Dictan prisión preventiva para exfuncionario duartista
EN LOS últimos días, tres exfuncionarios del estado de Chihuahua han sido puestos a disposición de las autoridades señalados de haber desviado recursos públicos del estado.
Se trata de Javier Alfonso Garfio, exalcalde de Chihuahua, y Gerardo Villegas, ex director general de Administración de Hacienda y del exsecretario de Educación y Cultura estatal, Ricardo Y. H., quienes trabajaron en la administración de César Duarte, también acusado de peculado.
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua formuló imputación por el delito de peculado a Gerardo Villegas, cuya acusación establece un desvío recursos públicos por 246 millones de pesos.
La autoridad ministerial presentó cargos contra el exfuncionario detenido por agentes de la Policía Estatal, mediante una orden de aprehensión, cuando pretendía abordar un vuelo con rumbo a la Ciudad de México.
Expuso que en la carpeta de investigación780/2017 por el delito de peculado, establece que de febrero a abril del 2016 simuló la contratación de servicios, licitaciones, fingiendo la celebración de contratos, pagos y facturación de los mismos para beneficiarse.
Asimismo -expuso-, elaboró, supervisó y suscribió los contratos que llevaron a la desviación de dichos recursos públicos, como la celebración de cuatro contratos millonarios con diversas empresas para capacitaciones y talleres en el sector educativo que nunca se realizaron.
El juez de control a solicitud del Agente del Ministerio Público le fijó al imputado la medida cautelar de prisión preventiva, considerando que existe peligro, ya que cuenta con los suficientes recursos económicos para viajar a cualquier parte del país e incluso del mundo.
Por otra parte, la Fiscalía estatal formuló imputación al exsecretario de Educación, Cultura y Deporte, Ricardo Y. H., por el delito de peculado en su carácter de coautor del desvío de la cantidad de 246 millones de pesos.
Los hechos que se le imputan al exfuncionario son simular la contratación de servicios, licitaciones, fingiendo la celebración de contratos, pagos y facturación para provecho personal.
En este proceso penal, de ser penalmente responsable podría alcanzar una sentencia de 18 años de prisión, sin algún beneficio o salida alterna.