PRI: ¿unidad perdida? ¿
La rebelión de las bases? Esa terminología había quedado proscrita dentro del PRI desde las épocas salinistas. Ya casi han pasado 25 años desde que en Nayarit, en una prórroga de la semilla rebelde que se incubó en el Frente Democrático Nacional, un grupúsculo de jóvenes impulsó que la consulta directa fuera adoptada como método de selección de candidatos.
Entonces, Democracia 2000 ganó la candidatura del PRI a la alcaldía de Tepic. Y Ramiro de la Rosa, poco después, se convertiría al colosisimo, ese que el actual dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza quiso presumir cuando llegó al cargo y que ahora quiere invocar, pero sin mucho éxito.
Y es que los colosistas —léase Carlos Rojas y Liébano Sáenz— habían apadrinado las aspiraciones de Javier Guerrero, en Coahuila. Al igual que Rosario Robles, quien prefirió atender sus raíces saltillenses que atender la residencia de sus padres en el Estado de México.
Guerrero es heredero genuino del colosisimo. Y de la política social salinista que nació en San Pedro de Las Colonias. Pero el peñismo tiene vasos comunicantes. Y en la decisión de la candidatura del 2017 nada podría imponerse a un pacto tan firme como añejo.
Javier Guerrero había tomado la decisión de tomar una ruta independiente hace tres meses, por lo menos. Institucional, atendió la petición de mantenerse dentro del PRI hasta que fuera estrictamente necesario. Y ayer, justo cuando el Consejo Político Nacional validó las convocatorias para elegir a los candidatos a las tres gubernaturas que estarán en disputa, decidió hacer pública su oposición al moreirismo al que enfrentará en las urnas en una elección constitucional. En una interna, imposible.
¿Moreira contra Moreira? La postulación de Humberto tiene otros fines y justificaciones pero, a fin de cuentas, sería la perpetuación de un cacicazgo que tiene tintes bíblicos. Guerrero, si va como independiente, podría ser útil para impedir el triunfo del PAN, que deberá resolver internamente si respalda al mejor posicionado, con base en mediciones milimétricas. Los tres aspirantes, Guillermo Anaya, Luis Fernando Salazar e Isidro López, son competitivos. Y más si los respalda una alianza opositora que encontrara combustible en la bandera del anti cacicazgo.
Con el aval del Consejo Nacional, el presidente nacional del PRI deberá emplazar a los procesos de selección de los candidatos del partido oficialista a las gubernaturas del Estado de México, Coahuila y Nayarit. Las consultas directas habían quedado proscritas, en la era beltronista. El director de la CFE deberá construir acuerdos de unidad, al tiempo de frenar los amagos rupturistas de aspirantes bien posicionados —léase Raúl Mejía en Nayarit o Javier Guerrero en Coahuila— y con apoyos firmes entre las bases, que carecen del visto bueno de los gobernadores.
La unidad, a rajatabla, resulta un despropósito. Las convenciones de delegados, una trampa ominosa. Ante esa disyuntiva, Guerrero optará por la ruta independentista, en una apuesta osada para repetir lo ocurrido en Nuevo León, aunque con la misma finalidad. La ruptura en Coahuila puede ser un catalizador para Nayarit, donde Raúl Mejía y Manuel Cota esperaban las definiciones de Ochoa. ¿Y el Estado de México? Los finalistas, Carlos Iriarte y Ana Lilia Herrera, esperan la definición de Los Pinos.
EFECTOS SECUNDARIOS
CARPETAZO. En la delegación Miguel Hidalgo es extendido el repudio al esquema de “recuperación de las plusvalías” que el gobierno de laCiudad de México quiere imponer en el texto constitucional y en la legislación que regula el desarrollo inmobiliario. Un rechazo natural en una demarcación en la que los propietarios se estarían perdiendo de un valor que tan sólo en el último año se incrementó en un 22 por ciento. El representante federal de la demarcación, Jorge Triana, en un hecho sin precedentes, unió fuerzas con los representantes de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, para exigir, tanto a los legisladores locales como al propio Miguel Ángel Mancera, dar carpetazo definitivo a la propuesta que amenaza con fulminar el mercado inmobiliario de la capital. Si bien la propuesta se encuentra en revisión, el impuesto aún no se ha descartado, pues resulta atractivo para el gobierno de la CDMX apropiarse de la renta de las propiedades que, tan sólo en la Miguel Hidalgo, llegan costar en promedio hasta 17 millones de pesos.
LOGROS. En sus 43 años de existencia, el Fondo para la Vivienda del ISSSTE ha financiado 1.6 millones de créditos, pero en los últimos cuatro años ha autorizado 100,000 al año, informó el vocal ejecutivo del organismo, Luis Antonio Godina Herrera. ¿Los beneficiarios? Madres jefas de familia, personas con discapacidad, maestros de excelencia y elementos de las fuerzas de seguridad federal. Asimismo, destacó que hubo buenos resultados del Procedimiento Aleatorio de Crédito Tradicionales, en el que se inscribieron 101,000 derechohabientes, la mayor parte de ellos en la Ciudad de México.