La voz de los inmigrantes
Asiática-estadounidense, la magistrada Tani Gorre Cantil-Sakauye tiene orígenes familiares en el archipiélago filipino. Y, desde hace seis años, encabeza el Consejo de la Judicatura de California, con la premisa de hacer más eficientes, transparentes y honestos a jueces y magistrados de aquella jurisdicción estatal.
Hace 50 días en Sacramento CantilSakauye instaló un grupo de trabajo para atender las solicitudes de información y protección sobre la política antimigratoria de la administración Trump. La capital californiana, San Francisco y Los Ángeles están catalogadas como ciudades santuario, pero en otras zonas de la ciudad, más cercanas a los puntos fronterizos, oficiales del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza habían comenzado las detenciones de los sin papeles.
“Todos merecemos acceso a nuestros derechos civiles y constitucionales, y una parte crítica de ese proceso es tener acceso a la información necesaria para que podamos ejercerlos”, sostuvo la juzgadora, “esta es una razón por la cual la alfabetización cívica es tan importante. El acceso desigual a la información es fundamentalmente injusto para aquellos que enfrentan la incertidumbre y la ansiedad sobre las prácticas y procedimientos federales de inmigración”.
Hace dos semanas en una Corte del condado de Pasadena un inmigrante indocumentado, acompañado de un abogado, fue literalmente extraído del juzgado por agentes del CBP e internado en el Centro de Detención, para ser deportado. Antes, una mujer que había acudido a solicitar protección por violencia doméstica también fue expulsada por su irregular situación migratoria.
A las afueras de los juzgados, en California. O de las escuelas públicas. O de los hospitales, en otros estados de la Unión Americana. O afuera de los rodeos, como ocurrió este fin de semana en Houston, justo en los festejos del Go Tejano Day, aunque esta vez con una presencia más cordial: puestos con folletería e información para los interesados en ser reclutados por ICE. La política de evitar arrestos en “lugares sensibles” parece ser cosa del pasado, denunció Los Ángeles Times en su editorial, el pasado jueves 16.
Este esfuerzo -definieron- sería apartidista y buscaría recolectar y compartir la información y recursos disponibles de las entidades de los tres órdenes de gobierno así como de las ONG en California, donde a mediados de enero la Patrulla Fronteriza había detenido y deportado al primer dreamer, en Chula Vista.
De costa a costa el ICE interroga y arresta a personas que buscaban pagar citas de tránsito, comparecieron como testigos, se casaron u obtuvieron órdenes de restricción en casos de violencia doméstica.
Los jueces y los magistrados fueron los primeros quejosos. Los agentes del CBP acosan a los inmigrantes indocumentados, incluso en las mismas cortes, para hacer arrestos, se quejó Cantil-Sakauye a través de una misiva dirigida al Procurador de Estados Unidos, Jeff Sessions, y al secretario de Seguridad Nacional, John Kelly.
“Nuestros tribunales sirven como un foro vital para garantizar el acceso a la justicia y proteger la seguridad pública”, definió la chief justice de California, “no deben utilizarse como cebo en la aplicaciónnecesaria de las leyes de inmigración”.
Cantil-Sakauye hizo pública esa comunicación, preocupada por el temor que se ha extendido entre los californianos. “Como oficiales de la Corte, los jueces defienden las constituciones tanto de Estados Unidos como de California, y el Poder Ejecutivo hace lo mismo asegurando que nuestras leyes se apliquen de manera justa y segura”, lamentó, “pero las políticas de aplicación de la ley que incluyen el acecho de los tribunales y el arresto de inmigrantes indocumentados, la gran mayoría de los cuales no representan ningún riesgo para la seguridad pública, no son ni seguros ni justos. No sólo comprometen nuestro valor fundamental de justicia sino que socavan la capacidad del Poder Judicial de proporcionar igualdad de acceso a la justicia. Respetuosamente le pido que se abstenga de este tipo de ejecución en los tribunales de California”.
EFECTOS SECUNDARIOS
ESTRATÉGICOS. Transcurrida la reunión de ministros de Finanzas del G-20, y reiterados los afanes proteccionistas de las grandes potencias, representantes de importantes sectores económicos irán al viejo continente. Y no necesariamente para buscar nuevos mercados. A mediados de esta semana, a la sede la OCDE acuden representantes del sector acerero y de la Secretaría de Economía para buscar que China haga mayores compromisos para ajustar su sobrecapacidad instalada de acero, producto con todo tipo de subsidios, y con la cual este país tiene amenazados a los acereros del mundo. México, al ser uno de los países con más tratados comerciales, es también uno de los principales promotores de tener un piso parejo en el comercio, en especial ante la persistencia de China de auto calificarse como economía de mercado. De estas reuniones en París saldrán las líneas de defensa para otros sectores amenazados también por el capitalismo del Estado chino.