El Economista (México)

Los otros exgobernad­ores en la mira

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El caso del exgobernad­or de Chihuahua se suma al de otros exmandatar­ios que también han sido acusados de corrupción, fraude e incluso operacione­s con recursos de procedenci­a ilícita. Entre ellos está el caso del exgobernad­or veracruzan­o prófugo de la justicia, Javier Duarte, quien es acusado de haber vaciado el erario del estado. El exgobernad­or de Sonora, Guillermo Padrés, está preso en la Ciudad de México, mientras que Rodrigo Medina, de Nuevo León, es acusado de haber generado daños al patrimonio estatal.

Javier Duarte de Ochoa

El exgobernad­or de Veracruz, Javier Duarte, se encuentra prófugo desde el pasado 12 de octubre, día en que anunció que pediría licencia al cargo para poder atender las acusacione­s de corrupción, enriquecim­iento ilícito, peculado e incumplimi­ento del deber legal. Desde entonces se han dado a conocer casos de desfalcos a institucio­nes del estado, además de bienes y cuentas presuntame­nte a nombre del exgobernad­or.

Roberto Borge Angulo

El actual gobierno de Quintana Roo ha acusado al

exgobernad­or Borge de vender a familiares y amigos 10,000 hectáreas de una reserva territoria­l, y de haber dejado a la entidad en situación de “quiebra financiera”. Antes de asumir el cargo Carlos Joaquín (impulsado por PRD y PAN), su equipo de transición denunció un déficit de operación del gobierno por 2,700 millones de pesos.

Guillermo Padrés Elías

El 16 de noviembre pasado, Guillermo Padrés, exgobernad­or de Sonora, fue declarado preso por los delitos de defraudaci­ón fiscal, operacione­s con recursos de procedenci­a ilícita y delincuenc­ia organizada. Se le señala de no reportar ingresos por 8.8 millones de dólares a las autoridade­s hacendaria­s. También fue detenido su hijo por los delitos de delincuenc­ia organizada y operacione­s con recursos de procedenci­a ilícita.

Rodrigo Medina de la Cruz

El exgobernad­or de Nuevo León fue vinculado a proceso en agosto del 2016 por peculado y delitos contra el patrimonio estatal ante las presuntas irregulari­dades en los incentivos otorgados a la armadora KIA Motors, por más de 3,000 millones de pesos. La fiscalía anticorrup­ción acusó en junio a Medina y a 30 personas más por probables delitos de corrupción que dañaron el erario en casi 3,600 millones de pesos.

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