Bancos franceses impugnarán las demandas del BCE
INSTITUCIONES BUSCAN EXENCIÓN
GRANDES BANCOS franceses están presentando recursos legales para que el Banco Central Europeo (BCE) les conceda una exención y no los obligue a mantener capital a cuenta de sus recursos en un fondo de propiedad estatal, en lo que constituye el desafío más importante hasta la fecha a la supervisión de Fráncfort.
Además de proporcionar financiamiento a los bancos de la zona euro, el BCE ha sido su principal regulador durante los últimos dos años, buscando poner fin a las cálidas relaciones entre el sector y las autoridades nacionales que han contribuido a la crisis financiera.
La institución, que tiene su sede en Fráncfort, ha sido demandada en varias ocasiones por sus programas de compra de bonos y por pequeños bancos que tratan de escapar de su supervisión.
Sin embargo, éste es el primer caso de bancos importantes de la zona euro y es una inusual disputa entre la élite financiera francesa y el consejo de supervisión del BCE, dirigido por la ex titular del regulador bancario de Francia, Danièle Nouy.
BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Groupe BPCE y La Banque Postale entablaron la demanda en las últimas semanas, según documentos presentados ante el Tribunal Europeo de Justicia.
Fuentes con conocimiento directo de los casos declararon que los bancos se están quejando de la exigencia del BCE para que mantengan capital a cuenta de los depósitos especiales que tienen con la institución de inversión estatal Caisse des Dépôts et Consignations.
La acción legal llega en medio de una gran tensión entre los bancos y el BCE, que está inundando el sector financiero con un exceso de dinero en efectivo para tratar de estimular el crecimiento.
“Se está viendo que cada vez más bancos acuden a los tribunales para impugnar al supervisor”, dijo una fuente legal de alto rango. “Hace años esto era impensable”.
Tanto el BCE como los bancos no quisieron comentar el tema.
BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Groupe BPCE y La Banque Postale fueron los demandantes.