Fiscal general de Brasil solicita levantar secretismo de delaciones de Odebrecht
EL FISCAL general de Brasil, Rodrigo Janot, solicitó la apertura de 83 investigaciones contra políticos con fuero en el marco del escándalo de corrupción en Petrobras, a partir de las confesiones de exejecutivos de Odebrecht.
Janot envió los pedidos al Supremo Tribunal Federal (STF), “con base en los acuerdos de delación premiada firmados con 77 ejecutivos y exejecutivos de las empresas Odebrecht y Braskem”, filial petroquímica de la constructora, precisó la Fiscalía en un comunicado.
El organismo no divulgó la identidad de los sospechosos ni los hechos que se les adjudican, porque los expedientes se encuentran bajo secreto de sumario. Pero por tratarse de un pedido al STF, en cada solicitud hay involucrado por lo menos un político con fuero privilegiado, como ministros y legisladores.
Algunos testimonios filtrados en los últimos meses a la prensa apuntan directamente a integrantes de la cúpula del PMDB, el partido del presidente conservador Michel Temer, quien asumió el poder en el 2016 después de que el Congreso destituyera a la mandataria de izquierda Dilma Rousseff.
Quien determina la apertura de las investigaciones es el juez del STF Edson Fachin, encargado de este caso en la máxima corte del país. El STF debe decidir ahora si hay elementos para abrir las investigaciones solicitadas, que pueden conducir a formular las denuncias correspondientes.
En su pedido, Rodrigo Janot solicitó a la Corte Suprema levantar el secreto de todo el material, para “promover la transparencia y garantizar el interés público”.
Unos 116 fiscales tomaron más de 950 declaraciones judiciales a los delatores de la constructora. Las comparecencias fueron filmadas.
El material —que incluye unos 500 GB de archivos digitales— será divulgado cuando lo ordene el juez Fachin.
Hasta que esto ocurra, los testimonios y documentos permanecerán en una “salacofre” de la corte, a la que “sólo funcionarios autorizados tienen acceso”, informó la asesoría del tribunal.
La Operación Lava Jato, lanzada hace tres años, destapó una trama de corrupción en la estatal Petrobras, expoliada por políticos y constructoras para financiar campañas y enriquecer a políticos.