IP denunciará a jueza de Tlajomulco de Zúñiga
Los empresarios reconocieron que hasta el momento, esta situación no ha afectado ni a la carga ni al turismo
Guadalajara, Jal. PRESIDENTES DE los organismos del sector privado de Jalisco interpondrán una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de la jueza primero de lo civil de Tlajomulco de Zúñiga, Aurora Graciela Anguiano Quijada, por otorgar la posesión del estacionamiento del aeropuerto internacional de Guadalajara a los ejidatarios de El Zapote.
En rueda de prensa conjunta, dirigentes empresariales afirmaron que existen indicios de que pudieron cometerse actos de corrupción toda vez que la recepción del procedimiento fue el 16 de febrero y al día siguiente emitió el dictamen favorable a los ejidatarios.
“Con mucha probabilidad, la jueza ha cometido ilegalidades y delitos en contra de la administración de justicia y en perjuicio de bienes federales, al otorgar la posesión del estacionamiento del aeropuerto al comisariado ejidal de El Zapote”, señaló el asesor jurídico de los organismos empresariales, Rodolfo Monarque.
“Por lo antes expuesto, las cúpulas empresariales hemos tomado la decisión de interponer, en contra de dicha funcionaria, una denuncia penal ante la PGR, así como una queja ante el Consejo de la Judicatura del estado, para que sean estas autoridades las que determinen la situación legal de dicha juzgadora”, declaró el abogado.
GARANTIZAR COMPETITIVIDAD
El coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Daniel Curiel, y los presidentes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora, de la American Chamber of Commerce, Fernando Niño de Guzmán, y del Consejo Agropecuario de Jalisco, Jacobo Cabrera, aseguraron que con dicha denuncia, pretenden garantizar la competitividad del estado.
No obstante, los empresarios reconocieron que hasta el momento, los litigios entre el ejido, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) no han afectado ni a la carga ni al turismo.
Además del añejo litigio entre el ejido El Zapote y la SCT por el pago de las 307 hectáreas que les fueron expropiadas para construir el aeropuerto tapatío, los comuneros enfrentan ahora otro proceso jurídico con el GAP — concesionario de la terminal aérea— por la posesión de cuatro hectáreas sobre las cuales se encuentra el estacionamiento que usufructúa el grupo empresarial.
Debido a que las dos partes alegan que les asiste la razón jurídica, y ambos cuentan con suspensiones de diferentes autoridades judiciales, desde el jueves de la semana pasada los comuneros mantienen levantadas las plu- mas del estacionamiento para que los usuarios salgan sin pagar, mientras el GAP cuenta con elementos de seguridad privada para conminar a los automovilistas a que paguen.
El coordinador del CCIJ, Daniel Curiel, refirió que la toma del estacionamiento por parte de los ejidatarios “daña la imagen” del estado tanto a nivel nacional como internacional debido a que el aeropuerto es la entrada al turismo de negocios que llega a la entidad.