NECESARIO, REPLANTEAR RELACIÓN CIVIL-CASTRENSE
El general en retiro, Francisco Gallardo, alerta sobre la Ley de Seguridad que deberá abordase en el Congreso.
LA DEMANDA del secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, del retorno a los cuarteles de los militares que luchan contra el crimen organizado pone sobre la mesa un debate carente en la historia del país sobre la función de las Fuerzas Armadas en un Estado democrático y exhibe la necesidad de replantear la relación civil-castrense en México, considera el general en retiro, José Francisco Gallardo.
A principios de diciembre, Cienfuegos declaró que era el primero en levantar las manos para que el Ejército regresara a sus instalaciones. “Nosotros no pedimos estar aquí, no nos sentimos a gusto, no estudiamos para perseguir delincuentes; nuestra función es otra y se está desnaturalizando”, dijo el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Para Gallardo, dichas declaraciones son una especie de agresión, ya que el alto mando militar aceptó consciente y soberanamente participar en la lucha en contra del crimen organizado y, con ello, realizar funciones de policía.
Hoy las aseveraciones de Cienfuegos cobran sentido ante un escenario de rendición de cuentas en tribunales internacionales, ya que no habrá quién salga al paso en favor de las Fuerzas Armadas en caso de alguna probable responsabilidad asentada, opina Gallardo.
Desde hace más de 20 años, afirma, organizaciones defensoras de los derechos humanos advertían que la participación activa del Ejército en estas tareas terminaría en violaciones graves a derechos humanos.
En este contexto, el general Gallardo recordó que en 1993, tras publicar en la revista Fórum el artículo “La necesidad de un Ombudsman Militar en México”, fue arrestado. Durante ese proceso fue acusado por delitos como malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, calumnias e injurias en contra del Ejército.
“En México quien gobierna es el Ejército y (es) quien dicta las medidas de seguridad”.
En este marco, el general en retiro habló de la Ley de Seguridad Interior que deberá abordarse en próximas fechas en el Congreso de la Unión. El Senado anunció una serie de mesas de discusión en las que se prevé la participación de la sociedad civil.
En opinión de Gallardo, dichos trabajos serán una simulación, porque es necesaria la participación de expertos internacionales.
Sobre las iniciativas —del Ejecutivo y de legisladores— para una Ley de Seguridad Interior, observó que no puede haber un marco legal sin antes tener una definición de lo que significa la seguridad nacional, es decir, cuáles son los objetivos, tareas y principios que van a regir.
Además, dijo, con ello se busca “legalizar lo inconstitucional”, lo que va provocaría un aumento de crímenes y desencadenaría la participación directa de las cortes internacionales. La legislación, abundó, es posible, pero previamente debe entenderse que la seguridad interior de un Estado radica en la exacta aplicación de la justicia, lo que implica una reforma profunda.
URGEN LAS ONG A LEGISLAR
Diversas organizaciones como México Unido Contra la Delincuencia, Mexicanos contra la Corrupción y México SOS, entre otras, firmaron una carta para urgir a la Cámara de Diputados a legislar sobre la reforma ala Ley se Seguridad Interior con el propósito de dar un marco jurídico a soldados y marinos que actualmente realizan tareas de seguridad pública sin ser su responsabilidad.
Consideran que debe existir una discusión “seria y plural” sobre un paquete de reforma policial integral, “ya que la atención se ha centrado únicamente en el mando mixto”.
Opinaron que las reformas a la Ley de Seguridad Nacional no resolverían el problema de fondo, ya que persistiría “la debilidad estructural de las instituciones de seguridad y justicia, empezando con las policías”. (Con información de Jorge Monroy)