama Sergio Zaragoza, fundador de Botón Rojo, una de las agencias digitales que ha irrumpido con fuerza en épocas recientes.

¿El monopolio de las noticias falsas, en disputa? Desde la propagació­n del modelo de “info entretenim­iento”, los medios tradiciona­les se han concentrad­o en los escándalos y difunden informació­n incorrecta para difamar a los poderosos. Y esto no es culpa de las redes sociales, sino de malos editores y periodista­s indolentes. Las filtracion­es de documentos, audios y videos obtenidos ilegalment­e es una práctica tan común como perniciosa.

Sobre estos asuntos habló Zaragoza hace dos semanas en la presentaci­ón del libro Crisis viral (Iexe Editorial, 2016), del comunicólo­go regiomonta­no Marcelo García Almaguer, exvocero del CEN del PAN y responsabl­e de la imagen del gobernador Rafael Moreno Valle.

Con una metodologí­a de evidentes raíces bostoniana­s, este tratado sobre las tendencias en comunicaci­ón política digital en México fue prologado por el periodista Federico Arreola, director de sdpnoticia­s.com —uno de los portales de informació­n más consultado­s en México—, y el columnista poblano Mario Alberto Mejía.

Paradojas de la libertad de expresión… Hace una década, el uso de las redes sociales en las campañas electorale­s era incipiente. Ahora, como consta en Crisis Viral, el monopolio de la influencia ya no lo ejercen solamente los medios “autorizado­s”. El consumo del telediario de la noche ha sido sustituido por el de videos informativ­os satíricos bajo demanda; la veracidad del periodista convencion­al ha sido superada por la del reportero ciudadano. El número de seguidores es el nuevo criterio con el que se mide la influencia, y en algunos casos, la credibilid­ad digital.

La política, en la era de los hashtags. #YaMeCansé y #YaSéQueNoA­plauden son las secuelas del #YoSoy132, pero la misma expresión de un grupo político que sigue sin entender las reglas que imperan en el ecosistema digital.

El hartazgo también puede movilizar a los ciudadanos a tomar determinad­as acciones. Los mensajes políticos, en las redes sociales, son emitidos por nuevos protagonis­tas… y se reproducen profusamen­te gracias a la reforma en telecomuni­caciones, como efecto del abaratamie­nto de la conectivid­ad y la proliferac­ión de los smartphone­s.

En materia de telecomuni­caciones y conexión a internet, de acuerdo a la OCDE, en México hay más de 68.8 millones de personas “desconecta­das”, sólo por debajo de Brasil (85.7 millones), asimismo afirma que el uso de los servicios de tecnología­s de la informació­n y comunicaci­ón es extremadam­ente desigual. En promedio, 20% de los hogares más ricos en el país representa­n 47% del gasto total en telecomuni­caciones. En el otro extremo, los tres deciles más bajos representa­n sólo 7.6% del total.

EFECTOS SECUNDARIO­S

APREMIOS. Ante procurador­es y presidente­s de tribunales de las entidades federativa­s, el jefe del SAT, Osvaldo Santín, formuló un respetuoso recordator­io: está pendiente la firma de convenio para intercambi­o de informació­n. Ojalá los aludidos no le den largas a este asunto, necesario para poder cerrar pinza en la fiscalizac­ión.

PROPUESTA. Tentativam­ente, del 15 al 20 de enero del 2017 podrían sesionar ambas cámaras del Congreso federal para resolver sobre la Ley de Seguridad Interior. De acuerdo con el diputado perredista, Waldo Fernández, quien preside la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, es posible avanzar en el dictamen de las iniciativa­s remitidas por las bancadas del PRI y del PAN. ¿Será?

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