Fin al financiamiento público a partidos políticos

De nueva cuenta enfrentamos una temporada de procesos electorales en algunos estados de la República y, dentro de un año, estaremos inmersos en las campañas presidenciales. Sin embargo, desde ahora podemos advertir que todos los partidos políticos y los aparatos de poder no habrán de cumplir con los mandatos de austeridad, transparencia y legalidad derivados de la más reciente reforma electoral o de cualquiera de sus regulaciones antecesoras.

Veremos compra de votos a clases desprotegidas, “pase de charola” a actuales y futuros concesionarios o contratistas, gastos de campaña en evidente exceso a los topes autorizados, usos no permitidos de los medios de comunicación, contaminación ambiental, visual y auditiva, denuncias, señalamientos, desconocimiento de resultados y, al final, nada. Absolutamente, nada. Plena impunidad. A lo más, una nueva reforma electoral a cambio de una fiscal o de un pacto para nuevas reformas estructurales, incluidos los nocivos acuerdos de no agresión que fomentan y toleran la espiral de corrupción e impunidad de todos los niveles de gobierno. Pero nada que pase de ahí. Nadie en la cárcel.

Hemos invertido cientos de miles de millones de pesos en generar un aparato electoral que, simplemente, no logra concretar un sistema de normalidad democrática. Lo hemos repetido en múltiples ocasiones, pero debemos insistir cuantas veces sea necesario: los contribuyentes no deben subsidiar ni un solo centavo de las campañas políticas. Recordemos algunas cifras:

Para este año, en el que no habrá procesos electorales federales, el creciente presupuesto asignado a nuestro aparato electoral nacional, constituido por el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, suma poco más de 18,000 millones de pesos, a lo que habría que restar los 1,070 millones que reintegró el INE por la cancelación del inútil megaproyecto inmobiliario. De ese gran total, se le asignaron 4,138 millones de pesos a los partidos políticos, cuyas bancadas en el Congreso también reciben millonarias participaciones con cargo al presupuesto del poder Legislativo. Según la propia Cámara de Diputados, 96% del presupuesto electoral cubre gasto corriente. Increíble.

Adicionalmente, y gracias al impuesto en especie con el que el gobierno sancionó permanentemente a la industria de la radio y la televisión por cubrir los acontecimientos del 2 de octubre del 68, los partidos políticos pueden usar los tiempos fiscales (y una porción de los tiempos de estado) para inundar los espacios de radiodifusión con miles de spots vacuos e insultantes. Según la estimación de la Ley de Ingresos, este impuesto de radio y televisión importa un monto de 2,740 millones de pesos.

No debe hacerse eco de quienes proponen la reducción de los apoyos presupuestales a los partidos políticos. Sería una trampa. En realidad, debe desaparecer cualquier tipo de transferencia de recursos públicos a la partidocracia. Los partidos y sus candidatos deben financiar sus campañas con cargo a donaciones de sus militantes y simpatizantes. No existe razón alguna por la que los contribuyentes deban sufragar gastos a favor de partidos o candidatos por los que no habrán de sufragar en las urnas.