Energía, en vilo por tensión social
Una de cada cuatro de las obras de generación, paralizada: abogado
LA REFORMA energética ha logrado atraer nuevas inversiones en el sector; sin embargo, tensiones entre proyectos energéticos y procesos sociales amenazan con descarrilar a la industria.
Uno de cada cuatro de los 296 proyectos de generación eléctrica aprobados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), desde la aprobación de la reforma energética, se encuentra paralizado debido a problemas en materia social, reveló Luis Vera, abogado medioambientalista de la firma Vera & Asociados.
“Esto es una barbaridad, porque muchos proyectos están siendo atacados”, dice Vera, quien a través de la firma legal ha representado los intereses de proyectos que implican el tendido de 3,823 km de gasoductos y 28,000 millones de dólares en inversión de generación eléctrica.
Vera dice que, de todos los proyectos aprobados, 8% ha sido paralizado por mala integración de estudios ambientales y sociales, 14% enfrenta amparos y otros procesos judiciales con comunidades y otro 6% está siendo renegociado por presión social.
Esta problemática no es exclusiva a México, ya que preocupaciones sociales medioambientales y sociales también han frenado importantes proyectos energéticos en Estados Unidos y en Canadá.
“Es probable que se ponga difícil en el futuro debido a la falta de comprensión de los procesos sociales”, dice Vera, explicando que muchas empresas buscan firmar acuerdos sin establecer una relación continua con las comunidades.
“Las comunidades se están dando cuenta de que entregaron sus tierras en un intercambio de plata por un espejito y hay gente muy enojada”, afirma Vera, el cual ha conducido o auditado permisos sociales y ambientales de 75% de los proyectos de gasoductos en México desde que la reforma fue introducida.
Alfredo González, director de programas Oxfam-México, dice que su organización sigue con preocupación las tensiones entre comunidades y proyectos energéticos.
Esta problemática para la Oxfam tiene una raíz en la “discriminación racial, étnica y económica”, ya que usualmente las comunidades afectadas por proyectos energéticos son típicamente indígenas, rurales y de bajos ingresos.
En el seno de los conflictos yace la desigualdad entre partes, explica González. Las empresas energéticas tienen acceso a un marco legal que protege sus intereses, recursos financieros, asesoramiento técnico, y acceso a legisladores y a las cúpulas políticas; mientras tanto, las comunidades afectadas no cuentan ni siquiera con un marco legal que defienda sus derechos con la misma fuerza y certeza.
La problemática ha llegado a convertirse en un riesgo para la comunidad financiera involucrada en proyectos energéticos, indicó Luis Vera, quien ha trabajado en la materia con Santander, BBVA Bancomer y Banamex.
“Hoy tenemos tanto trabajo de desarrolladores como de la comunidad financiera. Antes era sólo sobre obtener los permisos y ahora estamos auditando permisos”.
Israel Hurtado Acosta, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho Energético (AMDE), está observando cuidadosamente el tema de impacto social, el cual está creando incertidumbre en la industria energética mexica.
Entre los varios proyectos afectados se encuentra el gasoducto El Encino–Topolobampo de la compañía TransCanada, la cual se esperaba que entrara en operaciones a mediados del 2016 y se ha visto retrasado por tensiones y amparos con comunidades indígenas Tarahumaras en el estado de Chihuahua.
Cuando la reforma energética fue introducida, se implementó el requisito de evaluación de impacto social, una figura nueva en el marco jurídico del país, explicó Hurtado, quien fungió por seis años como comisionado en la CRE y previamente director jurídico de la Secretaría de Energía (Sener).
Hay un sobrecargo de más de 1,500 expedientes de Evaluación de Impacto Social (Evis) que la Sener no ha podido procesar, indicó Hurtado, agregando que el tiempo máximo de aprobación de un Evis es 90 días.
El presidente de la AMDE explica que debe haber empatía por parte de las empresas para compartir los beneficios del proyecto y poder ayudar a las comunidades a desarrollarse.
Para el director de programas de la OXFAM, “uno de los obstáculos más importantes para la aceptación social de proyectos energéticos es la ausencia de consulta previa, libre e informada”.
González dice que la raíz del problema es que las consultas no se hacen previamente antes de que se otorguen licencias, permisos o concesiones, agregando que en México esto es un deber, ya que firmó y ratificó el Convenio sobre los Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo.
Vera indicó que anteriormente en México se podían imponer proyectos energéticos sobre las comunidades; sin embargo, con los precedentes judiciales y la Suprema Corte de lado de los derechos humanos esto ya no es posible.
“Ya no es sólo la comunidad contra la empresa, es la comunidad yendo al juez y el juez parando proyectos”, explico Vera, agregando que los jueces están empoderando a las comunidades y protegiendo sus derechos humanos.
Los abogados agregan que el problema se ha complicado aún más debido a la participación de algunas organizaciones no gubernamentales (ONG). Hurtado indicó que hay ONG con una preocupación genuina y legitima del desarrollo de un proyecto y su impacto social. Sin embargo, hay otras ONG que no se sabe de dónde vienen, quiénes son y cuáles son sus objetivos.
Uno de los obstáculos más importantes para la aceptación social de proyectos energéticos es la ausencia de consulta previa, libre e informada”.
Alfredo González, director de programas Oxfam-México.